Transparencia

Pedro Sánchez «acumula» dos procedimientos en la Audiencia Nacional por «esconder» los regalos que recibe

Un particular acudió al órgano judicial tras no obtener los datos desde Presidencia a través del Consejo de Transparencia

El presidente francés, Emmanuel Macron (i), recibe al primer ministro español, Pedro Sánchez (d), en una reunión en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 27 de mayo de 2019. Sánchez llegó este lunes al Palacio del Elíseo para reunirse con el mandatario francés, Emmanuel Macron, con quien abordará el reparto institucional en la Unión Europea y la necesidad de crear una alianza que frene a la ultraderecha.
Pedro Sánchez y el presidente francés, Emmanuel Macron, en una visita a Francia Agencia EFE

La impugnación de dos resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) sobre los regalos recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy sumido en jornadas de reflexión, y no desvelados a la opinión pública por el momento, se han «acumulado» en la Audiencia Nacional a petición del reclamante, el abogado Guillermo Rocafort, al objeto de la identificación y esclarecimiento de las cuestiones pendientes sobre estos presentes de carácter institucional.

En la primera, con fecha del 20 de abril de 2023 –y respondida el 20 de noviembre–, se solicitaba la identificación de los regalos entregados a Sánchez desde que es titular del Ejecutivo, pero Presidencia del Gobierno se niega a ofrecer estos datos hasta que cese en su cargo, cuando los obsequios serán puestos a disposición de la Administración del Estado, permaneciendo hasta entonces en su poder en las dependencias del edificio del Consejo de Ministros y del Palacio de la Moncloa, «previa anotación simple con el detalle de las circunstancias de la recepción», según la respuesta ofrecida a través del CTBG.

En la siguiente reclamación, con fecha del 19 de mayo del año pasado –que tuvo respuesta el 15 de diciembre–, se solicitaba aclaración sobre la «posibilidad del disfrute de los regalos recibidos por el presidente del Gobierno y su familia durante su mandato, y en qué condiciones»; la «comunicación a la Agencia Tributaria a efectos de declaraciones fiscales y tributación»; la «supervisión por parte de la Dirección General del Patrimonio del Estado para garantizar la integridad y mantenimiento de los bienes», y acerca de la «existencia de un seguro por daños o pérdidas».

El Consejo de Transparencia desestimó sendas peticiones dando por buenas las explicaciones de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, aunque afeando que, «aun no existiendo una regulación expresa de la materia, la práctica seguida no se corresponde con los usos actuales más acordes con las exigencias dimanantes de los principios de transparencia y rendición de cuentas de la actividad pública». Y destacando que este proceder «contrasta» con la actitud de la Casa de Su Majestad el Rey, «que publica con periodicidad anual la relación de regalos institucionales recibidos con indicación de su destinatario, fecha, acto u ocasión de la entrega y la entidad o persona que lo ha entregado».

Rocafort se acogió a su derecho a interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que con fecha del pasado 11 de abril determinó que «ha lugar a la acumulación [a la que se oponía la Abogacía del Estado en un escrito el pasado 27 de febrero], pues si bien se trata de resoluciones del CTBG dictadas con distinto fundamento», la Sala «entiende que existe una conexión motivada por la identidad del órgano requerido (Presidencia del Gobierno), del objeto del requerimiento (regalos y atenciones recibidos por el titular de la Presidencia), y del régimen jurídico aplicado por el órgano requerido y revisado en sede del CTBG, el cual gira en torno al alcance de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas».

Transparencia impugnó dos resoluciones pero destacó el contraste con la Casa Real, «que publica con periodicidad anual la relación de regalos institucionales»

La Audiencia Nacional es clara además en la necesidad de aclarar la cuestión, según los términos de su providencia: «Reclámese la remisión del expediente administrativo [...] y debiendo la Administración emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el nuevo acto administrativo, para que puedan personarse en este recurso [...], así como comunicar a este órgano la autoridad o funcionario responsable de su remisión».

Por este motivo, y en opinión del reclamante, «la Administración tendrá que llamar al presidente del Gobierno al objeto de que pueda personarse como parte interesada ante la Audiencia Nacional en los procedimientos judiciales acumulados, al afectarle directamente».

«Hasta el momento», recuerda Guillermo Rocafort, «ha habido una negativa contumaz a desvelar los regalos, a pesar de que, por ejemplo, Casa Real los publica y entrega a Patrimonio Nacional nada más recibirlos, y otras normativas autonómicas y locales abogan por una transparencia total desde el minuto cero».

El propio Rocafort señala a LA RAZÓN que «sólo» ha «podido localizar en internet dos de los obsequios: un balón de baloncesto de época regalado por el presidente estadounidense Joe Biden durante una cumbre de la OTAN y varios objetos religiosos entregados por el Papa Francisco, pero de los recibidos en otros encuentros internacionales, no queda rastro».

El solicitante de la información está «decidido llegar hasta las instancias necesarias para esclarecer este asunto», porque «no podemos ser una nación moderna con este tipo de prácticas feudales».