Otro juzgado de Madrid admite una denuncia contra la "fontanera" del PSOE: ve indicios delictivos

El Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid ha admitido a trámite otra de las seis denuncias presentadas contra Leire Díez por su presunto papel como "fontanera" del PSOE.

En este caso, se trata de la que interpuso el partido político Iustitia Europa en la que le atribuían delitos de tráfico de influencias, prevaricación, encubrimiento, obstrucción a la Justicia, cohecho y organización criminal por las supuestas maniobras que habría llevado a cabo para intentar perjudicar a la Unidad Central Operativa (UCO), a jueces y a fiscales.

Ahora, este tribunal ha incoado diligencias previas de investigación contra la exmilitante socialista, tras apreciar indicios de "una infracción penal" y las ha enviado al juez de la capital que ya la investiga a raíz de la denuncia que presentó Hazte Oír. De hecho, está citada para declarar como imputado el próximo 11 de noviembre.

La investigación judicial de los hechos denunciados por la formación de Luis María Pardo recaerá, por tanto, en el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, dado que "con anterioridad" este viene indagando en estos "mismos hechos".

Hay que recordar -como hace la jueza María Isabel Durántez en su auto de inhibición conocido por este diario- que "la regla general aplicada en las normas de reparto" de los casos fija que, "cuando dos juzgados de una circunscripción estén conociendo los mismos hechos, debe darse preferencia al que primero incoó la causa".

Iustitia presentó una denuncia contra Díez el pasado 27 de mayo en la que, apoyándose en informaciones periodistas, una de ellas publicada en LA RAZÓN, en que se daba cuenta de "una supuesta operación clandestina" contra la Policía Judicial de la Guardia Civil, "que ha estado investigando casos de corrupción que afectan al PSOE".

La formación apuntaba también, respaldándose en noticias, que Díez habría solicitado "información comprometida" sobre el máximo responsable de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas; jueces instructores, y periodistas.

La intención de la "fontanera" era -según la acción legal presentada- utilizar dicha información "para desacreditar investigaciones sensibles para el Gobierno" o "interferir" en la actuación policial y de la Fiscalía en estos procedimientos.