La unidad de Asuntos Internos de los Mossos d’Esquadra reclama a la magistrada de Barcelona que investiga a tres agentes autonómicos por la fuga de Carles Puigdemont en agosto del pasado año que autorice la incautación «forzosa» de sus móviles para cumplir el mandato de la Audiencia Provincial, que en contra de la instructora y a instancias de la acusación que ejerce Hazte Oír, ordenó rastrear las comunicaciones de los tres mossos –David Goicoechea, Xavier Manso y Jordi Rodrigo– para esclarecer si contactaron en algún momento con el expresident.

Se trata, según ha trasladado al juzgado, de una medida necesaria para intentar recuperar los mensajes «aunque hubieran sido borrados». No en balde, la unidad policial avisa de que dada la condición de agentes de los investigados «y su dilatada experiencia» es posible que utilizasen en esas fechas clave otros teléfonos móviles para evitar ser identificados o incluso tarjetas SIM de prepago ajenas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, María Antonia Coscollola, no ha tomado todavía una decisión al respecto, a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre las medidas solicitas. Y es que la Unidad de Anticorrupción Policial de los Mossos también apremia a la magistrada a reclamar a siete compañías de telefonía móvil «todas las comunicaciones» de los móviles utilizados por los tres agentes investigados por un posible encubrimiento –por auxiliar supuestamente al líder de Junts para conseguir burlar la orden de detención del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena– entre el 8 de julio y el 9 de agosto de 2024.

Se enteraron por LA RAZÓN

El autor del oficio policial asegura en el documento remitido a la instructora que en los Mossos tuvieron conocimiento por una noticia avanzada por LA RAZÓN, «antes de serle asignado el requerimiento», del mandato judicial que ordenaba a la Policía autonómica rastrear los móviles de los investigados en busca de posibles conversaciones con Puigdemont. Y a este respecto apunta «la posibilidad de que los investigados hayan podido tomar medidas para estropear o cambiar sus terminales móviles o realizar un restablecimiento del sistema operativo severo, lo que podría impedir» la recuperación de su contenido a los técnicos.

El autor del informe recuerda que las compañías telefónicas solo tienen obligación legal de guardar un año los datos telefónicos de sus clientes (dos como máximo si media un requerimiento) y que los 15 meses que han pasado desde la fuga del líder independentista es «tiempo suficiente como para poder cambiar de terminal» o «realizar multitud de actuaciones por restablecer» las configuraciones de fábrica de los móviles.

Para la Policía autonómica las actuaciones que reclama son necesarias para elaborar un informe que pueda esclarecer «la interconexión entre los investigados y entre ellos y algún número vinculado con el señor Carles Puigdemont» a través del análisis de las llamadas y mensajes SMS. Con ese objetivo, Asuntos Internos necesita que las compañías de telefonía detallen «todas las comunicaciones de voz, SMS y banda ancha móvil, tanto recibidas como emitidas» en las fechas interesadas, especificando en cada una la información de «numeraciones de origen y destino, fecha y hora de inicio, fecha y hora de fin, duración, tipo de comunicación y sentido» de la misma.

Acceso a WhatsApp y Telegram

Pero para completar ese informe, los Mossos avisan de que en la documentación que remiten las compañías de telefonía no constan «las comunicaciones realizadas vía aplicaciones de mensajería instantánea tipo WhatsApp y Telegram», que se encuentran almacenadas «dentro de los terminales móviles de los investigados y no generan datos externos».

De ahí que solicite a la magistrada que autorice «la recogida o intervención forzosa, vaciado, análisis y estudio de los teléfonos móviles» vinculados a los tres agentes para examinar así esos mensajes «a los únicos efectos de constatar las comunicaciones entre los investigados y personas vinculadas al entorno» de Puigdemont.

Esta actuación, argumenta, es adecuada por «la correlación de los datos solicitados con el delito investigado» y teniendo en cuenta «las capacidades de almacenamiento de los teléfonos actuales, los datos que pueden contener y las herramientas de informática forense existentes para analizar contenidos incluso borrados».

Posible "desaparición de datos"

Resulta, además, una medida idónea –añade– porque «una respuesta positiva podría esclarecer los hechos investigados» y teniendo en cuenta que ante una posible «desaparición de datos» de los servidores de los operadores de telefonía móvil, «sería en los terminales donde se podrían recuperar datos existentes, aunque hubiera sido borrados con sistemas básicos de eliminación de contenidos».

Para el responsable policial, no existen otras medidas de investigación disponibles que sean igual de efectivas, siempre y cuando, se trate de los mismos terminales que se utilizaron y no se haya borrado intencionadamente y a conciencia la información almacenada».

Y para dejar a salvo el derecho a la intimidad de sus comunicaciones, precisa que el objeto de la medida se circunscribe "única y exclusivamente" a un período determinado que ayudará a esclarecer las circunstancias de los hechos investigados sin atentar contra intereses de terceras personas, "considerando la gravedad de los hechos y la relevancia del resultado".