El plan del PP: de un «banquillo» en el Senado al banquillo del Supremo

Al fin hay una fecha encima de la mesa. 30 de octubre. Por primera vez en la historia de la democracia, un presidente del Gobierno en activo se sentará en el «banquillo» de una comisión de investigación parlamentaria. En el Senado, fortín del PP, que controla con su mayoría absoluta. Una imagen con la que Génova llevaba jugueteando más de un año y que ha tardado en llegar.

El «momentum» elegido: nada más desvelar la UCO los pagos en metálico a quien era secretario de Organización y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su mano derecha, Koldo García Izaguirre. Un punto de inflexión que, para los populares, acerca la causa a un puerto con el que siempre han soñado: la «financiación ilegal» del PSOE. Una supuesta «caja B».El karma contable.

Alberto Núñez Feijóo ya sabe quién será la persona que someterá a su rival a un tercer grado. Pero no quiere que trascienda, para evitar regalarle una baza. Todo apunta a que el elegido es Alejo Miranda de Larra, el portavoz de la comisión. Un sabueso que, con el paso del tiempo, se ha consagrado por su estilo incisivo y educado al mismo tiempo. Maneja los temas y es un «estudioso».

El interrogatorio estará centrado, en buena medida, en el dinero en efectivo que manejaba Ferraz. El pasado lunes, en una entrevista con La Ser, Sánchez admitió: «Seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones». El PP le requerirá extractos bancarios que demuestren la legalidad de las transacciones.

Así lo señaló ayer la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García: «¿Sánchez aportará los justificantes de esos pagos? ¿El PSOE aportará sus extractos bancarios, que acrediten retiradas de efectivo en alguna de sus centenares cuentas corrientes?».

La dirigencia pepera recuerda que, hasta la fecha, Sánchez apenas ha dado explicaciones sobre la corrupción que anidó en el corazón de su Gobierno y en Ferraz. Salvo aquella rueda de prensa el día en que salió a la luz el informe que se llevó por delante a Santos Cerdán, son contadas sus declaraciones. La intención ahora es intentar vincularle con los presuntos corruptos y, sobre todo, responsabilizarle de sus acciones. Todos los dirigentes del PP insisten en que no se trató de un «caso aislado», ni él era ajeno a lo que pasaba.

De su declaración, aseguran algunos mandos consultados por LA RAZÓN, pueden derivarse algunas acciones judiciales. Además, en el entorno de Feijóo recuerdan que, en la comisión de investigación, Sánchez está obligado a decir la verdad. «No hacerlo implica incurrir en un delito penal. Y nada nos gustaría más que pillarle en una mentira. Por tanto, haría bien en no facilitarnos el tener que llevarle ante los tribunales», ironizan.

Hay quien cree que, al tratarse de investigaciones en curso, optará por hacer mutis por el foro. Justo porque todo lo que diga «puede aportar nuevos elementos a la causa». Este jueves, la portavoz popular puntualizó que pedirán a Sánchez que explique «si una banda criminal se hizo con el PSOE o su partido se convirtió en una banda criminal».

En una rueda de prensa, le señaló como «la X de una trama múltiple de corrupción con epicentro en La Moncloa». Y añadió: «Todo su entorno está bajo sospecha y sólo él pretende quedar impune». También le exigió que, el día que le toque desfilar por el Senado, «se comporte como un presidente del Gobierno» y no repita el papel de Ábalos o Koldo en el Supremo. «No puede callar. No habrá plasma que le salve, relato que le tape ni mentira que le sirva. Deberá responder por lo que ha hecho, permitido y encubierto».