Mitin en Moncloa: el uso electoral del Consejo de Ministros en cada campaña

No falla. En cada campaña electoral, y ya van unas cuantas, el Gobierno progresista confunde la debida neutralidad con el partidismo y utiliza el altavoz que supone el Consejo de Ministros, un emplazamiento en el que representan a todos los españoles y no solo a quienes les han votado o son susceptibles de hacerlo en el futuro, para hacer campaña o lanzar duras críticas contra los partidos de la oposición. El Ejecutivo ya atesora un nutrido elenco de apercibimientos y condenas por parte de la Junta Electoral Central (JEC) por vulnerar la imparcialidad que corresponde en estos periodos.

Cuando interesa, los portavoces socialistas se acogen a esta obligación para evitar responder a algunas preguntas, pero en otras ocasiones ni siquiera es necesaria una interpelación directa por parte de los periodistas para que los representantes gubernamentales emitan juicios críticos contra sus rivales políticos. El último episodio se produjo ayer mismo. La portavoz gubernamental, Pilar Alegría, utilizó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para defender a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y para atacar a la oposición. Alegría expresó su "extrañeza" por la citación para declarar y su "tranquilidad" porque "no hay nada de nada". También arremetió contra la "vergonzosa" oposición y criticó a Alberto Núñez Feijóo, a quien consideró "un político desesperado", "incapaz de presentar un proyecto" y "desacreditado ante la ciudadanía". "Cada vez está más descartado por quienes mueven los hilos de este país", sentenció.

No es la primera vez. Hace justo un mes, en plena campaña de las elecciones catalanas, la Junta Electoral Central abrió expediente contra la ministra portavoz y de Educación por sus declaraciones en el Consejo de Ministros del 7 de mayo. Alegría habló entonces de la manifestación convocada por el PP contra Pedro Sánchez y criticó el bloqueo del CGPJ. Sobre la manifestación, la ministra criticó que esa fuese la “propuesta más firme que” les “ha hecho Feijóo desde que preside el PP”. “Feijóo lleva sin asumir el resultado electoral desde entonces [desde las elecciones generales del 23 de julio] y lo que lleva, por tanto, es a traducir y a trasladar esa frustración a la calle y desde luego un ánimo, un ánimo absolutamente artificial, con bulos y con argumentos falaces”.

Respecto al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, Alegría criticó que el PP “siempre que ha estado en la oposición ha puesto constantes palos en la rueda” en este sentido. Después, la ministra lanzó alguna crítica más al partido de Alberto Núñez Feijóo, por lo que la JEC considera que el partido en la oposición “no se encuentra en una situación de igualdad de armas por haber convocado una manifestación contraria al Gobierno”. Y considera que, aunque Alegría puede ejercer su libertad de expresión, no puede “hacerlo prevaliéndose de la utilización de los medios públicos de los que dispone”.

Alegría no es la única portavoz que ha sido apercibida y multada, sus predecesoras en el cargo: Isabel Rodríguez e Isabel Celaá también abrieron camino en este sentido. Rodríguez incluso llegó a acumular dos expedientes sancionadores en menos de una semana y la primera portavoz del gabinete de Sánchez, Celaá, también fue apercibida por la JEC: recibió una multa por vulnerar su deber de neutralidad y el Tribunal Supremo le impuso una sanción por valor de 2.200 euros. El artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) prohíbe, una vez convocados los comicios y hasta su celebración, "cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas".

Sánchez, más de 2.000 euros en multas

El propio Pedro Sánchez fue apercibido por la JEC, y el Tribunal Supremo le impuso una multa de 500 euros por conceder una entrevista en la Moncloa en octubre de 2019, en vísperas de las elecciones generales. Inicialmente, la Junta Electoral apostó por obligarle a desembolsar 3.000 euros por esta infracción. También le impuso, en octubre de 2023, una multa de 2.200 euros por haber utilizado las dependencias españolas en Bruselas en periodo electoral para criticar los pactos entre el PP y Vox y presumir de su gestión, aprovechándose así de los "medios públicos" de los que dispuso tras el Consejo Europeo de los pasados 29 y 30 de junio para hacer "electoralismo".