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Las «okupaciones», en máximos: se registraron 46 al día hasta noviembre de 2022

Barcelona y Cataluña se consolidan como los territorios con más viviendas «okupadas»

Dispositivo policial para el desalojo de un local "okupado"
Dispositivo policial para el desalojo de un local "okupado"Biel AliñoAgencia EFE

Las «okupaciones» siguen en máximos. Entre enero y noviembre de 2022, se han contabilizado 15.404 inmuebles «okupados», una media de 46 por día, prácticamente igual que en 2021 (47) cuando se registró un récord. La provincia de Barcelona sigue encabezando el ranking, tras haber registrado 4.875 viviendas «okupadas» en los primeros once meses de 2022, mientras que la Comunidad de Madrid está situada en segundo puesto (1.406), según los datos más actualizados del Ministerio del Interior.

Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta por escrito del PP, donde queda recogido el número de hechos conocidos de delitos y faltas por ocupación de inmuebles. Entre estos hechos, quedan contabilizados tanto el allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) como la usurpación de inmuebles (245). El allanamiento de morada sí permite un desalojo «exprés» cuando el propietario de la vivienda lo denuncia, mientras que la usurpación exige orden judicial para «desokupar». Es decir, en caso de la usurpación, siempre se suele hacer más complicado el desalojo porque requiere de mayor tiempo para tramitarse.

Las cifras, por tanto, siguen muy lejos de 2015, cuando se registraban 28 «okupaciones» por día. En 2015, se contabilizaron 10.246 en todo el año. En 2021, se llegó a 17.172 casos de ocupación de inmuebles, cifra muy superior al año anterior, 2020 (14.708).

Por provincias, tras Barcelona (4.875) y Madrid (1.406), aparece Valencia, con 898, cerrando el podio. El «top 10» queda completado por las provincias de Sevilla (720), Girona (708), Tarragona (705), Alicante (656), Murcia (597), Málaga (415) y Cádiz (386).

Las provincias que menos «okupaciones» han registrado entre enero y noviembre de 2022 son Melilla (8), Ceuta (7), Soria (6), Zamora (5) y Toledo (1).

Por autonomías, Cataluña sigue al frente, concentrando el 42,4% de todas las «okupaciones» que se registran en España: 6.546 de las 15.404. Este dato es el que ha empujado al PSOE a moverse a petición del PSC y plantear una reforma legislativa que permita corregir este problema en Cataluña: en este sentido, los socialistas han presentado dos enmiendas en la ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, que está tramitándose en el Congreso y está ya en el penúltimo paso (aprobación del dictamen en Comisión). Con esas dos enmiendas, el PSOE pretende que los jueces puedan decidir ágilmente (en menos de 48 horas) el desalojo de una vivienda «okupada», tanto si constituye un allanamiento de morada como si constituye una usurpación. Con estas enmiendas a la ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, se pretende modificar realmente otra ley: el artículo 544 de la Ley de enjuiciamiento criminal. El juez acordará motivadamente el desalojo si en un plazo de 48 horas los ocupantes no aportan un título legítimo.

Sin embargo, Podemos no quiere acceder a esta reforma legislativa porque considera que en España no hay ningún problema con la «okupación» y lo ha puesto la derecha en la agenda política. En este sentido, acusa al PSOE de asumir la agenda de la derecha: para contrarrestar esta beligerancia de Podemos y suavizar la reforma, el PSOE también plantea que si el desalojo pusiera de manifiesto «la existencia de personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad o una situación de riesgo o posible desamparo de un menor», el juez debería informar de ello para que los servicios sociales se ocupen del caso.

De momento, la ley está en fase de negociación (quedan dos o tres cuestiones por pactar) y se baraja que se vote en comisión la semana del 15 de marzo. Si superara ese trámite, iría la siguiente semana a Pleno para aprobarse. Los socialistas catalanes han situado la inseguridad (y la «okupación» es una fuente de problemas de seguridad) como uno de los principales ejes de campaña electoral.

Tras Cataluña, aparecen Andalucía (2.334), Comunidad Valenciana (1.830) y la Comunidad de Madrid (1.406).