Rajoy frenará vía Constitucional la construcción de la «nación catalana»

MADRID- El Gobierno salió ayer en bloque a responder al pacto de CiU con ERC. En el Congreso, el más moderado fue el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que recordó a los firmantes de ese acuerdo de gobierno, y a los catalanes, que Europa está en el debate de avanzar hacia una mayor unión política, fiscal y bancaria, y que en Europa no tienen ahora buena prensa ni la separación ni la división. «Hoy lo único que no tiene sentido es ser pequeño o estar en procesos de separación porque es ir contra el signo de los tiempos», defendió ante el Pleno durante el debate sobre los resultados de la última cumbre europea.

Rajoy esquivó el tema catalán hasta que varios portavoces, el de ERC y también el de UPyD, le reclamaron que entrase a valorar la situación política en Cataluña. Los de Esquerra exigieron en la sede de la soberanía nacional que su Gobierno no responda con «represalias» al acuerdo que Mas ha sellado con Oriol Junqueras y que tampoco vete la consulta independentista ni a una Cataluña independiente en la UE.

Al respecto, Rajoy indicó que en Europa nadie le ha planteado este debate ni tampoco lo ha hecho su Ejecutivo. «En Europa, de separación, de división, créame, no se habla mucho y no genera mayor entusiasmo, porque va contra el proyecto de construcción europea», sentenció. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, también sacó a relucir la cuestión catalana para criticarle su «silencio», pese a que Mas ya ha dicho que va a celebrar un referéndum ilegal en 2014. De este desafío hablaron otros portavoces del Gobierno central, como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Sáenz de Santamaría señaló que el acuerdo de gobernabilidad es un pacto de inestabilidad. «Mas va de error en error, y con esto no garantiza la estabilidad sino que da un paso muy decidido hacia la inestabilidad en Cataluña, que es lo que menos necesitan los catalanes. Especialmente los que lo están pasando peor», sentenció. También insistió en que el referéndum no es legal y que el Gobierno tiene mecanismos para «frenar cualquier ilegalidad».

No entró en más detalles sobre esa respuesta, pero la tienen ya bastante definida.

Por de pronto, todas las decisiones del Gobierno de Mas para la «transición nacional» y la construcción de la Nación catalana, que se salten la legislación básica y no tengan respaldo en el Estatuto, serán impugnadas en cuanto sean firmes ante el Tribunal Constitucional (TC).

Fuentes solventes explicaron ayer a este periódico que la decisión es paralizarlas de manera inmediata, dejarlas sin efecto jurídico para que la Generalitat no pueda imponer ilegalidades por el camino de la fuerza de los hechos. Para ello el Gobierno cuenta con la protección que le brinda el artículo 161.2 de la Carta Magna, que establece: «El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a los cinco años».

El artículo 59 de la Ley Fundamental establece también que el TC «entenderá de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las Leyes Orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del Estado y las Comunidades Autónomas y que opongan al Estado con una o más Comunidades». La decisión sobre el euro por receta entra dentro de esta estrategia, que tendrá su desarrollo contra todas las demás decisiones del Gobierno de Mas que se salten a la torera el marco legislativo para ir preparando el terreno a la consulta ilegal. Si éste la ejecuta, desobedeciendo al TC, irán a la vía penal para la inhabilitación de Mas. En el entorno de Rajoy insisten en su disposición al diálogo y a buscar acuerdos con la Generalitat, con independencia del pacto con ERC, pero siempre que Mas se quede dentro del marco legislativo vigente. «Y si quiere cambiarlo, tendrá que hacerlo también dentro de las reglas que rigen cualquier cambio», precisan fuentes de Moncloa. «La ley es igual para todos», añaden.

Lo que dice la Carta Magna

- El artículo 59 de la Constitución reza así: «El Tribunal Constitucional entenderá de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las Leyes orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del Estado y las comunidades autónomas que se opongan».

- El artículo 161.2 de la Carta Magna establece que «el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses».