La Policía comunicó a Begoña Gómez su condición de investigada el mismo día que Pedro Sánchez amagó con dimitir

La Policía Judicial comunicó el pasado 24 de abril a Begoña Gómez, a través de su abogado, su condición de investigada en el procedimiento en el que se intenta esclarecer la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la admisión a trámite de la denuncia interpuesta por Manos Limpias. Ese mismo día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez amagó con dimitir y abrió sorpresivamente un periodo de cinco días de reflexión para sopesar una posible renuncia. La reacción del jefe del Ejecutivo se conoció horas después de que trascendiera que el juez Juan Carlos Peinado había admitido la denuncia de Manos Limpias, aunque el instructor acordó la medida varios días antes, el 16 de abril, tal y como consta en el sumario del "caso Begoña Gómez" -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, pues al estar la causa secreta esa resolución no trascendió hasta ocho días después.

Pero las resoluciones incorporadas al sumario revelan que el presidente del Gobierno dio ese paso el mismo día en que la Policía Judicial ejecutó el mandato de Peinado y comunicó a Begoña Gómez, a través de su abogado, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, su condición de investigada.

Así consta en un oficio en el que el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dispone en relación a la parte dispositiva de la resolución judicial, que "se proceda a su notificación a la investigada Begoña Gómez". De hecho, el secretario judicial del juzgado de Peinado, haciéndose eco de su decisión de abrir diligencias, deja claro que "se dirige la investigación contra la persona de Begoña Gómez" como "posible partícipe en los hechos investigados, que pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios, sin perjuicio de que, del resultado de las investigaciones que se lleven a cabo, resulten partícipes otras personas".

Y es que en ese auto, Peinado acordó que se pusiese en conocimiento de la esposa del presidente del Gobierno "la incoación de las presentes diligencias previas, a los efectos de que, si lo estima oportuno, designe abogado y procurador que puedan estar presentes" en las declaraciones de los testigos ya señaladas (los responsables de los medios de comunicación que informaron sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez y su aval por escrito a un empresario que, a través de una UTE, habría sido adjudicatario de dos contratos por valor de diez millones de euros).

Dos días después, la Policía Judicial da cuenta al magistrado de que ha notificado ya a dos testigos su citación y a la esposa del jefe del Ejecutivo, el "testimonio del auto dictado por ese órgano, comunicándole su calidad de investigada en el marco de las diligencias previas", entonces todavía declaradas secretas. Ese mismo 24 de abril, constata, "funcionarios adscritos a esta Unidad procedieron a cumplimentar el mandato judicial recibido", precisando que el testimonio (la entrega de la parte dispositiva del auto del juez) "fue firmado por poderes por el letrado Antonio Camacho". Los agentes, de hecho, adjuntan a ese oficio, ese testimonio convenientemente firmado.

En el sumario también consta un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el que los agentes no aprecian indicios incriminatorios contra Begoña Gómez y en el que refieren que el único indicio que vincula objetivamente a la mujer del presidente del Gobierno con el Grupo Globalia es que coincidió en dos eventos con Javier Hidalgo, exCEO de la compañía, en 2020. Pero el Instituto Armado sostiene que "tampoco se tiene constancia de que estos hitos pudieran estar vinculados a la decisión ministerial" que avaló el rescate de Air Europa, que supuso un desembolso de 600 millones de euros de dinero público.

Y en cuanto a la influencia que pudieron tener las "cartas de declaración de interés y apoyo" firmadas por Begoña Gómez en favor de una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba el empresario Carlos Barrabés a través de la sociedad Innova Next, los agentes no hallan "vinculaciones" entre la cúpula directiva de Red.es, el organismo público dependiente del Ministerio de Economía que adjudicó los contratos bajo sospecha, y la esposa del presidente del Gobierno.