Negociaciones Junts-PSOE

Moncloa cede y confirma la amnistía «total»

Bolaños anuncia que el acuerdo pasa por cubrir a todos los independentistas. Admite los contactos de los que informó ayer LA RAZÓN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a las instalaciones de la planta desaladora de Torrevieja, a 14 de febrero de 2024, en Torrevieja, Alicante, Comunidad Valenciana (España). La visita se enmarca en plena situación de sequía en Cataluña, cuando existe una propuesta para incrementar la capacidad de producción a fin de enviar agua de consumo urbano a Barcelona a través de la planta desaladora de Sagunto, en la provincia de Valencia. La mayor parte de los caudales que p...
Sánchez visita las instalaciones de la planta desaladora de TorreviejaJoaquín ReinaEuropa Press

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, confirmó ayer el principio de acuerdo entre el PSOE y Junts para sacar adelante una ley de amnistía que, como ha exigido desde el primer momento Carles Puigdemont, sea integral y total. Esto es, que no incluya excepciones sobre terrorismo y que cubra a todos los independentistas –se deduce de esta afirmación que esto ampara también a aquellos que ya están procesados por terrorismo y que pertenecen a los llamados CDR. Bolaños confirmó en una entrevista en Rac1 que sí se están produciendo contactos discretos en esta última semana de campaña de las elecciones gallegas y se mostró convencido sobre el acuerdo para una amnistía que incluya a todos. «No dejará a nadie fuera».

Como adelantó ayer LA RAZÓN, aunque se haya llevado con el máximo sigilo hasta ahora, para intentar que no perjudique a las expectativas del PSOE en las elecciones del próximo domingo, las dos partes retomaron los contactos y hay acuerdo para desbloquear la aprobación del texto, que volvió a la comisión de Justicia tras el «no» de Junts de hace un par de semanas, contra todo pronóstico, en su votación en Pleno del dictamen aprobado en la comisión.

La ley de amnistía se quedó encallada en el Congreso, y los dos partidos ya han hecho el recorrido necesario para desatascarla, parece que gracias a la rectificación de Moncloa para acoplarse a las exigencias de Puigdemont. Sin que se conozca aún como queda la redacción final, en el plano declarativo el acercamiento es claro. «No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía. El objetivo es aprobar una ley que cubra a todas las formaciones que han permitido hasta ahora la tramitación del articulado y que comparten el objetivo de aprobar una ley que ampare a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista para terminar con los procedimientos penales, civiles y contables».

Estas declaraciones de Bolaños descolocan la estrategia inicial de los socialistas de tapar la negociación con Junts hasta que se vote el próximo domingo, pero también son relevantes porque muestran un reposicionamiento del ministro. Según la información que se conoce de cómo han ido evolucionando las negociaciones, el ministro ha sido el que hasta ahora ha hecho de muro para que no se aceptase la tesis de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, de que no se incluyera ninguna excepción al terrorismo. Sobre esto han llegado matices hasta del PNV, ante el riesgo de generar un marco de inseguridad jurídica del que se beneficien los presos de ETA. Bolaños ganó la partida inicial para que se incluyeran las excepciones, pero en cada uno de los trámites parlamentarios, ponencia y comisión, se fueron rebajando, sin que finalmente estas cesiones fueran suficiente para que Puigdemont acabara dando luz verde al proyecto.

El PP reaccionó ayer de inmediato a la confirmación por parte del ministro de la información publicada por este periódico. «El Gobierno, como siempre, traga», y pretende amnistiar «a todos y por todo», declaró la secretaria general, Cuca Gamarra, después de escuchar la entrevista del ministro de Justicia en Rac1.

El Congreso dio de plazo hasta el 21 de febrero, tres días después de que se celebren las elecciones en Galicia, para que la comisión de Justicia apruebe la ley de amnistía, tumbada, paradójicamente, por Puigdemont por quedarse corta después de los movimientos realizados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Después, Junts rechazó la propuesta verbalizada expresamente por el presidente del Gobierno, en una entrevista en Al Rojo Vivo, en La Sexta, respecto a una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para recortar los tiempos de instrucción. Ahora, una vez que se han hecho públicos los contactos que mantienen en la sombra PSOE y Junts para dar forma a la amnistía total, desde las filas socialistas difunden que los cambios serán «mínimos», a pesar de que las declaraciones de Bolaños suponen un guiño claro a las reivindicaciones de Puigdemont.

A quien, por cierto, durante la fase de negociación se le ha estado advirtiendo de que es imposible hacer una ley que cierre por completo la puerta a actuaciones sobrevenidas por parte de los jueces. En esto han insistido los interlocutores del Gobierno, pero también se le ha dicho desde el PNV, cuyos juristas han analizado la redacción sobre la que han vuelto a ponerse a trabajar Moncloa y Junts.

El acuerdo sobre la amnistía es clave para que la legislatura pueda seguir adelante. Es condición necesaria, pero no garantía que permita dar por hecho que habrá Presupuestos sin nuevas cesiones, ni tampoco de que vaya a haber una legislatura completa.

En realidad, los Presupuestos estarán sometidos a nuevas exigencias que tendrán que ver con el reconocimiento nacional de Cataluña, vía, por ejemplo, la cesión del cien por cien de los tributos. Y, a partir de ahí, entrará en juego el objetivo del referéndum, que continuará marcando la «mesa» bilateral de negociación con mediador internacional. Aunque tampoco haya información sobre Ginebra, la mesa sigue «viva», según confirman fuentes de Junts.