Moncloa paraliza las nuevas estructuras de Estado de Mas

El Gobierno lanza un aviso al PSOE de que recurrirásus acuerdos con Podemos que se salten la legislación

El Gobierno sigue dando pasos ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar el proyecto soberanista de Artur Mas. Ayer el Consejo de Ministros acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra dos artículos y cinco disposiciones de la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas aprobada por la Generalitat y que afecta a las estructuras de Estado, es decir, a los proyectos del Gobierno de Mas para seguir adelante con su apuesta por la independencia de Cataluña. El recurso implica solicitar la suspensión automática de la vigencia de los preceptos recurridos.

El recurso tiene detrás el respaldo del Consejo de Estado de acuerdo con la jurisprudencia que el TC estableció al declarar inconstitucionales la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña o la consulta soberanista del 9-N, que el jueves dictaminó, según recordó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

En concreto, la impugnación afecta a los planes previstos por la Generalitat para garantizar el funcionamiento de los servicios en caso de «desconexión» de España. Se recurren los artículos 69 y 95, y cinco disposiciones adicionales que hacen referencia a la creación de una Agencia Tributaria catalana propia; al inventario del conjunto de las Administraciones Públicas, incluidas las del Estado, ante el supuesto de un eventual reparto de activos y pasivos en caso de independencia; a la creación de una agencia catalana de protección social, que afecta al pago de las pensiones y de las prestaciones sociales que compete al Estado, que es el que las garantiza con independencia de que una comunidad autónoma tenga o no recursos para hacerlo; y a los planes de control de sectores e infraestruturas estratégicas como la energía, las telecomunicaciones, puertos y aeropuertos. «Tan inconstitucional es aprobar una declaración de independencia como sentar las bases para ir trabajando en estructuras de Estado», sentenció la vicepresidenta. El recurso está basado en la defensa de la igualdad entre españoles, de las competencias exclusivas del Estado y del respeto a los procedimientos.

En su comparecencia Sáenz de Santamaría también aludió a los pactos postelectorales que está promoviendo el PSOE en detrimento de la lista más votada para apoyar candidaturas con planteamientos «radicales» o «extremistas». «El PSOE debe explicar los posicionamientos que supone apoyar los planteamientos más radicales», afirmó. Una crítica que ligó con la advertencia a los socialistas de que el Gobierno también recurrirá ante el TC todos aquellos acuerdos que se deriven de los pactos postelectorales y vayan contra la Constitución. Fue un toque de atención genérico, pero que apuntaba directamente a la Agencia Tributaria propia con la que coquetean los socialistas en Valencia para conseguir el apoyo en la investidura de Compromis y de Podemos.

Asimismo, desde el Ejecutivo también advierten de antemano que todos los ayuntamientos están obligados a cumplir la ley, con la misma exigencia que se reclama a las comunidades o, en el caso que afecta, a la Generalitat. Y esto implica, por ejemplo, que están concernidos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y por los objetivos de déficit marcados por Bruselas. «España tiene un objetivo de país. Es el momento de la recuperación y de asentar las políticas y las reformas que están empezando a servir para crear empleo y para repartir entre los ciudadanos los beneficios de la recuperación», manifestó la vicepresidenta. Al respecto, recordó que la recuperación ha sido posible en buena medida por el esfuerzo que han hecho los ayuntamientos para sanear sus cuentas públicas.