Moncloa saca a pasear una reforma para el aborto que sabe inviable

La historia de los Presupuestos Generales del Estado es la de un cuento sin fin. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insisten desde hace dos meses en que presentarán el acuerdo dentro del Consejo de Ministros «cuanto antes».

El propio jefe del Ejecutivo dijo ayer que el parto será antes de que acabe el año, salgan o no adelante en el Congreso. Pero fuentes gubernamentales admiten que los números del Estado para el año que viene «no están preparados» pese a llevar, supuestamente, meses trabajando en ellos. «Vamos con retraso», admiten en Moncloa. Sánchez ya ha dejado claro que su idea es seguir al frente del Gobierno haya o no Presupuestos.

Este año es el tercero consecutivo de incumplimiento, porque la misma Constitución que quieren modificar establece que el proyecto de cuentas debe llevarse al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. El Ejecutivo no ha aprobado todavía ni la senda fiscal ni el techo de gasto. Y así pasan los días.

Lo cierto es que el Ejecutivo vive de anuncios sin efecto tangible. Ayer, sin ir más lejos, inició el largo trámite para modificar la Constitución y blindar en ella el derecho al aborto. Pero fuentes socialistas asumen que se trata un cambio imposible dada la actual situación política, con el «no» del PP. Lo cierto es que los socialistas están usando esta bandera para lanzar una ofensiva ideológica con la que zaherir al PP, al que creen que meten en un brete por la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se niega a crear un registro de médicos objetores de esta práctica como pauta la ley.

En la práctica, lo que hizo el Gobierno ayer fue solo «tomar conocimiento» del anteproyecto de reforma constitucional que tiene en el cajón y que aún debe abrirse a consideración del resto de actores institucionales implicados. A partir de ahí, se remitirá al Consejo de Estado para que emita su informe preceptivo, aunque no vinculante. Y posteriormente, el Gobierno podrá aprobarlo y remitirlo a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.

El presidente quiere estirar al máximo su mandato –repite hasta la saciedad que 2027 es la meta–. Por eso, el líder socialista acelera la actividad del Ejecutivo para marcar la agenda política con iniciativas que provoquen un airado debate y su pertinente polarización. El PSOE y Sumar cerraron un texto conjunto sobre el aborto.

Pese a tratarse de una reforma constitucional –en concreto del artículo 43–, su eventual aprobación no implicaría disolver las Cortes ni convocar elecciones anticipadas, por la vía de reforma planteada.

Moncloa impulsa este cambio a través del artículo 167 de la Carta Magna, el procedimiento conocido como «reforma ordinaria», el mismo que se empleó en las modificaciones de los artículos 135 y 49, ambas pactadas entre el PSOE y el PP.

Este artículo requiere el respaldo de tres quintos de Congreso y Senado y permite que, si lo solicita al menos una décima parte de los miembros de alguna de las cámaras legislativas, el texto se someta a referéndum en los quince días siguientes a su aprobación. A diferencia del artículo 168, que regula las reformas de mayor calado, el 167 no contempla la disolución de las Cortes. La propuesta añade un nuevo apartado al artículo 43, dentro del Título I de la Constitución, dedicado a los derechos y deberes fundamentales.

El texto prevé incorporar un punto cuarto con esta redacción: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres».

Tanto el PP como Podemos, a través de la exministra de Igualdad Irene Montero, advierten de que fijar este derecho vía artículo 43 le quitará el rango de derecho fundamental. Pero en el PSOE lamentan la ineptitud de los morados, a los que recomiendan «estudiar» la Constitución. No deja de ser llamativo que lo reclamen cuando el Gobierno la incumple.