Nuevo varapalo a la inmersión: el TSJC obliga a enseñar en español

La Justicia ha vuelto a dar la razón a los padres que luchan porque sus hijos se escolaricen tanto en catalán como en castellano. Seis autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hechos públicos ayer y fechados el pasado 3 de enero obligan a la Consejería de Enseñanza a adoptar «cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza lingüística –en cuanto afecte a los hijos de los recurrentes– a la nueva situación creada por la sentencia del 31/2010 del Tribunal Constitucional –sobre el Estatut–, que considera también el castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña».

La consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, salió rápidamente al paso asegurando que los seis autos serán recurridos por la Generalitat, ya que, por un lado, no existe motivo alguno para dictar medidas cautelares al no existir «ningún riesgo ni peligro» de que los niños finalicen sus estudios sin dominar ambas lenguas y, por otro, porque los autos del TSJC «van más allá» de lo que es una medida cautelar en sí. Pero, es precisamente porque la Generalitat dilata la ejecución de la sentencias ya emitidas sobre la cuestión –cinco del Tribunal Supremo, dos del Tribunal Constitucional y otras tantas del Tribunal Superior de Justicia Cataluña– interponiendo recurso tras recurso por lo que la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC), que representa y acompaña a los padres en todo el proceso, decidió pedir la aplicación de medidas cautelares.

Y éstas, a pesar de que puedan ser y vayan a ser recurridas, tal y como aseguró Rigau, son de obligado cumplimiento. En este sentido, el TSJC sí considera que existe un peligro cierto de que los alumnos finalicen la escolarización obligatoria sin que el Ejecutivo catalán haya reconocido su derecho.

Ahora, el abogado de CCC, Ángel Escolano, no las tiene todas consigo, ya que considera que es contradictorio que el TSJC obligue a la Generalitat a poner en marcha un sistema educativo bilingüe tan sólo en la clase en la que se encuentran los menores cuyos padres han exigido que se les reconozca el derecho a que así sea y no «con carácter general a todos los centros educativos catalanes». Por ello, pedirá al TSJC que concrete cómo deben ejecutarse esas medidas cautelares a la espera de que el propio tribunal emita las sentencias sobre la cuestión.

Para Rigau, las reivindicaciones de los padres que quieren que sus hijos reciban una enseñanza en catalán y castellano a partes iguales son «más políticas que pedagógicas», y arguyó que «no es desde fuera de Cataluña donde se nos tiene que decir cómo y cuándo debemos enseñar el catalán». Lo cierto es que no es «desde fuera de Cataluña» que se han instado las medidas cautelares ya mencionadas, sino que es la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la misma que ya dictó dos sentencias sobre la misma cuestión en términos similares. Escolano señaló, además, que el TSJC tiene encima de la mesa trece casos más y otras 800 familias han iniciado el procedimiento judicial para que sus hijos puedan aprenden de forma bilingüe en Cataluña. Y, añadió el letrado, si todas las familias que nos han contactado, para saber qué hacer para que sus hijos vean su derecho reconocido, interpusieran una denuncia judicial, «el 20 por ciento del sistema educativo catalán se vería afectado». Lo que se contradice con las palabras de Rigau cuando afirma que el número de familias que defiende un sistema bilingüe es «anecdótico».

Negar el bilingüismo

Anecdótico o no, «un gobierno que no cumple las leyes ni las sentencias no tiene legitimidad para exigir nada a la ciudadanía», apuntó el portavoz del PP catalán, Enric Millo. Y, añadió: «Negar el bilingüismo en las aulas es negar el bilingüismo en Cataluña, no existe ningún país en que la lengua oficial de todo el Estado no sea vehicular en la escuela». También el portavoz de C's, Jordi Cañas, exigió el cumplimiento de los autos de la sentencia y pidió la dimisión de Rigau.