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Moncloa busca frenar el desgaste y apurar la legislatura
Los PGE, Cataluña y la política migratoria, sus retos en un curso que mira al adelanto electoral.
Los PGE, Cataluña y la política migratoria, sus retos en un curso que mira al adelanto electoral.
El Gobierno inicia el curso político como acabó el anterior. Ya superado el rodaje inicial de su inesperada llegada a La Moncloa, el Ejecutivo se afana en trasladar una imagen de seguridad, garantizando que agotará la legislatura, mientras baraja las opciones de promover un adelanto electoral. La extrema debilidad parlamentaria seguirá lastrando la actividad del Gabinete, que centrará sus esfuerzos en conseguir sacar adelante una nutrida agenda parlamentaria que le permita presentarse con una mínima hoja de servicios ante los ciudadanos. El mejor cartel electoral posible a golpe de medidas efectistas que copen el debate político y minimicen el envite asegurado de la oposición a cuenta de sus flancos más débiles: Cataluña, economía e inmigración. El Gobierno tiene varios objetivos, entre ellos, dar una imagen de solvencia y estabilidad para intentar revalidar el poder, esta vez, en las urnas.
Esta es una estrategia a corto, medio y largo plazo, dependiendo de la distancia temporal que medie con las elecciones. En el corto plazo, los socialistas aspiran a reforzar el vínculo con su socio prioritario, Unidos Podemos, del que depende en gran medida la gobernabilidad como única vía para sortear la convocatoria anticipada y cumplir el compromiso de agotar la legislatura. En la siguiente pantalla, el medio plazo, se ubica el objetivo de evitar el desgaste y sostener el «efecto Moncloa», dado que el Gabinete comienza a acusar el esfuerzo de llevar apenas tres meses gobernando. El «gol por la escuadra» a la titular de Trabajo con la aprobación del sindicato de trabajadoras sexuales (OTRAS), la orden de Grande-Marlaska de autorizar la devolución en caliente del centenar de inmigrantes que traspasaron la frontera ceutí haciéndose valer de la violencia o la desautorización a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por la asunción de la defensa del juez Llarena son los últimos ejemplos de la descoordinación e improvisación que impera en el Ejecutivo. Esto, unido a las buenas perspectivas que arrojan las encuestas hacen que algunos miembros del Gobierno piensen ya en elecciones. Sin embargo, el presidente pone las luces largas y mira al futuro para revalidar su estancia en La Moncloa con una mayoría amplia que le exima de las hipotecas soberanistas que paga en la actualidad. Esas luces largas pasan por demostrar a la ciudadanía que es capaz de gestionar, impulsar y mantener el buen curso de la economía y garantizar el empleo.
El principal hito de esta agenda económica será la aprobación de los Presupuestos. El Gobierno se afana en las negociaciones con Unidos Podemos, pero su bandazos y rectificaciones, en la subida del IRPF que aseguraron no tocarían, han complicado el apoyo de uno de sus socios imprescindibles, el PDeCAT. La sintonía con los partidos catalanes también se pondrá en cuestión a medida que avance el «otoño caliente» en Cataluña y será un reflejo de la confrontación y de las relaciones que mantengan Moncloa y Generalitat al más alto nivel. Estas tendrán su epicentro en la decisión de la Fiscalía de mantener o no el delito de rebelión a los encausados por el «procés» o las reivindicaciones de la Diada y el 1-O. Y con la eventual aplicación de un nuevo artículo 155 de la Constitución, ante cualquier quebranto de la legalidad por parte del independentismo. La crisis soberanista unida a la migratoria y el ámbito económico serán los principales desafíos que pondrán a prueba la fortaleza del Ejecutivo y el entendimiento parlamentario con sus socios de la moción de censura. El Gobierno se enfocará en lo que les une en lugar de ampliar lo que les separa, así se prevé la salida definitiva de Franco del Valle de los Caídos, la impugnación de sentencias del franquismo, la derogación de los artículos más lesivos de la reforma laboral, el aumento del salario mínimo, la mejora de las pensiones, la eliminación de los artículos recurridos ante el Constitucional de la «ley mordaza», el impulso a la eutanasia o dotar de mayores fondos la Educación y la Sanidad.
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