El novio de Ayuso pide al Tribunal Supremo que procese ya a García Ortiz

Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado que procese al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por revelación de secretos por la filtración de los datos reservados sobre la investigación contra él por fraude tributario.

En el escrito que dirige al instructor, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, su defensa sostiene que el empresario no fue tratado "como un ciudadano anónimo" por los dos investigados -al divulgar supuestamente la denuncia contra él por fraude tributario y el correo en el que el 2 de febrero del pasado año su entonces abogado trasladó a la Fiscalía que González Amador (que afirma que se hizo sin su consentimiento) que admitía lo dos delitos fiscales que le imputaban y estaba dispuesto a llegar a un acuerdo- "pasando a tener el tratamiento asociado a ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid". Algo que supuso, señala, "que toda la información, documentación, datos personales y contenido reservado" que estaba en manos del Ministerio Público fuese "objeto de revelación pública" y de "un uso político continuado" para denominarle "como delincuente confeso".

"Nadie duda de que de haber mantenido una relación sentimental con cualquier otra persona o no haber mantenido ninguna, jamás se habrían producido las conductas de los investigados" entre el 7 y el 14 de marzo de 2024 -hace hincapié- "ni habría padecido las consecuencias de esas delictivas conductas" por ser "la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

A consecuencia de esas revelaciones, lamenta, "los daños extraprocesales personales, familiares, profesionales y empresariales" que ha sufrido el empresario "han sido y son continuos".

Ve "imposible" un proceso justo contra él

Para su abogado, Gabriel Rodríguez-Ramos, "resulta imposible concebir una mayor lesión" de los derechos fundamentales a la intimidad, a la presunción de inocencia y al derecho de defensa que la que se produjo mediante esa filtración de sus datos reservados "antes incluso de que el procedimiento penal se iniciara" (en alusión a la divulgación de la denuncia contra González Amador antes de que la recibiese su defensa), "convirtiendo en imposible cualquier proceso justo" al haber "extraído de raíz" y de forma "irremediable e irreversible" los elementos "esenciales" que hacen que el procedimiento "no pueda darse con todas las garantías".

La confidencialidad del proceso de negociación de una conformidad penal -recuerda- "tiene su razón de ser en la protección de la posición estratégica de las partes (derecho de defensa) y en la imparcialidad del órgano judicial que va a instruir o conocer el asunto". Razón por la cual considera que "el perjuicio está implícito" en el propio acto de "revelación de esas comunicaciones, pues abre un nuevo escenario donde las garantías procesales se ven irremediablemente deformadas, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa".

Su defensa pone de relieve en ese escrito que la "información, documentación, datos personales y contenido reservado" que afectaba a González Amador se reclamó por García Ortiz, "directa e indirectamente", a Pilar Rodríguez (quien a su vez se la pidió al fiscal del caso abierto contra el novio de Ayuso por fraude tributario, Julián Salto) "sorteando la intervención y filtro de legalidad" de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

La información, "en manos" de Presidencia del Gobierno

Toda esa información confidencial, se queja, "fue objeto de revelación pública" a través de varios medios de comunicación, y de la propia Fiscalía "a través de la nota de prensa" publicada el 14 de marzo del pasado año (detallando los pormenores de la negociación para alcanzar un acuerdo de conformidad para dejar claro que el ofrecimiento de acuerdo había partido de González Amador, y no de la Fiscalía, como se había publicado) "estando también en manos de la Presidencia del Gobierno antes de que los anteriores lo difundieran".

El letrado del empresario llama la atención sobre el hecho de que tan pronto como el Tribunal Supremo abrió la causa penal contra García Ortiz, el fiscal general "procedió a eliminar todos los soportes digitales en los que se contenían los hechos (digitales) por él protagonizados y específicamente las conversaciones con miembros del Ministerio Fiscal y con periodistas".

"De forma coherente con la destrucción de pruebas", señala, no ha contribuido "al esclarecimiento de los hechos mediante el sometimiento a las preguntas" del juez instructor, de la acusación particular y de las acusaciones populares durante su comparecencia en el Supremo como investigado.

Ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía Provincial de Madrid -se queja- "iniciaron investigación alguna" por la revelación de la denuncia, el expediente tributario y las diligencias de investigación, como tampoco comunicaron a González Amador "violación de seguridad alguna, al haber sido protagonizada por ellos mismos".

Borrado de mensajes y cambio de móvil

El 13 de marzo del pasado año, destaca, tras publicar "El Mundo" que la Fiscalía ofrecía un pacto a González Amador, "desde las 21:34 horas, Álvaro García Ortiz ya había ideado y materializado cómo saltar el impedimento de acceso a los emails que suponía" Almudena Lastra, "como ya había hecho días antes para la denuncia, el expediente tributario y las diligencias de investigación", y llamó directamente a Pilar Rodríguez y le instó a solicitar "de forma inmediata" al fiscal del caso -que se encontraba en el Metropolitano en un partido de Champions del Atlético de Madrid- "los correos electrónicos intercambiados por la Fiscalía con el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Una vez los recibió Pilar Rodríguez, continúa el relato de la acusación particular, la fiscal jefe de Madrid los reenvió "inmediatamente" a García Ortiz, pero "a una cuenta de correo electrónico ajena a la Fiscalía".

Según su versión de los hechos, una vez con esos correos en su poder "reveló a la cadena Ser" (que publicó la noticia a las 23:51) el "contenido literal" del email en el que el entonces abogado del empresario, Carlos Neira, admitía que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".

La acusación particular pone de relieve que el fiscal general procedió a "borrar y eliminar" sus mensajes de WhatsApp el 16 de octubre del pasado año -tras conocer que el Supremo había decidido investigarlo-, cambió de móvil y eliminó "deliberadamente" su cuenta de correo electrónico y sus copias de seguridad.

"Rédito político"

En cuanto a la nota de la Fiscalía difundida el 14 de marzo para desmentir que el ofrecimiento de pacto a González Amador hubiese partido del Ministerio Público (en la que el instructor no aprecia ningún delito porque los datos que incluía ya habían sido divulgados), asegura que "nadie más" que García Ortiz "participó en la confección de esa nota". Y recuerda las objeciones a su publicación por parte de Almudena Lastra, "por considerar que la mencionada nota suponía difundir información y datos de carácter reservado, lo que no se podía hacer y lo que jamás, en las más de 300 notas publicadas por la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, se había realizado".

Con la publicación de esa nota "fruto del imperativo" de García Ortiz -mantiene- "se procedió a la sacralización institucional de las revelaciones previas ya desarrolladas y a revelar la existencia y contenido de comunicaciones no difundidas por ningún medio de comunicación, como la de 12 de febrero de 2024" (el correo en el que el fiscal Julián Salto abría la puerta a un acuerdo de conformidad).

A primera hora de la mañana del 14 de marzo -señala- Pilar Sánchez Acera, directora de gabinete en Presidencia del Gobierno, recibió ese correo del 2 de febrero y se la reenvió al entonces líder del PSOE en Madrid Juan Lobato "para que lo usara (consciente de la afectación a los datos personales que incorporaba lo que enviaba) como herramienta política en el Pleno de la Asamblea de Madrid".

El "plan" de Presidencia del Gobierno para "blanquear" la filtración

Según la acusación particular, Presidencia del Gobierno urdió un "plan" para salvar las reticencias de Lobato a mostrar ese correo en la Asamblea si no se había publicado antes y procedió al "blanqueamiento de la revelación de Fiscalía" mediante la divulgación de ese email en elplural.com, la noticia que exhibió el entonces líder de los socialistas madrileños en la Cámara autonómica.

Un email que también tuvieron "al menos" Francesc Valles, secretario de Estado de Comunicación,, Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE (y actual Secretario de Estado de Comunicación) y Laura Sánchez Espada, directora de comunicación de la Ministra de vivienda, así como David del Campo, director de gabinete del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid.

"Era evidente y comentado con transparencia el sentido y rédito político pretendido con el uso de esa filtración de la Fiscalía", remarca.

Acusa a García Ortiz de mentir

Desde ese 14 de marzo, señala, González Amador "pasó a ser denominado de forma pública por todas las autoridades políticas de grupos rivales al de su pareja" como "delincuente confeso", con "absoluta y definitiva" lesión de sus derechos a la intimidad, a la presunción de inocencia y al derecho de defensa "con una intensidad jamás vista en nuestro sistema judicial".

El letrado del novio de Ayuso acusa a García Ortiz de mentir "en todas y cada una de las manifestaciones públicas y procesales por él protagonizadas desde el 7 de marzo de 2024 y antes de su declaración judicial" con el objetivo de "paralizar" la instrucción que inicialmente asumió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y evitar que terminara en el Tribunal Supremo, como así sucedió. "Lo único que ha pretendido es que no se conozca la verdad de los hechos que él y las personas que le auxiliaron protagonizaron entre los días 7 y 14 de marzo de 2024", recalca.

Pese a todo, afirma, "se conocen con un detalle apabullante los hechos protagonizados" por el fiscal general en cuanto a la "revelación de cuantos datos personales, información y documentación relacionada" con González Amador "han pasado, sin tener que hacerlo, por sus manos por ser fiscal general del Estado".

En cuanto a Pilar Rodríguez, afirma que sin su "esencial y necesaria contribución" los hechos investigados "hubieran tenido lugar". Y pone de manifiesto que "existe la certeza" de que la misma mañana del día en que envía los emails a García Ortiz, "sabía y expresaba abiertamente con los miembros de la Fiscalía General del Estado" que el fiscal general "había dado publicidad" a las diligencias de investigación de "la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid" que ella le había enviado.

"Sacralizaron" las revelaciones

En el escrito, la acusación particular recuerda que el delito de revelación de secretos consiste en "poner en conocimiento de un tercero ya sea en forma oral, escrita o de cualquier otro modo -también permitiendo el acceso ajeno al soporte que contiene la información- algo que el tercero no conocía previamente y que no estaba legitimado para conocer".

En este sentido, apunta que el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal obliga a respetar "los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados". "Resulta imposible concebir una actuación de las autoridades constitucionales y legales de fiscal general del Estado y Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid de mayor apartamiento de sus deberes constitucionales y legales de secreto, reserva y sigilo mediante su sustitución por una continuidad de revelaciones", denuncia.

Para la defensa del empresario, los investigados "sacralizaron institucionalmente las anteriores revelaciones e incluyeron una nueva revelación (mail de 12 de febrero de 2024) para ganar el relato político mediante la confección y publicación de una nota de prensa de la Fiscalía". Y todo se llevó a cabo, añade, "por tratarse de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Cualquier ciudadano, se queja, "ha sido espectador de la eliminación en canal y definitiva de la confidencialidad de las conversaciones en las que se ponían de manifiesto las posiciones de defensa", propiciando "un nuevo escenario donde las garantías procesales se ven irremediablemente deformadas".