Objetivo de la nueva Ley de Acción Exterior: adelgazar la factura

El anteproyecto de la nueva Ley de Acción Exterior que hoy debatirá la Comisión Delegada para Asuntos Económicos es el borrador número 25 desde que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, abriera el melón de una reforma que tantos quebraderos de cabeza produjo a sus antecesores y que les llevó a tirar la toalla. Margallo confirmó ayer a LA RAZÓN que este texto puede ser el definitivo pese a que aún podrían discutirse «temas menores» y que tiene muchas papeletas para aprobarse en Consejo de Ministros en quince días.

El documento, al que tuvo acceso este periódico, ha resultado una versión un tanto descafeinada de la inicial, que contemplaba a instancias de Hacienda supeditar la apertura de oficinas en el exterior por parte de las comunidades autónomas al cumplimiento de los objetivos de déficit. Los presidentes de dichas comunidades tampoco estarán obligados a informar de sus viajes al Ministerio de Exteriores.

«No hay obligatoriedad en nada. Pero si usted quiere que el servicio exterior esté a su disposición, haga el favor de comunicarnos sus planes para que se lo digamos al embajador y le podamos ayudar» , resumió ayer el jefe de la Diplomacia española. Sirva como ejemplo el costoso viaje del presidente de la Generalitat, Artur Mas, a Moscú a finales del año pasado, en el que apenas pudo reunirse con nadie. La situación se repitió con la visita a Marruecos. El presidente catalán avisó a Exteriores, pero lo hizo cuando ya estaba allí y era demasiado tarde. Su comunidad cuenta con 41 delegaciones en el exterior.

En el artículo 9 del anteproyecto de la ley, el que regula las actuaciones de las comunidades, el Gobierno se reserva «establecer las medidas y directrices que se requieran para la coordinación de sus actividades en el exterior». También se especifica que «el Gobierno impulsará la instalación de estas oficinas dentro de los locales del Servicio Exterior del Estado».

En este sentido, Margallo destacó que la ley persigue «el ahorro y la eficiencia», y que en ningún caso se trata de controlar la acción exterior de las comunidades, sino de «ayudarlas». «Cuando me dicen que eso es tutelar, yo respondo que estoy haciendo lo mismo. Las representaciones españolas en las que no se justifique el gasto de una embajada o residencia las integramos en las delegaciones de la Unión Europea. Catherine Ashton ya dijo en la UE que era una idea brillantísima y que éramos los primeros. Se trata de crear sinergias», añadió el ministro. Está contemplado que las comunidades «participen en el diseño de la estrategia del plan exterior». Según Margallo, «no tiene sentido que si está la UE y está España aparezca otra comunidad a hacer lo mismo».

Durante su intervención ayer en el pleno del Congreso, el ministro consideró «razonable» que una Autonomía que incumpla el déficit «empiece por limitar determinadas actuaciones que pueden parecer superfluas», pero señaló que él es un «defensor del Estado autonómico» y que es cada Gobierno el que debe decidir «cerrar ambulatorios o cerrar televisiones o delegaciones en el exterior» y luego «explicárselo al contribuyente».

El espíritu que subyace en la nueva ley, que ha generado una batalla monumental en el seno del Ejecutivo, es la optimización de los recursos para adelgazar el gasto en el exterior. Según fuentes diplomáticas, se trata de «aplicar medidas de sentido común para racionalizar los medios disponibles».

El Gobierno considera que se pueden evitar muchas duplicidades. De ello se encargará el Consejo Ejecutivo de Política Exterior, creado por el ex presidente José María Aznar y que nunca llegó a reunirse. Este órgano centralizará la gestión, decidirá «qué sobra o qué falta» para evitar que cada Ministerio «planifique sus propias necesidades y negocie individualmente y en distintos momentos con Hacienda y Administraciones Públicas». En el argumentario oficial se considera que «muchas estructuras obedecen a necesidades que se dieron en el pasado y que hoy carecen de sentido». Para ello se contempla reducir el número de edificios y rentabilizar las inversiones, «tanto en arrendamientos como en eventuales compras».

Sardana y muñeira en Buenos Aires

El anteproyecto de ley también contempla una acción exterior en materia educativa y cultural. Se trata, según Exteriores, de «poner a disposición» de las CC AA la red exterior más la compartida con países de Iberoamérica para que se enseñe «el castellano y demás lenguas españolas» a través de la firma de protocolos. Margallo lo define así: «En síntesis, es la muñeira en Barcelona, la sardana en Santiago y la muñeira y la sardana en Buenos Aires».

Ahorrar en limpieza y teléfono

La nueva ley que ultima el Gobierno pretende adelgazar la factura de la acción exterior, muy abultada para los tiempos que corren. Se pretende simplificar procedimientos administrativos, unificar sedes, cerrar edificios si no resultan imprescindibles y revisar los contratos de seguridad e incluso de telefonía móvil y servicios de limpieza e informática para ahorrar dinero al contribuyente. También sinergias con la UE e Iberoamérica para unificar esfuerzos diplomáticos.