El PP pide la anulación de los contratos para el uso de lenguas cooficiales en el Congreso por "fraude de ley"

El PP ha presentado un recurso de reposición ante la Mesa del Congreso para anular los 12 contratos que adjudicó la Cámara Baja para contratar los servicios de traducción de las lenguas cooficiales (catalán, euskera, gallego...) al castellano porque considera que se ha vulnerado "manifiestamente la normativa sobre contratación pública", según el escrito de los populares firmado por Cuca Gamarra. Cabe recordar que el Congreso ha contratado servicios de traducción para poder hacer uso de las lenguas cooficiales, que ahora ya se pueden utilizar en la Cámara Baja tras la reforma del Reglamento.

La normativa sobre contratación pública indica que son contratos menores los que tienen un valor inferior a 15.000 euros y estipula que "no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan". En este sentido, para los populares, el Congreso sí que ha vulnerado este precepto (artículo 99.2 de la Ley de Contratos del Sector Público) porque los 12 contratos firmados se tramitaron por un valor de 14.999,99 euros (un céntimo menos del límite fijado), pero todos ellos tenían la misma finalidad y, por tanto, entienden que ha habido fraccionamiento: "El servicio de interpretación que se adjudica es el mismo y todos contienen idénticas condiciones de ejecución".

"Es evidente la unidad funcional de todos ellos", señalan los populares, acusando al órgano de contratación del Congreso de tramitarlo como "contrato menor para poder llevarlos a cabo eludiendo cualquier procedimiento competitivo de adjudicación y vulnerando con ello los principios de concurrencia, publicidad y transparencia que debe regir en la contratación pública".

Es más, los populares citan dos precedentes que fundamentan su escrito ante la Mesa del Congreso: la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación determinó que "si el objeto del contrato es único y se divide en diversos expedientes habrá fraccionamiento indebido", y la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado fijó que para que un contrato sea calificado como menor no debe ser modificado de forma fraudulenta y el contratista no debe haber suscrito más contratos menores que superen el umbral establecido.

"De esta manera, se perjudican de forma grave los intereses generales porque se impide encontrar una forma de prestación del servicio que sea lo más beneficiosa económicamente posible para el erario público", exponen los populares, ya que con el mecanismo de adjudicación usado se impide que haya competencia entre empresas para contratar a la que mejor preste el servicio.

Lo cierto es que el Congreso quiso tramitar las adjudicaciones lo más rápido posible para poder usar las lenguas cooficiales ya en los plenos del 19 y del 21 de septiembre, sesiones parlamentarias en las que precisamente se reformaba el reglamento de la Cámara Baja para habilitar la utilización de los idiomas autonómicos. Y con esas prisas, el PP considera que se ha producido "fraude de ley" porque se ha usado un mecanismo de adjudicación para hacerlo por la vía más rápida posible, pero que no se ajusta a la legalidad. "El órgano de contratación podría haber elegido distintos procedimientos de adjudicación entre los que prevé la Ley para disponer de los servicios de traducción que fueran necesarios; prueba de ello es el mecanismo contractual seguido por el Senado para la contratación de los servicios de interpretación", señalan los populares.

Ante esta situación, el PP solicita la anulación de la adjudicación, declarando la nulidad de los contratos suscritos, así como la suspensión de la ejecución de todos ellos hasta que se resuelva el recurso. Los populares también precisan que si la Mesa del Congreso no puede resolver la petición porque la cuantía de los contratos supera los 100.000 euros, dan por interpuesto también el recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales.