Una nueva denuncia contra Leire Díez: guardias civiles piden la declaración de Aldama

Una nueva denuncia contra la militante socialista Leire Díez. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha decidido llevar el caso a los tribunales para que se aclaren las informaciones que apuntan a maniobras dirigidas a obtener información comprometedora sobre el jefe de la unidad de delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO), el teniente coronel Balas. En el texto se pide la declaración en calidad de testigo de Víctor de Aldama.

La denuncia señala las actuaciones que habrían tenido como finalidad influir, desacreditar o incluso interferir en las investigaciones de la UCO. Algunas de las cuales podrían involucrar a personas vinculadas al PSOE y a cargos públicos de relevancia, señala la plataforma de agentes.

Por ello, desde AUGC consideran que los presuntos hechos podrían ser constitutivos de delitos como cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. En este sentido, se ha solicitado al juzgado la práctica urgente de diligencias para esclarecer los hechos y garantizar la integridad de la investigación penal.

En una nota de prensa, la asociación detalla que entre sus fines se encuentra el ejercicio de la acción popular, especialmente en aquellos procedimientos que pudieran tener relación con delitos de corrupción que afecten directa o indirectamente a la imagen y labor de los agentes de esta institución.

La declaración de Aldama

La denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, solicita la comparecencia de Víctor de Aldama en calidad de testigo. También la declaración del teniente coronel Balas. De la misma forma, se pide el testimonio de Leire Díez y la ratificación de la querella.

No es el primer problema judicial que aparece a la denominada como "fontanera" del PSOE. Este martes, el PP anunció la formalización de una denuncia contra Leire Díez, Jacobo Teijelo y Javier Pérez Dolset, ante la Fiscalía Anticorrupción.

A las acciones políticas ya presentadas en los últimos días se suma esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en defensa del "interés general y del correcto funcionamiento" del sistema democrático, dado que se trata de hechos gravísimos que el PP tiene la obligación de poner en conocimiento de la justicia. Solo una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía Anticorrupción puede esclarecer los hechos, depurar responsabilidades e iniciar las acciones judiciales que resulten pertinentes para que la impunidad no se produzca.