Vientres de alquiler

Moncloa reniega de la gestación subrogada que pactó con Cs

El PSOE se alía ahora con Podemos y asegura que es «una forma de explotación del cuerpo de la mujer». El PP defiende que se abra el debate siempre que no haya una compensación económica

El debate de la gestación subrogada se ha reabierto en España y entra en la campaña electoral. Las imágenes de la actriz Ana García Obregón en una revista del corazón que evidencian su reciente maternidad por esta práctica, a los 68 años de edad, han provocado un enorme revuelo que se ha colado en la agenda de campaña de los partidos y ayer fue el tema que centró las conversaciones en los pasillos del Congreso de los Diputados.

La izquierda no tardó en salir en tromba contra lo que califican como violencia contra la mujer, mientras que el PP se abrió a un debate sobre la posible regulación de esta práctica en España. Desde la condición de que siempre hay que cumplir la Ley vigente: la legislación española prohíbe esta práctica para todos aquellos que desean ejercerla y no acepta una mercantilización con el vientre de las mujeres.

En el campo de la izquierda, PSOE y Podemos mostraron unidad al respecto pero compitieron por ver quién levantaba más la voz en un ejercicio de rasgarse las vestiduras por lo que entienden que es una cosificación de la mujer. Así, mientras la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo rechazaba al considerarlo como «una forma más de explotación del cuerpo de la mujer», la titular de Igualdad, Irene Montero, insistía en que se trata de «una forma de violencia contra las mujeres», que discrimina «por pobreza» y que «es una práctica ilegal» en nuestro país.

"Impulsar su regulación"

Sin embargo, en el acuerdo que los socialistas negociaron con Ciudadanos en el año 2016 se incluía la siguiente cláusula, aceptada entonces por el PSOE: «Ciudadanos se reserva la posibilidad de impulsar la regulación de la maternidad subrogada, así como de la custodia compartida de menores como régimen general en los procedimientos de separación y divorcio».

Fue el 24 de febrero de 2016, frente a la obra «El abrazó» de Juan Genovés y con un amplio despliegue mediático y simbólico, cuando Pedro Sánchez y Albert Rivera firmaban este acuerdo y juntaban sus 130 diputados, insuficientes para conseguir la mayoría absoluta. Aquella coalición no tuvo los apoyos necesarios tras el «no» rotundo de Podemos y fue necesario convocar unas nuevas elecciones, que ganaría Mariano Rajoy.

Por cierto, entre las ambiciosas medidas que proponían Sánchez y Rivera para una regeneración democrática estaban una reforma exprés de la Constitución para suprimir las diputaciones provinciales y los aforamientos de diputados y senadores, reducir el número de integrantes del pleno del CGPJ y limitar a ocho años el mandato de los presidentes del Gobierno. También hacía referencia a evitar la autodeterminación de Cataluña.

Posición del PP

El PP se mostró a favor de que se abra el debate sosegado y serio, siempre y cuando no haya una contraprestación económica. Es una posición coherente con la que defendió el hoy presidente del PP al frente de la Xunta de Galicia, ante los sectores más conservadores de su partido. El debate también formó parte de la agenda del congreso del partido de 2017, donde los populares tiraron el balón hacia adelante a la hora de fijar postura sobre la gestación subrogada en una ponencia que elaboró el actual portavoz en el Senado, Javier Maroto.

La dirección popular cree que es una cuestión que está en la calle y que exige un debate en profundidad, escuchando a expertos en todas las disciplinas. No hay posicionamiento, pero sí disposición a estudiar una posible regulación ante la evolución de la sociedad y las necesidades que tiene hoy la familia en nuestro país. El debate es complejo y afecta a cuestiones éticas, religiosas y morales, defendió ayer la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.

Mientras, desde Ciudadanos se mostraron a favor de una regulación de esta práctica, pero de forma altruista, siguiendo el modelo de otros países, al tiempo que reclamaron de un marco jurídico seguro dirigido al mantenimiento de los derechos de los menores, tal y como apuntó el diputado naranja Edmundo Bal.

En el otro extremo, PSOE y Unidas Podemos coincidieron en sus críticas como forma de explotación femenina. Los dos partidos se mostraron rotundamente en contra de la fórmula utilizada por la actriz y presentadora para ser madre de una niña. Sin embargo, lo que ayer recibió críticas durísimas pasó el filtro del acuerdo de coalición que necesitaba Sánchez para intentar ser investido.

En este momento electoral el debate político durará lo que se mantenga vivo en los titulares.

El PP no asumirá ningún compromiso directo en sus programas porque es un tema que, además de complejo, divide internamente. Y la izquierda se opone rotundamente incluso a plantear el debate.