Montoro impone la decisión salomónica

La discusión sobre el reparto del déficit en este año entre el Estado y las comunidades autónomas está en su punto álgido. El Ministerio de Hacienda no ha podido aún fijar la fecha del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debe oficializarlo porque sigue buscando un arreglo con los dos frentes con los que tiene que lidiar: el de las autonomías que el pasado año no alcanzaron los objetivos exigidos y el de aquellas que sí lo hicieron y rechazan que se concedan ventajas a las más rezagadas en los planes de consolidación fiscal. El calendario, por tanto, sigue abierto y el CPFF puede celebrarse a finales de mes o principios del que viene.

También siguen abiertas las cifras del nuevo reparto. Oficialmente Hacienda sólo explica que «no hay ninguna cerrada» y que todas las comunidades tendrán que reducir su déficit estructural «y las incumplidoras tendrán que hacerlo de manera muy intensa». El déficit estructural es el que no tiene en cuenta el ciclo económico, es decir, el que se deriva de las decisiones políticas de gastar más o menos, ingresar más o menos. Éste es el que realmente importa a Bruselas. Dentro de la negociación con todas las comunidades, y en la que cada una ha trasladado al Ministerio sus cifras y sus exigencias, Hacienda está dejando ver que la solución, vestida con un «criterio objetivo y común para todos», tendrá bastante de solución salomónica. Extremadura, Madrid y todas las demás regiones que se han levantado contra el déficit asimétrico tendrán que pasar por el aro, pero con compensación en el reparto de los fondos estatales (y los que proceden de la UE). Las que no hicieron sus deberes no verán colmadas sus exigencias máximas en ningún caso. Con una previsión global de déficit autonómico del 1,2%, a la espera de ver en qué queda el nuevo reparto entre Estado y comunidades, una vez que la UE ha ampliado el margen a España, en Hacienda sostienen que «sería una barbaridad» que alguna región se fuese más allá del 2% del déficit, tal y como ha planteado por ejemplo la Generalitat de Cataluña.

Cataluña, Valencia o Murcia, tres de las comunidades con más dificultades financieras y con más necesidad de ser socorridas, serán de nuevo «rescatadas», pero el Gobierno no les dará todo lo que piden para seguir sobreviviendo. Y además reforzará aún más los mecanismos de control y supervisión de sus presupuestos y de su situación financiera, básicamente con los instrumentos que les concede el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Tendrán más tiempo para dosificar sus recortes, pero tendrán que seguir con la política de ajustes y tuteladas en todo por el Gobierno. Con el problema añadido de la penalización que implica su incapacidad para volver a los mercados.

Una vez resuelta esta cuestión, el Gobierno prevé que a la vuelta del verano se reabrirá el debate sobre la financiación autonómica. En su agenda no es una cuestión prioritaria, aunque tenga que cumplir con la obligación legal de revisar el actual modelo para sacar conclusiones sobre sus deficiencias y necesidades de corrección. En esta coyuntura económica, la modificación del sistema de financiación aparece casi como una quimera. «Siempre que se ha cambiado el modelo ha sido para aumentar las aportaciones que recibían las comunidades. Hoy la situación económica no permite engordar la parte autonómica ni lidiar con la subasta entre Cataluña y el resto de comunidades por ver quién inclina la balanza de su parte», explican en Moncloa. La intención del Ejecutivo es que la reforma fiscal que perfilará en otoño entre de manera colateral en este problema.