Moncloa anuló un móvil de la asesora de Begoña Gómez antes de que declarase

La asesora de Moncloa Cristina Álvarez, imputada en el «caso Begoña Gómez» por su participación en la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno, dejó de utilizar una de las tres líneas telefónicas corporativas que tenía en Presidencia del Gobierno.

Lo hizo solo siete días antes de acudir, por primera vez, ante el juez Juan Carlos Peinado para ser interrogada como testigo sobre su contratación y las tareas que llevaba a cabo. Así lo ha podido confirmar LA RAZÓN en exclusiva.

La alto cargo del Gobierno, investigada por presuntamente haberse «excedido en sus funciones» al ejercer de asistente personal de la mujer de Pedro Sánchez, tiene, actualmente, únicamente dos números de teléfono en Presidencia, de cuya Secretaría General depende formalmente, dado que ostenta el cargo de directora de Programas.

Uno de ellos, es el mismo, particular, que tenía antes del mes de julio de 2018 en que empezó a trabajar como alto cargo en el Ejecutivo. Ese mes, solicitó el cambio de titularidad de esta línea móvil para que fuese, a partir de entonces, la Administración quien corriese con su pago y se le dio un nuevo dispositivo de trabajo.

«Este número de teléfono dispone de capacidad tanto de llamadas como de datos móviles y en la actualidad sigue activo», informaron, recientemente, desde la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al juez Juan Carlos Peinado, después de que este requiriese estos detalles a principios del pasado julio.

Además, Moncloa puso a disposición de la asesora, desde que pasó a ser una más de sus trabajadoras, dos números más de teléfono oficiales destinados únicamente para el uso de datos móviles.

Lo que implica –según trasladó Presidencia al juzgado– que estos vienen «sin capacidad para realizar llamadas» y están pensados «para su uso en los equipos informáticos» del complejo presidencial que también le han sido asignados a Álvarez para el ejercicio de sus laborales diarias.

Estos dos números adicionales de los que disponía la asesora investigada pasaron –en marzo de 2020, justo en los primeros días de la covid– de estar operados por Movistar a que el servicio se lo diese Vodafone.

Ya que, como explica el Ejecutivo al instructor en un escrito al que ha tenido acceso este diario, esta compañía de telecomunicaciones se convirtió, entonces, en el «proveedor oficial de servicios móviles» para la Administración General del Estado.

Se da la circunstancia de, como ha podido confirmar este diario, Presidencia dio de baja uno de estos dos números que usaba Álvarez el día 13 del último diciembre. Solo quince días después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid la llamase a declarar, por primera vez y como testigo, en la presente causa.

Por tanto, la asesora dejó de utilizar este número del trabajo, tras anularlo Moncloa, una vez se conoció, el pasado 28 de noviembre, que el instructor la citaba para practicarle una testifical.

Y solo siete días antes de que, finalmente, acudiese el 20 de diciembre a comparecer ante el juez, tras deshacerse de uno de sus números.

Esa citación se produjo después de que las acusaciones populares unificadas, siguiendo la petición de una de ellas, Hazte Oír, hubiesen reclamado ya, entonces, su imputación.

Trasladaron al juez, a finales del pasado noviembre, que existían indicios de que podría haber cometido también un delito de malversación de caudales públicos por su implicación en la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva (TSC) que su jefa codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Menos de dos meses después, el pasado febrero, Álvarez se convirtió oficialmente en imputada al observar el juez Peinado que habría podido colaborar en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por los que ya se investigaba a la mujer de Sánchez.

La asesora habría prestado asistencia a Gómez cuando esta presuntamente se valió de su condición de mujer de la segunda mayor autoridad del Estado para lograr, por ejemplo, la creación de la cátedra extraordinaria en Complutense, su mantenimiento durante hasta cuatro cursos académicos o la obtención de fondos económicos de empresas privadas para su financiación.

Y, desde esta cátedra, como respaldó el pasado mayo la Audiencia Provincial de Madrid, «se urdieron el resto de actividades sobre las que se proyecta la sospecha delictiva» y, en ellas, habría tenido una «colaboración activa» Álvarez para su consecución.

Desde ayer, casi 10 meses más tarde, la petición de las acusaciones ya es una realidad y el instructor indaga, dentro de una pieza separada del procedimiento, en la supuesta responsabilidad penal de Álvarez y Gómez en que la primera realizase una serie de cometidos «a favor de los intereses privados» de la mujer de Sánchez.

En lo que habría, como también apoyaron los magistrados madrileños como órgano superior al instructor, una «desviación de fondos públicos» que se cuantificarían en el sueldo público que percibe mensualmente Álvarez, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La UCO analiza sus llamadas

Se ha conocido este detalle de los cambios en los medios de comunicación telefónicos de los que disponía la alto cargo después de que, a principios de julio, el magistrado requiriese a Presidencia del Gobierno que aclarase la fecha en la que se le entregó el móvil del trabajo y si puso a su disposición algún otro número de teléfono adicional y, si fuera así, –como ahora se ha confirmado– pidió que diese cuenta de las fechas en que se puso a su disposición.

Fue el previo paso que dio el juez Peinado antes de librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que rastreasen su registro de llamadas y analizasen si mantuvo comunicaciones telefónicas con las distintas compañías privadas que mantuvieron relación con la ya extinta cátedra extraordinaria que encabezaba la mujer del también líder del PSOE.

Tanto con las que fueron patrocinadores económicos de la cátedra (Fundación La Caixa y Reale Seguros) como las que desarrollaron, de manera altruista, el software (Telefónica, Indra, Google y Manpower) que, paralelamente, se investiga si se pudo apropiar indebidamente Gómez.

De momento, Peinado ha limitado el informe policial a las llamadas que pudo realizar o recibir de estas empresas. El magistrado ordenó la práctica de esta diligencia después de que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid también estimase que era una pesquisa «de mínima intensidad» y «necesaria» para la investigación de cómo Álvarez habría actuado en favor de los «intereses privados» de Gómez, mientras era una trabajadora pública.

Además, está pendiente que Presidencia confirme al juzgado si es cierto que la esposa de Sánchez posee una dirección de mail del Ejecutivo, después de que le alertasen de ello las acusaciones.

Un extremo que no se conocía y que quedó al descubierto a raíz de una petición de información pública cursada por un ciudadano al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

En la contestación, firmada por la directora de coordinación técnica de Presidencia, Beatriz Rodríguez, se confirmó la existencia de un correo con dominio «presidencia.gob.es» titulado por Gómez.