Moncloa apunta a una reforma «inaplazable» de la Justicia

«No es un golpe de efecto, es un golpe encima de la mesa». Así despachan fuentes socialistas las acusaciones de que la performance de los últimos cinco días responde a un cálculo político para compactar el apoyo entorno a Pedro Sánchez. Fuentes oficiales consultadas por este diario confirman que el presidente del Gobierno ha valorado la dimisión durante su periodo de aislamiento y que tomó la decisión en las últimas horas. «Si hubiera hablado el miércoles –día en que se hizo pública la "carta a la ciudadanía"– el resultado hubiera sido bien distinto», aseguran. Sin embargo, todo ha quedado en nada. Pedro Sánchez seguirá al frente del Ejecutivo y, según avanzan desde su entorno, la comparecencia de ayer es la primera estación de una hoja de ruta que busca marcar un cambio de rumbo. «Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Se lo garantizo», advirtió durante su declaración.

El presidente recogió el guante de la movilización ciudadana del fin de semana y apeló a una «mayoría social» para «revertir la situación» generada y «poner freno a la política de la vergüenza». Cómo se vehicule esta corriente es una de las incógnitas que dejó ayer el jefe del Ejecutivo, interrogantes que se irán resolviendo en «los próximos días». «Esto es un primer paso, vendrán más», señalan desde el entorno de Sánchez, que pronostican que se irá desplegando toda una agenda para acometer la «regeneración democrática pendiente» en la que buscarán la connivencia del principal partido de la oposición.

Está por ver si por verdadera convicción de un amplio consenso o por un mero movimiento táctico para retratar al PP en su alineamiento con, lo que llaman, «la máquina del fango». Según deslizan las fuentes consultadas, quieren «ir de la mano» del PP, incluso se valora que –tras meses de incomunicación– Sánchez haga partícipe a Alberto Núñez Feijóo, emplazándole a trazar una estrategia coordinada y de Estado. «Los interpelados son ellos», resuelven las citadas fuentes, que invitan al principal partido de la oposición a decidir qué papel quiere adoptar ante el envilecimiento que ha adquirido la política española.

Ante el anunciado impulso reformista del presidente, todas las miradas están puestas en el CGPJ. En Moncloa deslizan que es «inaplazable» una reforma de la Justicia y que el PP está «inhabilitado» para cualquier negociación mientras mantenga el órgano de gobierno de los jueces caducado. El Gobierno ya diseñó en el pasado una reforma del Poder Judicial, que rebajaba el sistema de mayorías para no necesitar al PP, pero la acabó guardando en un cajón ante las advertencias que recibió por parte de Europa. Desde entonces, los socialistas han sorteado las presiones de sus socios de coalición para recuperarla como única salida para desencallar el bloqueo. Sin embargo, no hay unidad en el bloque de la investidura, ya que hay otros socios que se muestran más reacios a avanzar en esta vía y advierten de que prescindir de la salvaguarda de la mayoría reforzada que ahora podría facilitar la renovación del CGPJ, puede acabar siendo contraproducente en el futuro cuando el signo de las urnas acabe alumbrando un gobierno de signo contrario.

«Esto es insoportable. Hemos puesto el foco en lo que ocurre y en lo que nos interesa. Así no podemos seguir y un partido homologable –por el PP– debe decidir si quiere ser ultraderecha o un partido liberal», apuntan. En la sede socialista entienden que había necesidad de parar el balón, ante el cariz que estaba adquiriendo el debate público, y hacer una reflexión sobre la dinámica endiablada que se estaba siguiendo. Sin embargo, otras fuentes consultadas son muy escépticas sobre que esto vaya a tener éxito dado el nivel de crispación y polarización existente. «El objetivo es que esto fructifique, pero si no lo hace, nosotros habremos hecho nuestra parte», apuntan.

No hay propósito de enmienda sobre la responsabilidad que el PSOE y el Gobierno han tenido en contribuir a esta escalada. Se intentan compatibilizar argumentos que son excluyentes. Desde la necesidad de ignorar el «ruido» que crea la oposición, porque «nosotros estamos gestionando y los resultados están siendo positivos» a defender que es necesario «responder» y «no poner la otra mejilla». Esta fue la reflexión que se hizo después del 28 de mayo, cuando la campaña se orientó en defender la gestión del Gobierno y se perdió el grueso del poder territorial. La campaña del 23-J, por contra, fue mucho más ofensiva y consiguió un nivel de movilización que permitió retener el poder.