La Policía ve tras el asesinato del juez Querol una decisión "unánime" de la cúpula de ETA

La Policía atribuye a nueve exjefes de ETA –entre ellos el entonces responsable «militar» de ETA Javier García Gaztelu, «Txapote»– la decisión «colegiada» y «unánime» de la campaña de atentados que llevó al asesinato del magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Francisco Querol el 30 de octubre de 2000 en Madrid. En un voluminoso informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la Comisaría General de Información señala además a otros tres etarras (Ana Belén Egües, Gorka Palacios y Juan Luis Rubenach) como autores materiales del atentado con coche bomba –en el que también fueron asesinados su escolta y su chófer, además de un conductor de autobús– y a otro más (Oier Goitia) como cooperador necesario.

En el documento, de más de 300 folios –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, la Policía detalla que cuando se perpetró el atentado formaban parte del comité ejecutivo o Zuba de ETA nueve dirigentes terroristas: «Txapote», Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica («aparato militar»); Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería» y Asier Oyarzábal (logístico); Mikel Albisu, «Mikel Antza», y Vicente Goicoechea (político); Ramón Sagarzazu (internacional) y María Soledad Iparraguirre, "Anboto" (finanzas). Los tres antiguos responsables de los «comandos» están investigados (tras la querella de Dignidad y Justicia contra la antigua cúpula), al igual que los cuatro integrantes del «comando Buruhauste» (cuyo procesamiento pidió la AVT), al que se atribuye el atentado, en la causa en la que se investiga la supuesta responsabilidad de la entonces cúpula etarra en el asesinato del juez Querol. Sin embargo, la Policía no vincula con el atentado a otro de los etarras imputados en este procedimiento, Iván Apaolaza.

Según los autores del informe, el «comando Buruhauste» (una de las denominaciones del «comando Madrid») fue el encargado de «desplegar la estrategia militar planificada por ETA en la capital de España durante el tiempo que permaneció activo» (de octubre de 1999 a noviembre de 2001). Lo hizo, reseñan, «siguiendo las instrucciones de sus responsables militares» en ejecución de esa estrategia «diseñada de forma colegiada y unánime por todos los miembros de ETA que conformaban en aquella época su comité ejecutivo».

1.301 miembros de ETA en 2000

El informe incide en que la Zuba ejercía un «control total sobre los actos de sus militantes» –que en esas fechas, precisa el informe policial, sumaban 1.301, de ellos 517 en activo y 514 presos–, decidiendo «dónde, cómo, cuándo y con quién realizaría sus funciones o viviría», algo que –deja claro– afectaba «a todos los miembros de la organización», incluidos los presos y los huidos y «por supuesto a los que estaban en activo». Porque en ETA, recalca la Policía, «regía una férrea disciplina» para evitar traiciones y deserciones, hasta el punto de que su estructura era «muy cerrada y casi de naturaleza militar».

«Cada miembro de ETA dependía de un responsable –explica– y ese de otro superior, en una cadena piramidal» en la que las órdenes de cada responsable «se acataban en la convicción de que no se trataba de una orden personal, si no que se respondía a un plan elaborado por la cabeza de la organización, esa comisión directiva que era el comité ejecutivo o Zuba».

La Comisaría General de Información sostiene que fueron los máximos responsables de ETA en ese momento los que decidieron «la creación del comando Buruhauste para que desarrollase su actividad criminal en Madrid desde finales de 1999 hasta que fue desarticulado» el 6 de noviembre de 2001. Además de determinar la línea estratégica «política y militar», añade, también asumían «el diseño, la planificación, la coordinación, dirección y en ocasiones también la orden o autorización de realizar los atentados terroristas» que ejecutaban los «comandos» operativos.

"Un mero instrumento"

Eran, por tanto, «conocedores, gestores y directores de la actividad de los comandos de forma colegiada y, por tanto, corresponsables de su accionar armado terrorista». Lo que convertía a los miembros de ETA en «un mero instrumento en manos de la organización», pues toda su actividad orgánica, e incluso su vida personal, estaba «diseñada, dirigida y planificada» por los integrantes de la Zuba, que tenían por tanto «pleno dominio sobre la militancia».

Para la Policía no hay duda de que el atentado contra el juez Querol fue obra del «comando Buruhauste», que era «el único que operaba en Madrid en octubre de 2000», y de que los autores materiales fueron Rubenach, Ana Belén Egües y Gorka Palacios, llevando a cabo Oier Goitia «actos preparatorios necesarios».

El informe policial remitido al juez Pedraz recalca que casi nada de lo que ocurría en el seno de ETA era «fruto de decisiones personales o aleatorias». Era la Zuba la que coordinaba la campaña de atentados e indicaba y priorizaba los objetivos. «El control de todo lo que sucede y cualquier actuación está en manos de los miembros del comité directivo», encargado «de forma colegiada y solidaria» de la toma de «cada una de las decisiones».

Por otro lado, la Policía considera que la declaración de la etarra Ana Belén Egües sobre la autoría del atentado «goza de plena veracidad».