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Horrach: «Ni voy a ser marqués ni me voy a La Haya»

Pedro Horrach / Fiscal del «caso Nóos».. «Ser Infanta ha jugado en contra de Doña Cristina en el “caso Nóos”». Pendiente de conocer la sentencia, y con un pie fuera de la Fiscalía, Horrach insiste en la inocencia de la Infanta y niega que haya recibido presiones

Entrevista a Pedro Horrach, fiscal del «caso Nóos». Pendiente de la sentencia, y con un pie fuera de la Fiscalía, asegura que nunca recibió presiones y que «ser Infanta ha jugado en contra de Doña Cristina»

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Por su minúsculo despacho han pasado, durante la última década, algunos de los casos de corrupción de mayor repercusión mediática. Sin embargo, Pedro Horrach (Sa Pobla, Mallorca, 1966) es para la opinión pública, sobre todo, el fiscal que ha defendido contra viento y marea la inocencia de la Infanta Cristina. Seis años de investigación que le han pasado factura: en junio pidió la excedencia para ejercer la abogacía, un adiós que tendrá que esperar hasta que se conozca la sentencia del «caso Nóos». Pero libre de carpetas, sumarios y cajas repletas de documentos, su despacho huele ya a despedida. Y él mismo cuenta los días para ese largo viaje aún sin destino junto a su esposa, Ana Zacher –leal sostén en los momentos de zozobra–, antesala de una nueva andadura. En plena cuenta atrás recibe a LA RAZÓN. No elude ninguna pregunta, pero habla despacio, masticando cada palabra como si llevaran espinas.

–¿Qué le preocupa más: la condena de los principales acusados o la absolución de la Infanta Cristina?

–Me preocupan las dos cosas. Sin embargo, por prevalencia, lo que me preocupa más es la situación de los principales acusados. Y, de hecho, mi labor está más encaminada a aportar pruebas que justifiquen su presunta participación en los hechos que a aportar pruebas de sentido no incriminatorio respecto de la Infanta.

–¿Siente que la reiterada defensa de su inocencia ha oscurecido sus muchos años de lucha contra la corrupción?

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–Sí, así es. Creo que ha sido un punto de inflexión en mi carrera y que, dado que ha sido tan mediático, ha provocado que se ensombrezcan muchos años de trabajo dedicados a la lucha contra la corrupción.

–¿Le duele escuchar que ha actuado como su abogado defensor?

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–No. Me lo tomo con humor desde el primer momento y, a pesar de las connotaciones peyorativas que le imprime quien lo dice, no me preocupa porque no es la primera vez, ni será la última, que yo en particular, y la Fiscalía en general, piden la absolución de una persona.

–Pero sí es la primera vez que esa persona es una Infanta de España.

–Que sea Infanta de España ha magnificado el hecho de no acusarla.

–¿Ha recibido alguna presión de sus superiores para que no pidiese su imputación?

–Lo he repetido cien veces y lo repetiré cien veces más si es necesario: No. Ni Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado cuando se inició este procedimiento, ni la actual fiscal general, Consuelo Madrigal, ni Antonio Salinas, fiscal jefe de Anticorrupción, me han dado orden alguna en un sentido o en otro. El que conoce la causa soy yo, el responsable de la causa soy yo y el responsable de todas las decisiones que se han adoptado en esta causa única y exclusivamente soy yo.

–¿Las hubiese aceptado?

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–No, no las hubiese aceptado y tenemos mecanismos suficientes dentro de la Fiscalía para oponernos a órdenes que consideremos o bien ilícitas o bien contrarias a nuestra opinión jurídica. De hecho, no es algo infrecuente que un fiscal, ante una orden que considere errónea desde el punto de vista jurídico, acuda a este mecanismo y convoque una junta de fiscales para intentar hacer prevalecer su decisión. Hace dos semanas aquí se ha producido. Es frecuente que no haya respuestas jurídicas unívocas.

–¿Y de la Casa Real?

–De la Casa Real tampoco, ni directa ni indirectamente. Ni nadie de la Casa Real ni ningún mensajero de la Casa Real se ha puesto en contacto conmigo.

–¿Ha llegado a hablar con Doña Cristina de su situación procesal en el «caso Nóos»?

–Con la Infanta no.

–¿No han cruzado una palabra?

–En los recesos del juicio nos hemos saludado, como a todos los procesados. Aparte de ese momento no la he visto nunca ni he cruzado palabra con ella.

–¿Y con sus abogados?

–He hablado con todos los abogados de la Infanta, al igual que he hecho con absolutamente todos los abogados de los 17 acusados.

–Tras muchos años trabajando codo con codo con el juez Castro, la imputación de la Infanta les distanció. ¿En qué momento es consciente de que eso va a suceder?

–No hay un momento definido. Ha sido una evolución. En un momento determinado me anunció que iba a proceder a llamar a Cristina de Borbón como imputada y le respondí que interpondría el recurso de apelación correspondiente. No creo que fuese en ese momento concreto cuando nos distanciamos, sino después de interponer ese recurso. Se me criticó la dureza o las formas que empleé y, probablemente, a raíz de ese escrito es cuando empezamos a distanciarnos.

–En esa refriega de reproches se dijeron de todo. ¿No cree que esa vehemencia recíproca no hacía sino alimentar la polémica y las suspicacias?

–Sí, sí, sí. A nivel mediático. Eso hizo. Ahora bien, jurídicamente creo que dije lo que consideraba oportuno y legal y, desde luego, no creo que las formas desvirtuasen el fondo.

–¿Les queda una conversación pendiente?

–No sé si se va a producir o no. Lo cierto es que los dos somos personas corteses y la relación, aunque distante, es formalmente civilizada y desde luego no repercute en nuestras actuaciones procesales.

–¿Le gustaría que se produjera?

–(Ríe). No creo que se produzca.

–La Infanta era vocal del Instituto Nóos, piedra angular del supuesto entramado, y socia al 50% con su marido de una de las empresas utilizadas, según su escrito de acusación, para desviar los ingresos de origen supuestamente ilícito, pero usted siempre ha defendido que no cometió delito alguno.

–Cada día nos bombardean con informaciones procedentes del juicio de las «tarjetas black». ¿Ha visto usted alguna «esposa de» sentada en el banquillo cuando algunos de los cargos que presuntamente se hicieron en las tarjetas eran familiares y no personales?

La Infanta no está acusada por una razón muy sencilla: porque no participó en los hechos presuntamente delictivos. Considero, siempre admitiendo posturas jurídicas distintas, que ni conocía ni participaba. De hecho, ya se puso de manifiesto en la resolución de la Audiencia Provincial que dentro del Instituto Nóos era una figura exclusivamente decorativa, como lo era algún otro. Y me gustaría recordar que la primera imputación contra Cristina de Borbón era por delitos de malversación, fraude a la Administración, falsedad documental, tráfico de influencias, cohecho... Y que todas estas imputaciones fueron desestimadas por la Audiencia Provincial al entender que no había participado en los hechos. De seis o siete imputaciones delictivas quedaron en suspenso las imputaciones por delito fiscal y blanqueo. Y el blanqueo fue también desestimado por la Audiencia de Palma.

–¿Y del presunto delito por el que se sentó en el banquillo?

–A Cristina de Borbón se le acusa exclusivamente de cooperadora necesaria de un fraude fiscal cometido, supuestamente, por su marido. ¿Por qué no creo que tenga que estar imputada? Porque el delito en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es de naturaleza exclusivamente personal y para ser cooperador necesario en él se requiere un acto positivo de colaboración. El simple hecho de ser socia al 50% de una sociedad, sin poderes de gestión sobre la misma y sin haber ejecutado gestión alguna, es un acto neutro que no debe llevar implícitas consecuencias penales.

–La defensa de Diego Torres siempre se ha quejado de que su esposa recibió un trato discriminatorio en relación a la Infanta. Usted siempre lo ha negado.

–A Ana María Tejeiro se le acusó por la Fiscalía única y exclusivamente de un delito de blanqueo. Por tanto, la situación de ambas se trató de la misma manera en relación a los delitos fiscales. Otra cosa distinta es que existan pruebas en la causa que demuestran que Diego Torres, junto a su esposa, abrieron una cuenta corriente a nombre de ambos en Luxemburgo, donde se transfirieron fondos procedentes de otra cuenta abierta en el mismo país a nombre de dos entidades fiduciarias. A raíz de la comisión rogatoria que se remitió a Luxemburgo se hizo patente que ella gestionó supuestamente el traspaso de fondos de una cuenta a otra una vez iniciado el procedimiento penal y conociendo que su marido estaba imputado por malversación de caudales públicos.

–¿Quiere decir que la única razón por la que se sentó en el banquillo a Doña Cristina fue por ser Infanta de España?

–Lo he dicho en algunos escritos. Desde mi punto de vista, y respetando el resto de opiniones, creo que el hecho de ser Infanta, y la repercusión mediática que ha conllevado, ha actuado en su contra. Que yo sepa, no ha existido un solo caso en España donde en idéntica situación el cónyuge haya sido acusado. Creo que algunas decisiones judiciales han estado condicionadas por la presión mediática.

–¿Si es condenada lo considerará una injusticia?

–Como fiscal la respuesta es algo compleja. Es evidente que la justicia o injusticia de ésta u otra supuesta condena no puede sustraerse a las posiciones que cada una de las partes ha defendido en el proceso.

–¿Le costó muchas noches sin dormir la decisión de pedir la imputación de Urdangarín, entonces miembro de la Casa Real, un hecho insólito hasta ese momento?

–No. No, no. Fue una situación que se tomó sin pensar ni tener en cuenta las consecuencias mediáticas y sociales, sino sólo en base a las pruebas que se habían ido acumulando a lo largo de la investigación.

–¿Consultó esa decisión?

–No. Informé a mi jefe, a Antonio Salinas, de que iba a solicitar los registros y nada más. Es que ni siquiera hablamos de Urdangarín.

–Cuesta creerlo...

–Los registros los solicité en octubre de 2011. Ni siquiera hablamos de él en aquel momento.

–¿Intentó llegar a un acuerdo con su defensa? ¿Cuáles eran sus condiciones?

–Cerca no estuvimos, pero sí mantuvimos varias conversaciones en las que no nos pusimos de acuerdo ni en la pena ni en la responsabilidad civil.

–¿Cuál era su línea roja?

–La línea roja era la devolución completa e inmediata del monto total de los convenios de colaboración del Instituto Nóos, y en cuanto a la pena, no acabamos de tratarla, pero podía rondar entre los seis y los nueve años de prisión.

–Con Matas estuvo más cerca, ¿ha cerrado algún pacto con el ex presidente balear que englobe todas sus causas pendientes?

–No. Hemos tenido conversaciones con su abogado para intentar llegar a un acuerdo global que tampoco se ha producido. De hecho, se remontan a mucho tiempo atrás, durante la instrucción del «caso Son Espases», pero el acuerdo no fructificó, aunque la puerta está abierta, porque acuerdos que conlleven la devolución del dinero público sustraído y la colaboración con la Justicia siempre son positivos.

–¿Qué ha supuesto la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en Baleares en la lucha contra la corrupción en el resto de España?

–Fue de los primeros sitios donde nos implicamos directamente en la investigación policial, ejerciendo la dirección efectiva de la Policía Judicial. Yo, además, he estado pateando la calle, buscando y recopilando información y convenciendo de que se denuncien determinados hechos delictivos. Y creo que en esto fuimos pioneros y tuvo un efecto rebote importante: ante las actuaciones contundentes que llevábamos a cabo, y el éxito de las primeras operaciones, la ciudadanía confió en nuestra labor, lo que motivó un aumento importante de denuncias ante la Fiscalía.

–Su relación con la presidenta del tribunal durante el juicio del «caso Nóos» no fue fácil. ¿Se sintió injustamente tratado?

–La forma de dirigir el juicio depende de cada magistrado, y cada uno lo preside de forma distinta en función de su forma de ser, pero a lo largo de 25 años de ejercicio como fiscal no me he encontrado con un escenario tan complicado.

–A veces saltaban chispas.

–Las situaciones de tensión proceden más del contexto mediático en que se desarrolló el juicio.

–¿Conocía la relación de la presidenta del tribunal con un íntimo amigo de Diego Torres? ¿Cree que debería haberse abstenido?

–No. Ni la conocía, y lo que conozco es por los medios de comunicación. El rigor jurídico me impide opinar al respecto.

–La tensión a menudo se palpaba en el juicio y, en alguna ocasión, hasta se desbordó. ¿Se arrepiente del incidente con la abogada de Manos Limpias?

–Interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por este hecho y, efectivamente, en ese momento perdí las formas, no fueron las adecuadas, y así lo dije en el informe que me pidió la Fiscalía General a raíz de esa denuncia. Fue un momento de mucha tensión, y sí, sí, no debería haber perdido las formas. En cuanto al fondo, sigo manteniendo lo mismo.

–¿Cree que el sindicato estaba legitimado para seguir ejerciendo la acusación, como defendió el tribunal, a raíz de la investigación judicial por supuestas extorsiones?

–La ley debería regular estas situaciones y otorgar instrumentos necesarios para evitar que las acusaciones populares utilicen de forma fraudulenta los procesos penales. España es el único sitio de Europa donde existen acusaciones populares, que actualmente no tienen ningún sentido. Es una figura absolutamente desconocida en el Derecho comparado e inexplicable desde muchos puntos de vista. El que dirige la investigación y luego tiene que acusar no puede estar condicionado por una acusación popular. Imagínese que el Ministerio Fiscal llega a un acuerdo con uno de los acusados, porque es necesario para tener las pruebas suficientes. ¿Cómo puede desarrollar esa investigación limitado por el hecho de que esos acuerdos puedan saltar por los aires por la presencia de una acusación popular en el procedimiento?

–Quiere decir que impide a la Fiscalía tener las manos libres.

–Es poner palos en las ruedas de la acusación pública. Se ha demostrado reiteradamente que partidos políticos se constituyen en acusaciones populares no para contribuir en la investigación, sino para obstaculizarla.

–¿En quién está pensando?

–Estoy pensando en juicios con repercusión mediática nacional.

–Pero la acusación popular también ha contribuido a que se imparta justicia en algunas causas donde la Fiscalía no acusa.

–Es posible, pero no creo que uno, dos o tres casos –no hay más en la historia judicial española– justifiquen su existencia.

–¿Advirtió algún indicio de la existencia de un posible chantaje a la Infanta por parte de Manos Limpias antes de que trascendiese la investigación judicial?

–Indicios ninguno. Rumores. Y los rumores son meras sospechas.

–¿Iban en la dirección correcta a la luz de lo que ha sucedido posteriormente?

–Iban en la dirección de que Manos Limpias obtenía dinero por retirar querellas, no acusaciones.

–¿Le ha sorprendido que la letrada de Manos Limpias Virginia López Negrete haya sido imputada en esa causa?

–Desconozco la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional. Sorprenderme no me sorprende, porque ella siempre se ha presentado como jefa de la asesoría jurídica de Manos Limpias. Por lo tanto, si han imputado a su secretario general, no me sorprende la imputación de quien ejercía presuntamente la dirección jurídica del sindicato.

–Si alguien piensa que la han imputado por sentar en el banquillo a la Infanta, ¿qué le diría?

–Le he oído repetir en varias manifestaciones públicas que las cloacas del Estado han actuado en su contra, pero eso, por sí solo, es un brindis al sol porque no concreta nada de esas supuestas presiones de las cloacas del Estado, que yo aún no sé qué son. Mientras esas manifestaciones no vengan acompañadas de datos concretos son irrelevantes.

–Su decisión de abandonar la Fiscalía Anticorrupción, que anunció nada más terminar el juicio del «caso Nóos», ¿fue un calentón o no tiene vuelta atrás?

–No fue un calentón. Fue una decisión meditada desde hace tiempo a nivel personal y familiar.

–¿Motivada por el «caso Nóos»?

–Motivada por el «caso Nóos» y por los diez años que llevo en la Fiscalía Anticorrupción con una carga de trabajo y una presión mediática importantes, que me han conducido a la necesidad personal de cambiar mi trayectoria. Han sido diez años muy, muy intensos que difícilmente voy a olvidar.

–¿Se ha sentido solo en su defensa de la ausencia de motivos para imputar a la Infanta?

–Claro que he tenido respaldos, y el más importante el familiar, ante las críticas mediáticas, y también tanto el de la Fiscalía de Palma como a nivel nacional. Sin embargo, uno se siente solo porque la responsabilidad es exclusivamente mía.

–Se puso el foco en su vida personal y hasta las fiestas privadas en su domicilio eran noticia. Incluso se aventó que le habían llegado a ofrecer un marquesado o que sería recompensado con un alto cargo en la Fiscalía.

–Ni voy a ser marqués ni me voy a ir a La Haya ni me han ofrecido nada ni he pedido nada. Ni lo voy a pedir.

–Al abogado Horrach supongo que no le resultará fácil, llegado el caso, defender a un político acusado de corrupción...

–Nunca es fácil cambiar de posición, de acusación a defensa, pero dentro del mundo jurídico ambas posiciones son plenamente legítimas y, por tanto, podré desarrollar mi nueva labor con la misma profesionalidad que he desarrollado la de fiscal.

–Pero no se ve defendiendo a Bárcenas, un suponer.

–No (ríe). No. Y tenga presente que en Baleares tengo incompatibilidad absoluta para actuar en casos de corrupción, entre otras cosas porque he intervenido en muchos de ellos. Y en los que no he intervenido, que son pocos, éticamente no puedo hacerlo cuando un compañero me ha comentado, como sucede en muchas ocasiones, los vericuetos del caso concreto.

–Sus vivencias en el «caso Nóos» merecen un libro. ¿Se atreverá algún día a escribirlo?

–No (ríe). Voy perdiendo la memoria, cada vez más aprisa. Aunque no lo descarto, por supuesto, pero lo veo muy poco probable.