La reforma penal del PP: hasta diez años de prisión por declarar la independencia y cinco por un referéndum

La respuesta del PP a la amnistía no se limita a presentar una enmienda a la totalidad para tratar de tumbarla, sino que va más allá y plantea una propuesta alternativa que incluye una reforma del Código Penal para «rearmar» al Estado tras el «debilitamiento» que ha sufrido con Pedro Sánchez por sus cesiones al independentismo. Los populares consideran que la supresión del delito de sedición o la suavización de la malversación han dejado al Estado en una situación de indefensión ante eventuales desafíos a la legalidad del independentismo y eso les ha impulsado a presentar una reforma penal, que consiste en la introducción de un nuevo delito en el Código Penal de Deslealtad constitucional.

Dentro de esta nueva figura jurídica, que quedaría incorporada con la creación del Capítulo VII en el Título XXI del Código Penal (de los Delitos contra la Constitución), el PP tipifica explícitamente como delito las declaraciones de independencia y la celebración de un referéndum. Además, también incluye la posibilidad de «disolver» partidos o entidades políticas (en un aviso a las formaciones independentistas, sea Junts, ERC o la ANC) que sean responsables de la comisión de alguno de esos dos delitos.

El nuevo delito de Deslealtad constitucional estaría regulado por cuatro artículos en el Código Pen: en concreto, el artículo 544, que castiga con las penas de prisión de cinco a diez años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años a la autoridad, funcionario público, diputado, senador o miembro de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma que, «fuera de los cauces legales», declare «la independencia de una parte del territorio nacional» o realice» «actos dirigidos a que sea efectuada dicha declaración o que la propicien»; el artículo 545, que castiga con las penas de prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial de uno a cinco años a los que convoquen o realicen actos dirigidos a la celebración de un referéndum; el artículo 546, que castiga los «actos preparatorios» de una declaración de independencia o referéndum; y, el artículo 547, que estipula que si una persona jurídica (es decir, partidos u organizaciones políticas) es «responsable» de esos delitos, se impondrá la pena de disolución o suspensión de actividades de seis meses a cinco años (en caso de que colaboren en el esclarecimiento de los hechos y la restauración del orden constitucional).

De esta manera, los populares hacen una propuesta legislativa alternativa a la amnistía: el texto, según ha defendido este miércoles el portavoz Miguel Tellado, busca «rearmar al Estado y fortalecer la democracia». «Pedro Sánchez ha dejado a los independentistas con las manos libres para volver a hacerlo y los independentistas dicen que eso es precisamente lo que pretenden. Nuestro objetivo es frenar y revertir el daño que los socialistas e independentistas están haciendo a las instituciones de nuestro país. La ley de amnistía trata de reescribir la historia reciente de España», ha señalado, haciendo referencia a la reforma del Código Penal de diciembre de 2022 que incluyó la supresión de la sedición (delito por el que fueron condenados los máximos responsables del «procés») y la reforma de la malversación.

La enmienda a la totalidad del PP se debatirá previsiblemente en el Pleno de la semana que viene, que se celebrará el miércoles. La sesión plenaria es extraordinaria porque está fuera del periodo de sesiones (aunque este mes de enero se ha habilitado) y se prevé tensa tras la propuesta que han hecho los populares. El calendario también es objeto de crítica por parte de los populares porque creen que el PSOE ha impuesto una «tramitación exprés» para quitarse esta carpeta tan impopular cuanto antes (se prevé que, para primavera, esté ya aprobada y entre en vigor) y denuncian que se esté tramitando «con cierta nocturnidad» porque ha coincidido con la Navidad, fechas en las que los ciudadanos desconectan más de la actualidad política.

El PSOE aduce que ha cedido al independentismo con la amnistía en «busca de la mejora de la convivencia» en Cataluña, mientras que el PP rebate que es una «burda compra de votos» para conseguir el apoyo de Junts y ERC para gobernar. «Es inconstitucional», ha señalado Tellado, citando a asociaciones y expertos juristas y al PSOE: «Lo decía todo el PSOE hasta el 23 de julio».

Tellado ha advertido de que la enmienda a la totalidad «no es ningún final» en la estrategia de oposición a la ley de amnistía, sino el «punto de partida de una actividad social y política» que va a desplegar el PP. Es decir, los populares van a ir más allá: durante la tramitación, también tendrán la posibilidad en el Senado de obstaculizar la ley porque pueden alargar hasta dos meses el recorrido en el Senado y pueden convocar a expertos juristas o autoridades (como al comisario de Justicia Didier Reynders) para que se pronuncien y «retraten» la norma con críticas. De hecho, el portavoz de los populares ha hecho énfasis en que la «hoja de ruta» del partido este año va a ser volcar todos los esfuerzos en «detener la profunda degradación institucional» que está causando el PSOE por sus pactos y cesiones al independentismo para gobernar.