El novio de Ayuso desiste de pelear la fianza al fiscal general, pero sigue reclamando 300.000 euros de indemnización

Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha retirado su recurso contra la fijación de la fianza al fiscal general del Estado para hacer frente a una posible indemnización por daños morales si finalmente es condenado. Una cuantía que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado fijó inicialmente en 150.000 euros y que posteriormente rebajó a 75.000 al excluir del montante la posible multa que se le imponga por el delito de revelación de secretos por la supuesta difusión de datos reservados del empresario.

La acusación particular considera que la garantía prestada por García Ortiz -que avaló con un inmueble de su propiedad el importe de la fianza- es suficiente para hacer frente a una posible indemnización de hasta 300.000 euros, cantidad que sigue reclamando por los daños morales ocasionados a González Amador.

En el escrito remitido al Tribunal Supremo, su abogado sostiene que "dada la naturaleza de la garantía presentada por el acusado para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias por los daños procesales y extraprocesales (personales y familiares) derivados de la vulneración de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, al derecho de defensa, a la intimidad y a la protección de datos personales" la acusación particular "desiste del recurso de reforma interpuesto frente al auto de 9 de septiembre", en el que el instructor abrió juicio oral contra el fiscal general del Estado y le impuso una fianza civil de 150.000 euros.

Fuentes cercanas a González Amador señalan que la fianza hipotecaria "cubre de sobra" los 300.000 euros que reclaman de indemnización para el empresario por los perjuicios personales y profesionales causados por la filtración del correo en el que su abogado admitía el fraude tributario para alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y ver así reducida sustancialmente la petición de condena del Ministerio Público. Al margen de que la fianza se fije en 75.000 o en 300.000 euros, subrayan, García Ortiz "no puede disponer" del inmueble con el que ha avalado la fianza, cuyo valor consideran que es incluso superior a la cuantía que solicitan.

Compensación por "daños morales"

En el recurso que ahora retira incidía en los "daños morales padecidos" tanto por el empresario como por "su entorno familiar directo" por la filtración que el juez atribuye a García Ortiz. "No ha existido día desde el 14 de marzo de 2024 en que algún personaje político o periodístico, con el ministro de Justicia a la cabeza, no denomine a través de los medios de comunicación a D. Alberto González Amador como delincuente confeso o defraudador confeso", ponía de relieve su letrado, Gabriel Rodríguez-Ramos.

"Las lesiones procesales y los daños extraprocesales personales, familiares, profesionales y empresariales son continuos durante ya más de 550 días, actualizándose diariamente en la forma, intensidad y con los fines expuestos", hacía hincapié la acusación particular, que al mismo tiempo destacaba que "jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general del Estado".

Ante esa "lesión continuada" a sus derechos fundamentales, "con la intensidad propia del relato político que persigue desde su origen", exponía la acusación, la indemnización por los perjuicios morales "no debe valorarse en un importe inferior a 300.000 euros", cantidad que pese a desistir en su empeño de elevar la fianza sigue reclamando. Una pretensión por la que tendrá que esperar a lo que determine el tribunal en la sentencia tras la celebración del juicio.