Mercedes González, la nueva directora general de la Guardia Civil: encontronazos con Almeida y Ayuso e imputada por prevaricación

La actual delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, asumirá el puesto de directora general de la Guardia Civil en sustitución de María Gámez, que ha dimitido hoy.

González, que ha tenido sonados desencuentros tanto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, acaba de pasar el trance de declarar como imputada por un delito de prevaricación que se ha archivado, aunque la asociación que la demandó va a recurrir esta decisión.

Con Ayuso la tensión fue patente el pasado diciembre, con dos discursos contrapuestos en la Real Casa de Correos durante el acto por el 44 aniversario de la Constitución. Por un lado, el de la delegada del Gobierno, que salió en defensa de un Estado descentralizado, de una política fiscal contra las desigualdades, y de Pedro Sánchez tras unas afirmaciones de la presidenta regional en las que tildaba al presidente de «tirano» y de llevar a la nación «camino de la dictadura». Por otro, el de Ayuso defendiendo la Corona y advirtiendo de los peligros del federalismo.

Y unos días después, González se extendió en sus críticas a la presidenta cuando achacó a “la sociedad de trincheras” que ha "cavado" Díaz Ayuso en la región el boicot que se produjo contra su presencia en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Mientras, el pasado turbulento con el regidor madrileño viene de los tiempos que compartieron hace seis años en la comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento. Según Almeida, su antigua amiga estaba llamada a altas metas dentro del PSOE madrileño: «Ha sido colocada como delegada del Gobierno por sus méritos, porque tiene una vis política mucho más acentuada que cualquiera de sus antecesoras”, diría el alcalde, que reconoció que se equivocaron al actuar como si estuvieran en el Pleno del Ayuntamiento y no como alcalde y delegada del Gobierno. “Nos despedimos con un abrazo”, aclaró sobre su choque en una reunión sobre el dispositivo de seguridad para las fiestas de San Isidro. “Querido José Luis, voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada”, dijo entonces González, sobre la que se especuló con que pudiera ser rival de Ayuso –ambas son periodistas, por cierto- en la elecciones de este mes de mayo.

Respecto al paso por los tribunales de Mercedes González, que intentaron evitar la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el Juzgado de Instrucción Número 24 de Madrid archivó el pasado día 10 la querella que presentó la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica contra la delegada del Gobierno por cambiar de ubicación una protesta contra la Ley de Memoria Democrática el pasado mes de julio.

Tras tomarle declaración el 10 de febrero y examinar la "abundante" documentación presentada por la Abogacía del Estado, el titular del juzgado estimó que “no existen elementos suficientes para imputar” a González “la autoría de los hechos, ya que lo que resulta acreditado es que siguió los mismos criterios para la valoración del lugar de celebración de la concentración de la asociación querellante”, y “ninguna” de las “manifestaciones” alegadas “nos puede llevar a la conclusión de que la decisión presentara indicios suficientes de la comisión de un delito de prevaricación”.

La querella se interpuso con motivo de la autorización en julio de 2022 de la concentración de un grupo memorialista frente al Congreso de los Diputados el día en el que se aprobó la Ley de Memoria Democrática cuando había reubicado un día antes una manifestación de la asociación por la Reconciliación. En su caso, se les trasladó frente al Hotel The Westin Palace, en el número 7 de la Plaza de Las Cortes. Los querellantes denunciaban que «en función del signo político de la asociación convocante, se produce una diferenciación, sin base legal alguna, que supone una limitación ilegítima del derecho de reunión».

En su declaración ante el juez, Mercedes González explicó que simplemente se siguieron criterios "técnicos y de seguridad", como el número de manifestantes que el colectivo que convoca la protesta comunica, si hay o no pleno en la Cámara Baja o si hay constancia de que ese colectivo ha cometido algún tipo de alteración de orden público en anteriores convocatorias.

En este sentido, el magistrado ha corroborado que aquella decisión de la Delegación del Gobierno “siguió los mismos criterios para la valoración del lugar de celebración de la concentración" que en otras convocatorias, "incluso por titulares de tal órgano administrativo diferentes" a González.

La Asociación por la Reconciliación y laVerdad Histórica ha recurrido contra el archivo de la querella. En su opinión, “el juez se ha dejado llevar por las presiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Estado, que lo han recurrido todo y además muy extensamente”. Según su consideración, “la Fiscalía, cuya función jurisdiccional es llevar la acusación popular en los procedimientos penales, se ha dedicado sistemáticamente a defender con uñas y dientes a la representante del PSOE en la Delegación del Gobierno en Madrid”, que "ha disfrutado, por lo tanto, de la defensa jurídica de no sólo la Abogacía del Estado sino también de la Fiscalía”. Lamentaba la asociación que “aún no se han efectuado las diligencias de investigación solicitadas por esta parte, con los careados instados, lo que será objeto de los oportunos recursos”.