El Poder Judicial se defiende de los ataques a su independencia por parte del Ejecutivo

El malestar entre los distintos operadores del Poder Judicial fue más que evidente a lo largo de ayer, tras conocerse las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera en las que acusaba de supuestos intereses políticos al juez instructor de la causa contra «Tsunami Democrátic», Manuel García Castellón.

Precisamente el día anterior, el jueces, se supo que el magistrado había rechazado un recurso de la Fiscalía y reafirmado su decisión de dejar en manos del Tribunal Supremo una posible imputación de Carles Puigdemont y sostuvo que indicios por terrorismo en su contra se habían «consolidado». En la entrevista de ayer en RTVE, Ribera señaló que

Las reacciones de rechazo y condena se sucedieron una detrás de otra, empezando por tres de las cuatro asociaciones de jueces.

Para la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), no es de recibo que un miembro del Ejecutivo «acuse veladamente a un juez de prevaricar» y considera «inaceptable» lo que califica como «ataque permanente a la independencia judicial» por parte de los más altos responsables políticos. El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, señaló que las referencias a una supuesta intención política supone «crear un fantasma» de cara a la ciudadanía y recalcó que con ello se desprestigia a todo el país. Por su parte, Fernando Portillo, de Foro Judicial Independiente (FJI), dijo que los señalamientos públicos sobran. «La ruptura de la convivencia no se produce por la intervención de los jueces», indicó. Fuentes de las asociaciones -con las que el jueves se reunió por separado el ministro Bolaños- expresaron su «sorpresa» a este periódico por el hecho de que las palabras de Ribera se produjeran «solo 24 horas después de que el ministro se comprometiese a defender a los jueces de los ataques», señalaron.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también manifestó su «rotundo rechazo» a lo declarado por Ribera. En una declaración unánime, calificaron sus palabras como «contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea». Además, pusieron el acento en la gravedad de sus expresiones porque «interfieren en una investigación en curso de los hechos». En la declaración consensuada en la tarde de ayer, se recuerda que esta no es la primera vez que desde el Ejecutivo se realizan comentarios de este tipo. Al igual que en esos episodios anteriores, «esta Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional» con el fin de «evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad» de quienes integran el Poder Judicial.

Y es que estas las palabras de Ribera se suman a una polémica reciente, la desatada por la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en el Congreso de los diputados, donde llamó «indecentes» a varios magistrados con nombre y apellidos. Son ataques personalizados, pero los jueces hacen piña y defienden el rol del Poder Judicial para hacer cumplir la ley y defender los derechos de los ciudadanos.

Precisamente ayer, este periódico accedió a una resolución de la Audiencia Nacional en la que se avalaban las diligencias de investigación acordadas por García Castellón en noviembre en la causa de «Tsunami Democrátic». La Sección Tercera, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, calificó de «absolutamente rechazables» las alegaciones de la defensa de Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Puigdemont, sobre «una pretendida motivación política» y descartó que las diligencias fuesen una «respuesta judicial al acuerdo de investidura» entre el PSOE y Junts o «a la proposición de ley de amnistía».