
Tribunales
Peinado acota todas las gestiones que hizo la asesora para Begoña Gómez
La UCO rastreará si Cristina Álvarez realizó o recibió llamadas de las empresas vinculadas a la mujer de Sánchez
El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el «caso Begoña Gómez», quiere conocer todas las gestiones que realizó la asesora de Moncloa, María Cristina Álvarez Rodríguez, para la mujer del presidente del Gobierno. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid la imputó ayer por tráfico de influencias y corrupción en negocios y, a la vez, ordenó a la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil que confirme a qué operador corresponde el número telefónico de la asesora.
Una vez lo diluciden, los agentes deberán rastrear, por directriz del juez Peinado, todo el registro de llamadas de Álvarez desde que es directora de programas de la secretaría general de Presidencia del Gobierno. La intención del instructor es que la UCO le haga llegar las llamadas que pudo realizar o le entraron en su teléfono de personas vinculadas a las empresas para las que trabajó la mujer del presidente del Gobierno. Del Instituto de Empresa, donde encabezó de 2018 a 2022 el Africa Center, y de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde codirigió a partir de 2020 una cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva.
El instructor también quiere ver si hay pruebas de que la asesora gubernamental mantuvo comunicaciones con las compañías que colaboraron con Gómez a nivel profesional. El juez Peinado ordena así buscar si hay llamadas con responsables de las dos patrocinadoras de su cátedra, Reale Seguros y fundación La Caixa, pero también de las grandes empresas que financiaron el software que se desarrolló en ella: Indra, Google y Telefónica. La orden de rastreo de llamadas afecta también a otras que pudiese haber con trabajadores de Arsys, que le dio un dominio a la web de la cátedra, y de Manpower, que participó en una última fase de creación del programa informático. E, incluso, se extiende al grupo empresarial de otro de los imputados en la causa, Juan Carlos Barrabés, por las ayudas públicas que recibió.
En definitiva, Peinado da un paso más y quiere comprobar qué tareas personales desarrolló esta alto cargo para la esposa del inquilino de La Moncloa, además de las ya conocidas. Hasta ahora se ha comprobado que fueron varias las ocasiones en que se encargó de hacer gestiones con la UCM para la mujer del presidente.
El juez busca cuantificar todos los asuntos privados de Gómez que asumió la alto cargo
A Álvarez era a quien se dirigían en abril de 2023 desde la gerencia de la escuela de gobierno de la UCM a la hora de encauzar, por ejemplo, la contratación pública de la elaboración del software. La responsable de la gerencia, María José Sánchez Rosales, envió un correo a la cuenta de Gmail de la asesora para que se encargase de cumplir con que «el pliego de prescripciones técnicas» lo firmase «Begoña». En un siguiente mail, Rosales le insiste, enviándole el pliego de cláusulas definitivo: «Por favor, cuando la tengáis firmada, me la enviáis».
Otros correos que implican a Álvarez en la gestión de asuntos privados para la esposa del jefe del Ejecutivo fueron, de hecho, entregados voluntariamente al instructor por la propia defensa de Gómez. En uno de ellos, se ve cómo el 8 de febrero la asesora le trasladó por mail a la directora de comunicación de Reale, Pilar Suárez-Inclán, el interés de la mujer del presidente en que la aseguradora continuase patrocinando la cátedra. «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», reza el correo que envió Álvarez.
Su papel como asistente personal de Gómez era visible para las personas que se relacionaban profesionalmente con la mujer de Sánchez. El que fuera vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, que estaba al frente de la comisión de la cátedra, confirmó que Álvarez era la persona que siempre acompañaba a Begoña cuando acudía a la universidad y, en su última declaración de enero, llegó a decir al juez que le pidió Álvarez que le enviase a ella los correos sobre asuntos de la cátedra porque «tenía problemas para acceder» a la cuenta de la mujer de Sánchez.
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