Moncloa admite el "ambiente de rechazo social" contra Begoña Gómez para que entre por el garaje

Moncloa admite ya que existe un "ambiente hostil y de rechazo social" a Begoña Gómez y es el argumento que blande para reclamar al decanato de los juzgados de Plaza de Castilla que pueda entrar este sábado por el garaje trasero, tal y como adelantó LA RAZÓN que haría.

La decana de la Justicia madrileña, la magistrada María Jesús del Barco, ha accedido a la petición que le hizo llegar la directora del departamento de seguridad de Presidencia del Gobierno, María Marcos Salvador, según ha podido saber este diario.

La comisaria principal de Moncloa apuntó a que el "rechazo social" que genera la mujer del presidente provoca que, cada vez que acude a comparecer, se produzcan "interpelaciones, insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas pancartas" en el entorno de la sede judicial, "tanto a la entrada como a la salida de la investigada".

Por ello, defiende que es "aconsejable" su acceso en un vehículo oficial para "garantizar la seguridad" de la esposa de Pedro Sánchez como "la de otros concurrentes y el normal funcionamiento de los juzgados".

El fin último del dispositivo de escolta que tiene asignado permanentemente Gómez, como pareja de la segunda mayor autoridad del Estado, es "prevenir incidentes que pongan en riesgo de la integridad física de la investigada, como de su equipo de seguridad".

De hecho, ya hay convocada por Hazte Oír –que lidera en la causa la acusación popular– una manifestación en el exterior de los juzgados bajo el lema "no al corrupto". La asociación ha citado "a la ciudadanía" a las 17:00 horas de mañana para "denunciar la corrupción que afecta al entorno político y familia de Pedro Sánchez y reclamar que la Justicia actúe con independencia y sin presiones políticas".

La esposa de Sánchez acude mañana a comparecer nuevamente ante el magistrado que la investigada, acompañada de su abogado, para fijar su posición sobre la pieza separada en que está imputada por el uso de su asesora en Moncloa para asuntos de su actividad profesional privada.

En ello, el titular del Juzgado de Instrucción numero 41 ve suficientes indicios de un delito de malversación de caudales públicos y, por ello, ha transformado el procedimiento y está pendiente que confirme si le abre juicio oral –junto a la alto cargo Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid– y se sienta en el banquillo ante un jurado popular.