Moncloa agita a un Supremo "polarizado"

La tensión se podrá cortar hoy con un cuchillo en el Tribunal Supremo. Moncloa espera un ambiente «polarizado», según fuentes gubernamentales, propiciado por «la derecha». El Rey Felipe VI preside la apertura solemne del curso judicial y el lío institucional no puede ser mayor.

Buena parte de la judicatura está escandalizada por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se sentará en los próximos meses en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de revelación de secretos en el caso de evasión fiscal que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP es el gran ausente.

Quiere dejar constancia de que no quiere ver a García Ortiz pululando por Salesas y, por eso, decidió en julio que acompañaría a Ayuso a un mitin. Pero en el Gobierno se ríen de la situación y del «resbalón» de Alberto Núñez Feijóo. «Y para no ir con el fiscal general, se va con la novia de un delincuente confeso a Arganda, capital de la Gürtel en Madrid», comentan las citadas fuentes.

Lo cierto es que el Ejecutivo no va a dar su brazo a torcer. Está empeñado en llevar el pulso por García Ortiz hasta el final pese a las voces que piden, incluso dentro del propio PSOE, que el fiscal se replantee su situación para salvaguardar la dignidad de la institución que lidera con el argumento de que no puede seguir al frente del Ministerio Público una persona procesada. En cualquier caso, el choque entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo se está convirtiendo en un foco de inestabilidad institucional sin precedentes.

El presidente del Gobierno escaló el lunes la ofensiva al señalar en una entrevista en TVE a tres magistrados –los que investigan las causas contra su mujer, su hermano y el mismo García Ortiz– y acusarles de «hacer política».

El núcleo duro de Moncloa tiene claro que, independientemente de cómo terminen estos procedimientos, el objetivo es movilizar a los votantes progresistas con el argumento de que hay un enjambre de togas dispuesto a derribar a Pedro Sánchez a cualquier precio. Es más, como ya avanzó este diario, en caso de que el propio fiscal general termine siendo condenado e inhabilitado para el ejercicio de su cargo, el Ejecutivo armará de inmediato el relato del «lawfare» en España.

En verdad, Pedro Sánchez atraviesa su momento más débil, encolerizado por las investigaciones judiciales que salpican a su entorno más cercano. En este contexto, desde Moncloa se ha activado una estrategia para cuestionar la labor de una «minoría de jueces», en palabras de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien admitió el martes que algunas de sus resoluciones «cuesta mucho entender».

Todos los ministros socialistas se mueven acompasados con Sánchez. La orden es cargar contra los jueces que incomodan al presidente y así lo hacen todos y cada uno de ellos cuando se les pregunta.

La tensión entre Pedro Sánchez y el Poder Judicial no remite y los choques se repiten con frecuencia creciente. Desde su círculo más próximo defienden que la separación de poderes no implica silencio entre instituciones, sino la posibilidad de interactuar y, llegado el caso, de cuestionarse mutuamente.

Moncloa no esconde que busca la caída de al menos el juez Juan Carlos Peinado que investiga a Begoña Gómez. El Gobierno cree que o bien el Supremo, o bien el CGPJ o la Audiencia Provincial tumbará al togado que se ha convertido en un dolor de muelas para el presidente y su familia.

Cabe recordar que Sánchez y su mujer se querellaron contra Peinado por prevaricación, pero la Justicia lo desestimó. Moncloa intenta, como puede, librarse de Peinado, al que considera un elemento «nocivo» para la carrera judicial. Las opiniones de algunas fuentes del Gobierno, sorprenden temente, no escandalizan al propio Ejecutivo, donde hay altas fuentes que aseguran haberse cansado de ser políticamente correctos y no recibir el mismo respeto en dirección contraria. Todo puede estallar hoy. Y nadie se lo quiere perder. Aunque por detrás dejen tierra quemada en lo que afecta directamente a la salud de las instituciones y de la propia democracia española.