Hace tiempo que el equipo del presidente del Gobierno en Moncloa convierte cada revés del juez Juan Carlos Peinado en gasolina para alimentar el incendio que está calcinando el edificio institucional español por culpa de un choque sin precedentes entre el poder Ejecutivo y el Judicial.

Si ayer el titular del jugado de instrucción número 41 de Madrid abrió el camino para echar a Begoña Gómez a los brazos de un jurado popular para que decida si malversó, hoy el Gobierno redobla su papel de víctima para responder a la instrucción de «un loco».

Un «loco», si bien, al mismo tiempo, fuentes oficiales del Ejecutivo trasladaban su «sorpresa» y «estupor» por el auto de Peinado. «No cambia nada. De hecho, [Peinado] corrobora lo que venimos diciendo», zanja un estrecho colaborador de Pedro Sánchez. Es decir, que el togado es un elemento nocivo para la carrera judicial por instruir un caso sin aparente recorrido judicial.

El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, confió en que alguien frene el «despropósito»: «El sistema español es garantista y confiamos en que un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio».

En el lado socialista del Gobierno no ha sentado nada bien que la mujer del presidente tenga que someterse a un jurado popular. Tampoco que tenga que acudir el próximo sábado por la tarde al juzgado a que el juez le diga de qué le acusa. Solo una extrema urgencia médica podría impedir el paseíllo que Moncloa considera una «humillación pública».

«Y todavía se encargarán de buscar a los miembros del jurado en algún barrio de derechas», ironiza una ministra.

La guerra entre Moncloa y el juez Peinado es total. El presidente Sánchez ya le acusó, indirectamente, de hacer política. No solo a él, al resto de togados que le incomodan por esclarecer si su entorno personal directo ha cometido o no hechos delictivos.

Tanto Begoña Gómez como Pedro Sánchez, que también fue interrogado por Peinado, se querellaron contra él por prevaricación. pero ambas denuncias fueron desestimadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

De manera que la estrategia que emprendió entonces el Ejecutivo fue la de desprestigiar la causa, autovictimizarse y atacarle a él. El Ejecutivo considera que el auto de ayer no se puede dictar sin haber cerrado la instrucción.

Sobre Begoña Gómez pesan los supuestos delitos de malversación de caudales, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral.

En verdad, Moncloa busca que alguna instancia del Poder Judicial tumbe a Peinado: bien sea el propio órgano de gobierno de los jueces, el Tribunal Supremo o la Audiencia Provincial de Madrid. Y en los cálculos del Ejecutivo entra dilatar todo lo posible el proceso.

La obsesión de Pedro Sánchez y de su círculo de poder es que se dé carpetazo al caso, que consideran un ataque político, sin base alguna, orquestado por la derecha. En el Gobierno se asume que la causa contra Begoña Gómez está abierta solo por ser quien es y que no busca otra cosa que la caída a cualquier precio del líder socialista.

Moncloa atribuye al juez un afán de protagonismo que, argumentan, es el que le ha llevado a notificar este auto en pleno viaje del presidente del Gobierno en Nueva York, donde asiste junto al Rey a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El caso Begoña Gómez provocó una auténtica tormenta política que llevó al presidente del Gobierno a retirarse cinco días de la vida pública para meditar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo. Una jugada inédita que, más de un año después, pone de manifiesto que fue el inicio de la victimización.

Sánchez puso al país en vilo y preparó su estrategia para resistir a toda costa. Aquella crisis marcó un antes y un después que resuena con fuerza en los debates parlamentarios, como el de ayer, en los que el PP pide al presidente su dimisión por estar «rodeado de podredumbre» y «corrupción».

La crisis institucional por el caso escala más. Y pocos se atreven a vaticinar cómo terminará. España asistirá pronto a otro capítulo histórico.