Podemos tendrá que pagar las costas judiciales por su demanda a Aguirre

Podemos, la formación que lidera Pablo Iglesias, recaudó el pasado julio más de diez mil euros para la interposición de una demanda contra la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, después de que ésta publicara en su blog un vídeo en el que manifestaba que ese partido «está con el chavismo, con el castrismo y con ETA. Y lo demás es palabrería» y que Podemos había recibido 3,7 millones de euros del Gobierno de Venezuela. Ahora, parte de ese dinero bien puede ir a pagar las costas judiciales, pues Podemos ha sido condenado a abonarlas, «si las hubiere», porque el acto de conciliación que se tenía que celebrar el pasado lunes no se llevó a cabo porque su representación se presentó en el juzgado sin los «poderes» que acreditaran que podían actuar en nombre del partido de Iglesias. En la demanda de conciliación, Podemos pedía que se condenara a Esperanza Aguirre por el concepto de tasas judiciales 1.500 euros.

En un decreto dictado ayer por el Juzgado de Primera Instancia , al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se pone de manifiesto que en el citado acto de conciliación –previo a la exposición de la demanda en sí y su posterior resolución–, el representante legal de Podemos no compareció «con la documentación acreditativa de ostentar tal condición», y que transcurrió el plazo otorgado para esa subsanación, aportar el «poder para pleitos con los requisitos legales», sin que ello ocurriera.

Sí acudió al acto citado Aguirre, su abogado, José Carlos Velasco, y el procurador, con los poderes de representación necesarios. La defensa de Aguirre solicitó en ese acto de conciliación, que resultó finalmente fallido, la condena en costas de Podemos, cuyo número 2, Juan Carlos Monedero también estuvo presente en el mismo.

Lo que sí aportó la formación de Pablo Iglesias fueron sus estatutos, que han sido analizados por el juzgado para determinar si en los mismos se designaban a personas determinadas para representar a esa formación en ese tipo de actos judiciales. La conclusión a la que se llega es clara: no consta en ellos «el nombre de persona alguna que ostente su representación legal y/o procesal mediante tal documento», es decir, en los estatutos del partido.

Por todo ello, el juzgado da por «intentado sin efecto» el acto de conciliación, y, de acuerdo con el artículo 469 de la Ley de Enjuciamiento Civil, se impone las costas, «si las hubiera, ya que la presencia de abogado y procurador no es preceptiva en estas actuaciones», a la parte conciliante, o, lo que es lo mismo, a Podemos.

Ahora, esta formación, que, según confirmaron a este periódico fuentes jurídicas, envió ayer de nuevo los estatutos, pero ya protocolizado, dispone de un plazo de cinco días para interponer recurso de revisión contra esta resolución.

En todo caso, es necesario, el Decreto de la secretaria judicial deja claro que esta decisión no tiene efecto de cosas judiciales, por lo que Podemos puede volver «a reproducir su pretensión», es decir, solicitar de nuevo un acto de conciliación; algo que, previsiblemente, puede suceder.

En la demanda de conciliación, Podemos reclama a Esperanza Aguirre 100.000 euros de indemnización, por los «daños morales y los perjuicios causados en su honorabilidad», al considerar «manifestaciones injuriosas» las vertidas por la presidenta del PP de Madrid en su blog; una cantidad que, se especificaba, se fijaba «sin perjuicio de su ulterior valoración». Y, junto a esa indemnización, también reclamaba el pago de 1.500 euros en concepto de «pago de las costas del presente acto de conciliación».

Una vez que finalizó el acto del pasado lunes, Aguirre señaló que no tendría inconveniente en llegar a una conciliación con Podemos, siempre que desde la formación dijeran que «están contra ETA, contra el régimen venezolano, que tiene en la cárcel al jefe de la oposición, y contra Castro», el dictador cubano.