Tribunales

Detenido el exjuez Presencia tras dar plantón a la Audiencia Nacional

El instructor envía a prisión a otros tres investigados al apreciar riesgo de fuga y de que sigan con su catarata de denuncias falsas

El ex juez Fernando Presencia, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como imputado por sus presuntas injurias y calumnias contra magistrados del Tribunal Supremo, en la sede de la Audiencia Nacional, a 7 de julio de 2022
El ex juez Fernando Presencia, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como imputado por sus presuntas injurias y calumnias contra magistrados del Tribunal Supremo, en la sede de la Audiencia Nacional, a 7 de julio de 2022Alberto OrtegaEuropa Press

El exjuez Fernando Presencia ha sido detenido por la Policía por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, que apenas dos horas antes había emitido una orden de detención contra él después de que sortease esta mañana sus citación como imputado y no compareciese en la Audiencia Nacional. Con el respaldo de la Fiscalía, el instructor había dado un plazo máximo de 72 horas para que fuese puesto a disposición judicial y decidir así sobre su ingreso en prisión, lo que finalmente podrá hacer mañana una vez sea puesto a disposición judicial por los agentes.

Una medida provisional de privación de libertad que ya ha acordado en relación a otros tres investigados por el supuesto uso de una asociación que enarbola la lucha contra la corrupción, Acodap (que lidera Presencia), como un mecanismo de enriquecimiento personal mediante la sucesión de denuncias falsas contras altas instituciones del Estado, sobre todo magistrados del Tribunal Supremo.

El pasado viernes, el juez citó de nuevo a declarar a Presencia, expulsado de la carrera judicial por vincular con actividades corruptas, sin prueba alguna, a jueces del Tribunal Supremo (TS) y a altas instituciones del Estado a quienes atribuía supuestas cuentas en paraísos fiscales. La intención de Gadea era tomarle hoy declaración en relación a los dos nuevos delitos que le imputa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, que se unen a los de organización criminal, asociación ilícita, estafa agravada e injurias y calumnias contra altas instituciones del Estado que ya le atribuía.

En esa misma resolución, acordó la suspensión cautelar de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap), en la que utilizaba como señuelo la lucha contra la corrupción "para atraer aportaciones y donaciones anónimas".

"Subterfugios para evitar el cierre"

Gadea justifica la orden de prisión de Santiago y Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa en el riesgo de fuga (por las elevadas penas a las que se enfrentan y por encontrarse ya la instrucción en la recta final) y de reiteración delictiva. Según señala en la resolución en la que acuerda la medida, incluso con el procedimiento judicial ya en marcha, los investigados han seguido con la "dinámica delictiva" de forma permanente, "buscando toda clase de resquicios y subterfugios para evitar el cierre de sus canales de difusión, y manteniendo un constante nivel de interposición de denuncias falsas".

Y es que según constata tras un año de investigación la presunta mecánica criminal "se encuentra plenamente operativa, sin que los reiterados intentos por impedir la comisión delictiva hayan dado sus frutos".

A estos tres imputados, el juez les imputa delitos de estafa agravada, apropiación indebida agravada, asociación ilícita y organización o grupo criminal. "Nos encontramos ante una organización o grupo criminal, integrado por los investigados, con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia -señala- en cuyo vértice se encuentra Fernando Presencia Crespo, quien habría puesto en marcha una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de los miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas".

Bajo la cobertura de Acodap, explica, Presencia, Alberto Royuela y su hijo Santiago tendrían un "papel esencial" en la elaboración de las denuncias y "documentos mendaces" con las que pretendían sustentarlas, de cuya difusión en internet y en redes sociales se habría encargado otra de las investigadas, Lidia Reina. Además de los tres primeros, la interposición de las denuncias corría a cargo de los también imputados Juan Martínez Grasa, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga (estos dos últimos, al igual que Lidia Reina, también han eludido hoy el llamamiento judicial).

Se trataba, concluye, de "meras maquinaciones". "La organización Acodap no era más que un instrumento al servicio de un grupo de personas para la obtención de recursos con los que lucrarse, simulando que con ella se combatía contra la corrupción". Lejos de combatir la corrupción, apunta, "sería en realidad el medio corrupto por el que, al parecer, se enriquecerían sus miembros y parientes, empezando por su presidente, Fernando Presencia, quien una vez separado de la carrera judicial carecía de ingreso alguno".

En el marco de esa dinámica, las denuncias falsas contra las altas instituciones del Estado, autoridades, políticos y otros representantes públicos serían "el componente necesario para seguir con la lucrativa actividad que tan altos rendimientos les estaría dando, publicitando su actuación a través de redes sociales, páginas web y otros medios de comunicación pública" como "paso indispensable en la amplificación del engaño".