Villafuel, empresa epicentro de una presunta trama de corrupción por un millonario fraude en el sector de los hidrocarburos, ha pedido al magistrado Santiago Pedraz que cite como testigos a Marc Pons -quien fuera jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera- y de Juan Ignacio Díaz Bidart -jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto-, entre otros.

La firma, a la que se le atribuye un fraude del IVA superior a los 200 millones de euros, quiere que ambos aclaren si jugaron algún papel determinante en la concesión de la licencia de operadora que obtuvo la mercantil de Claudio Rivas y Víctor de Aldama. Precisamente este último, con motivo de su colaboración con la Justicia, desveló que Koldo García medió para que el propio Rivas y otros implicados en los hechos se reunieran con Bidart en el Ministerio para acelerar el trámite.

Cabe recordar que Aldama reconoció -y así lo atestigua la Guardia Civil- que pagó 10.000 euros al mes al que fuera asesor de José Luis Ábalos para que le facilitara actuaciones en la Administración, siendo una de ellas la concesión del título de Villafuel. Sin embargo, la compañía ahora ha solicitado al instructor que les cite como testigos, junto también con dos técnicos que contrató Villafuel para la "redacción, supervisión y presentación del proyecto" para desempeñar como operadora.

Las gestiones en Industria

En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la compañía sostiene que la petición de citar a Pons se justifica en que fue parte del equipo de la actual vicepresidenta de la Comisión Europea y que, por lo tanto, intervino "en el proceso de obtención por parte de Villafuel de la licencia de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos". En lo que respecta a Bidart, que ya declaró como testigo en el caso Koldo en el Tribunal Supremo, sostiene que tendría que aclarar si existió "una mediación institucional o un simple trámite administrativo". "Es decir, si la intervención obedeció a una mera gestión formal del gabinete", alegan.

Cabe recordar que Hazte Oír, que ostenta la dirección letrada de las acusaciones personadas en el procedimiento, ya solicitó la testifical de Pons para que aclarase si, como asegura Aldama, hubo gestiones extraoficiales para conseguir acelerar la concesión de la licencia gracias a la cual Villafuel habría cometido el fraude millonario que le atribuye tanto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la Fiscalía Anticorrupción.

En el caso de Pons figuran además unos wasapps que se habrían intervenido a Koldo que constatarían una conversación entre ambos la cual tendría que ver con los trámites relacionado con Villafuel. En ese sentido, los mensajes incautados a Aldama y al asesor de Ábalos también son relevantes. De los mismos se desprende que, en un primer momento, el Ministerio de Industria les rechazó la solicitud, tal y como consta en los mensajes intercambiados el 9 de diciembre de 2021. "Denegado el título de Villafuel de operador. Esto va a traer problemas. Y muy serios", le dijo Rivas a Aldama.

Una licencia bajo sospecha

En los días posteriores Rivas trasladó al empresario que iban a pedir una "reunión urgente en el Ministerio", dando a entender que tenían línea directa con la Administración. Durante los meses siguientes Villafuel presentó todos los documentos necesarios y, finalmente, en septiembre de 2022, se le concedió la licencia. La Fiscalía Anticorrupción expuso en la querella que interpuso en la Audiencia Nacional que el Ministerio de Ribera habría dado el visto bueno pese a que la compañía no cumplía con todos los requisitos necesarios. Además, dijo que el aval del Gobierno fue el que permitió a Villafuel impulsar su dinámica defraudadora.

Con todo, y en lo que respecta a la reunión que tuvo lugar a finales de 2020 en Industria, la existencia de la misma no solo ha sido confirmada por Aldama. El propio Bidart terminó reconociendo en el Tribunal Supremo que en plena pandemia se produjo esta reunión en el Ministerio de Industria que buscaría acelerar los trámites para Villafuel. En el encuentro participó también Carmen Pano, la empresaria que asegura que llevó 90.000 euros en bolsas a Ferraz. Pano también ratificó la existencia de dicha cita.

No se descartan más imputaciones

Mientras tanto, el magistrado instructor ha prorrogado medio año más la causa, con el criterio favorable de la Fiscalía Anticorrupción. Pedraz razona que todavía quedan varias diligencias pendientes de practicar. Entre ellas, la recepción de varios informes de la Guardia Civil sobre los registros practicados tras el estallido del caso en octubre del año pasado o del análisis de los terminales telefónicos incautados a Pano, Rivas y Aldama, entre otros.

Del mismo modo, están pendientes de analizar la documentación recibida como resultado de las órdenes europeas de investigación libradas a Portugal. Además, se han nombrado en auxilio judicial a funcionarios de la Agencia Tributaria para poder acotar las cuantías defraudadas a la Hacienda Pública, aunque la Guardia Civil estimó que la cifra superaba los 220 millones de euros. Igualmente, están pendientes de tomar declaración a varios investigados y también a testigos que desfilarán por sede judicial la próxima semana. Entre ellos destacan la secretaria de Aldama, tal y como informó este medio.

"Para el buen fin de la instrucción queda pendiente de cumplimentar varias diligencias de investigación cuyo avance irá determinado muy seguramente, como se ha indicado, la práctica de nuevas diligencias e, incluso, nuevas imputaciones", sostiene el instructor.