Política

Tribunal Constitucional

Moncloa pide al TC que suspenda el euro por receta en Madrid

Al igual que hizo con Cataluña, recurre la tasa por invadir sus competencias

La Razón
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El Gobierno hizo ayer oficial su decisión de recurrir también ante el Tribunal Constitucional (TC) el euro por receta implantado en la Comunidad de Madrid, como con anterioridad había hecho con la misma medida que puso en marcha la Generalitat de Cataluña. También en este caso pide su suspensión automática. Las razones son las que ya alegó en su día para contestar a la decisión del Gobierno de Mas. Entiende que el euro por receta vulnera el principio de igualdad de los españoles en la adquisición de productos farmacéuticos y que implica actuar en una materia que es competencia del Estado. Hay que señalar que el PSOE había presentado otro recurso por la mañana.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la medida entró en vigor el pasado 1 de enero. El recurso será visto por el Consejo de Estado y una vez con el informe de este órgano consultivo, el Ejecutivo formalizará su decisión ante el Constitucional, previsiblemente la próxima semana.

Los plazos de decisión del TC van a provocar un complicado escenario: es posible que el Alto Tribunal resuelva esta semana o de manera casi inmediata, así se espera, sobre el recurso contra la Generalitat de Cataluña, que se formalizó antes de las Navidades.

Si lo estima y, finalmente, declara la suspensión de la medida, Madrid se encontrará en tierra de nadie, es decir, esperando una resolución a sabiendas de cuál será el dictamen. No obstante, su intención es no retirar esta tasa hasta que haya un pronunciamiento en firme del Tribunal Constitucional sobre su caso en concreto. También ha anticipado que no va a devolver el dinero recaudado por este concepto.

El presidente madrileño, Ignacio González, mostró ayer su respeto a la decisión adoptada por el Gobierno de Rajoy, pero defendió también que su actuación entra dentro de sus competencias. «Nosotros entendemos que nuestra regulación no es igual que la de Cataluña; creemos que nuestra regulación se adapta al régimen competencial vigente entre el Estado y las comunidades y que actuamos dentro de nuestras competencias», manifestó en declaraciones a Ep.