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Plan Moncloa para Cataluña: Ni negociación ni indultos

El entorno del presidente niega las insinuaciones de pactos con los independentistas. La estrategia de Rajoy es «agotarles hasta la extenuación», aseguran desde el Ejecutivo.

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y su mujer, Ana Botella, junto a Manuel Valls y Soraya Saénz de Santamaría en el premio Gregorio Ordóñez 2017
El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y su mujer, Ana Botella, junto a Manuel Valls y Soraya Saénz de Santamaría en el premio Gregorio Ordóñez 2017larazon

El entorno del presidente niega las insinuaciones de pactos con los independentistas. La estrategia de Rajoy es «agotarles hasta la extenuación», aseguran desde el Ejecutivo.

«Que vuelvan a la ley, y después, todos a la normalidad». Moncloa no se sale de esta declaración de principios cuando se pregunta por «el plan Moncloa» al que se refirió el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en su desahogo telefónico con el ex conseller Toni Comín, en el que dio por muerto el «procés». La «normalidad» para Mariano Rajoy es que la política «siga su curso y los tribunales, el suyo». El presidente del Gobierno no se plantea sacarse cartas de la manga para negociar con el nuevo Gobierno catalán, si llega a constituirse, que rompan con la agenda que tiene abierta con las otras comunidades autónomas, aclaran fuentes de Moncloa. Sí ha decidido retener la negociación sobre la financiación autonómica y la próxima Conferencia de Presidentes a la espera de que haya Gobierno catalán y poder tener el gesto con el nuevo presidente de la Generalitat de plantearle que participe en el diálogo multilateral. Pero para llegar a ese supuesto tienen que darse antes varias condiciones, y la primera de ellas es que el acuerdo independentista se sostenga en una candidatura sin causas judiciales sobre ella y que respete la ley.

El «plan Rajoy» es seguir «la misma estrategia» que hasta ahora, con la negación tajante de que pueda haber intercambio de «cromos» ni «indultos» que echen por tierra el trabajo de los tribunales y de las Fuerzas de Seguridad del Estado. «El Estado en su conjunto ha reaccionado contra una operación de derribo. Y aquellos que han puesto en peligro la democracia tendrán que responder por ello. La política no tiene nada que decir en eso», añaden fuentes gubernamentales. Desde sectores independentistas han estado filtrando estos últimos días la teoría de que hay conversaciones y contactos entre miembros de ERC y el Gobierno. Negados tajantemente por Moncloa, mientras que el PP ha precisado que lo único que ha habido son «mensajes de pasillo», informales, como los hay entre todos los partidos, pero «sin ningún valor como negociación de nada». Estas filtraciones entran también dentro de la guerra que se libra en el independentismo, entre ERC y Puigdemont. Pero al margen de batallas en el soberanismo y de mensajes que puedan fluir, en la política de Rajoy no habrá sorpresas en relación a Cataluña en lo que queda de Legislatura, subrayan fuentes solventes. «Y tampoco hay que esperar que un Gobierno del PP futuro se salga del guión actual, ni en negociaciones ni en reformas de la Constitución ni tampoco en lo que afecta al respeto a las decisiones de la Justicia».

En Moncloa ponen precisamente en valor que la política de Rajoy ha servido para «acogotar el desafío a la legalidad del independentismo hasta la extenuación». «Lo más importante es lo que se ha hecho. Estar a todas y tomar las decisiones que nadie se había atrevido a tomar. El 155, cese del Gobierno, recurrirlo todo», describen gráficamente.

Y ése es el guión de futuro. La posibilidad de que en el diálogo bilateral con un nuevo Gobierno independentista vuelvan a entrar aquellas 45 reivindicaciones de Puigdemont, sin el referéndum ilegal, puede volver a estar de nuevo encima de la mesa. Pero Moncloa no quiere anticipar ningún escenario político porque todo dependerá de la actitud del nuevo Gobierno catalán. Y hay escepticismo sobre la disposición a colaborar de quien se ponga al frente del mismo. Los procedimientos judiciales en marcha van a seguir condicionando la estrategia y la agenda del independentismo, dificultando, además, abrir una nueva etapa, admiten en el Ejecutivo central, y es «difícil que si hay un nuevo Gobierno de la Generalitat, al frente no esté alguien señalado por Puigdemont». Por eso, el «plan» de Rajoy es no apartarse del camino que ha seguido hasta ahora y no hay margen, según coinciden en señalar en su entorno, para sorpresas ni golpes de efecto. El golpe independentista ha alimentado también la tensión fuera de Cataluña y el inminente contexto electoral dificulta además que pueda haber movimientos que se salgan de la «normalidad». Tanto el PP como el PSOE son conscientes de que jugar con el tema catalán sólo puede traerles disgustos fuera de Cataluña si se interpreta que están haciendo concesiones al independentismo. Y más con la presión constante de Ciudadanos (Cs) encima de sus cabezas. Por eso el objetivo es que el tema territorial pase como sea a un segundo plano, y el presidente del Gobierno cuenta con seguir teniendo a su lado el respaldo de las dos fuerzas constitucionalistas. «Los desmarques los paga la oposición, no el Gobierno», es la confianza que tienen en Moncloa.

Rajoy cree que el independentismo está obligado a hacer una revisión estratégica, programática y de liderazgos, que costará mucho tiempo mientras se aclara el panorama judicial. Pero que en política no es que ya no haya espacio para la vía unilateral, sino que tampoco cabe aceptar nuevos pulsos que rompan con el equilibrio territorial. La financiación autonómica es el tema que está más abierto, y en el que Rajoy espera que vuelva a sentarse el nuevo presidente de la Generalitat, pero «para discutir con todos», apostillan en Moncloa. Ahora la atención está puesta en cómo se resuelve el pulso de ERC y Puigdemont. La tesis del Gobierno es que si ganan los republicanos habrá más margen para el diálogo, aunque no lleve a ninguna parte. Pero el triunfo de Puigdemont es el «triunfo de la vía unilateral y unas nuevas elecciones las carga el diablo».

El recurso ante el Tribunal Constitucional que frenó la investidura telemática fue una decisión «arriesgada», pero de la que el presidente del Gobierno está personalmente satisfecho. «Se volvería a hacer», aseguran desde Moncloa. El recurso ha sido agitado fuera y dentro del Ejecutivo contra la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pero la decisión ha sido bendecida por el líder del Ejecutivo, ya que comparte la tesis de la vicepresidenta de que «por encima de los intereses personales o de partido, están los intereses de España».