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Petróleos de Venezuela: el barril sin fondo de la corrupción chavista

  • Petróleos de Venezuela: el barril sin fondo de la corrupción chavista
Caracas.

Tiempo de lectura 4 min.

22 de mayo de 2019. 04:01h

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Víctor Amaya Caracas. 22/5/2019

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha sido considerada "la gallina de los huevos de oro" del país suramericano desde que nació en 1973 cuando Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria del crudo.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder, la estatal aportaba el 84% de los ingresos nacionales de un país que se insistía -aunque falsamente- era "monoproductor", vendiendo el barril de crudo en 11 dólares.

Chávez impulsó una nueva Ley de Hidrocarburos, en 2001, firmó acuerdos de cooperación energética con Cuba (para entregar crudo hasta por 100 mil barriles diarios pagaderos en trueque), y destituyó a los gerentes de Pdvsa ocasionando su primera gran crisis política, y la que lo condujo al golpe de Estado que lo removió del poder por algunas horas en 2002.

Reinstalado en Miraflores y superado el escollo en 2004 -el barril ya se cotizaba en 32 dólares-, Chávez nombró a Rafael Ramírez como Ministro de Petróleo y luego como presidente de la empresa. Fue el protagonista durante 10 años del manejo de la industria que vivió un aumento de precios hasta los 103 dólares por barril.

La firma Ecoanalítica calcula que Venezuela recibió, entre 1999 y 2014, 960.589 millones de dólares por venta de crudo; un promedio de $56.500 millones anuales durante 17 años. Así, Pdvsa pasó a ser el brazo económico de la diplomacia chavista por el continente, y también fue convertida en una compañía alimentaria e inmobiliaria, participando como sustento fundamental del impulso estatista. Por ejemplo, en 2009 la empresa producía tres millones de barriles diarios de petróleo, controlaba 33% de la producción lechera del país, elaboraba 200 mil litros de jugos naturales y hasta se hizo propietaria de una empresa de aceite para cocinar.

La avalancha de dinero elevó la dependencia a niveles insospechados -en 2014 el 96% de los ingresos nacionales fueron aportados por Pdvsa- y estuvo marcada por mala administración, pérdida de fondos y no pocos escándalos de corrupción. Los exministros de Chávez Jorge Giordani y Héctor Navarro estiman que del billón de dólares que ingresó Venezuela durante la bonanza petrolera, unos 300 mil millones fueron malversados.

Casos de corrupción han sido denunciados con participación directa o indirecta de Rafael Ramírez, y del propio Hugo Chávez. Entre las denuncias figuran tramas de lavado de dinero aprovechando el control de cambio impuesto desde 2003 en el país, sobrefacturación en construcciones y procura de equipos para la industria, contrataciones de aseguradoras pertenecientes a familiares y amigos del ministro, firma de contratos para supuestas asesorías como mecanismo para entrega de dineros, financiamiento de

campañas electorales con comisiones directas, pago por equipos nuevos a cambio de aparatos vencidos o chatarra, entrega de comisiones por acuerdos financieros para proyectos energéticos nunca desarrollados, y un largo etcétera sin contar el contrabando de combustibles del país con la gasolina más barata del mundo hasta mercados fuera de las fronteras.

Entre los mencionados, además de Rafael Ramírez, se cuentan Diego Salazar, primo de este; Carlos Malpica Flores, extesorero de Pdvsa y sobrino de Nicolás Maduro; y el exviceministro Nervis Villalobos, investigado también en España; entre al menos 67 personas involucradas a distintos esquemas de corrupción detectados.

Desde el propio chavismo han salido acusaciones: se han encarcelado al menos a 27 exgerentes de la industria y otros tantos han sido acusados, mientras se afirma que las pérdidas registradas son superiores a los 200 millones de dólares, según el Ministerio Público que controla el partido de gobierno.

Quizá el caso más emblemático es el de la Banca Privada de Andorra (BPA), donde a través de unas 40 empresas fantasmas se legitimaron 4.200 millones de Euros provenientes de Pdvsa, pagados como sobornos a cambio de facilitar contratos con el Estado.

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