Pide incluir a Casa Real, partidos y agentes sociales en la ley transparencia

El PSOE quiere que la Casa Real, los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y todas las entidades y empresas que se financien al menos en un 40 por ciento a través de fondos públicos estén sujetas a lo que se establezca en la futura ley de transparencia.

Se trata de uno de los puntos de una de las propuestas de resolución que los socialistas han presentado derivadas del debate sobre el estado de la nación, que también plantea reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer procedimientos preferentes y sumarios en los delitos de corrupción política.

Introducir un régimen especial en esa misma ley para la aplicación o denegación de sentencias de conformidad en los casos de corrupción, así como prohibir las donaciones de personas jurídicas o empresas a los partidos son otras de las sugerencias del grupo socialista que se debatirán en el pleno del Congreso el próximo martes.

En cuanto a la ley de transparencia, el PSOE es partidario de que se incorporen a la relación de sujetos obligados a hacer públicos sus presupuestos, cuentas y balances la Casa Real, los partidos y los gentes sociales, así como todas las organizaciones, entidades o empresas que dispongan de financiación pública equivalente al menos al 40 por ciento de sus ingresos.

Las propuestas han sido presentadas en rueda de prensa por la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, quien ha señalado que el acuerdo con el PP en materia de lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia está difícil mientras ese partido y su presidente, Mariano Rajoy, también jefe del Ejecutivo, no den explicaciones sobre el caso Bárcenas.

No se puede intentar un acuerdo para el futuro "intentando tapar"el presente, se ha quejado Rodríguez, para recordar a renglón seguido que el PP ha pedido hasta en dos ocasiones el sobreseimiento del caso Gürtel, en el que está personado.

Con todo, ha subrayado que la propuesta del PSOE incluye numerosos puntos muy concretos, que el Gobierno podría aprobar con rapidez si tiene voluntad.

La creación de una comisión de expertos independiente para elaborar un diagnóstico sobre la corrupción y ofrecer soluciones está recogida entre las medidas aportadas por los socialistas, que abogan igualmente por la reforma del Código Penal para aumentar las penas privativas de libertad o multas en casos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o delitos urbanísticos.

Del mismo modo, quieren que se incrementen los plazos de prescripción de todos ellos.

Otras apuestas de los socialistas son reformar la ley del Tribunal de Cuentas para que tenga la obligación de fiscalizar las cuentas sometidas a su control en el ejercicio siguiente; acabar con las donaciones de empresas y personas jurídicas a los partidos; crear una oficina anticorrupción en la administración y atribuir a la Audiencia Nacional todos los casos de corrupción política.

Junto a estas reformas legislativas proponen modificar la Ley de Contratos del Sector Público a fin de prohibir adjudicaciones a empresas condenadas por corrupción o que no se puedan fraccionar contratos para eludir los requisitos de publicidad.

Como ya avanzaron hace unos días, quieren también que se homologue la publicación de las declaraciones de renta y patrimonio de todos los cargos públicos y de las cuentas de los partidos.

Los socialistas han presentado resoluciones para paralizar los desahucios mientras se aprueba la nueva normativa: sobre educación y sanidad, a fin de garantizar la sostenibilidad de estos servicios públicos; medio ambiente y desarrollo rural; igualdad de género; energía, y perspectivas financieras y UE, entre otras.

En materia social, han aprovechado una de sus propuestas para pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Los socialistas han planteado también la creación inmediata de una ponencia en la Comisión Constitucional del Congreso para estudiar la reforma de la Carta Magna y avanzar con ello en el sistema federal del Estado y para que la sanidad se establezca como un derecho fundamental.

Rodríguez ha explicado en la misma comparecencia que una de las resoluciones recuerda al Gobierno el compromiso de negociar con los grupos la futura ley de acción exterior y ha advertido de que, si no es así, el PSOE romperá el actual consenso en política exterior.

Un pacto nacional contra la pobreza, que recoja un fondo dotado con 1.000 millones de euros (400 para ayuntamientos, 400 para comunidades y 200 para ONG) es otra de sus propuestas.

Los socialistas piden además que se rescindan los conciertos educativos con los centros que segregan por sexos en las aulas; que se cambie el modelo productivo; que se haga una ambiciosa reforma fiscal, y que se elabore un nuevo plan del carbón 2013-2018.