La Policía fulmina a los exjefes de ETA: Miguel Ángel Blanco era «objetivo prioritario» de la cúpula

La Policía señala directamente a la cúpula de ETA por su responsabilidad en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. En un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, la Comisaría General de Información vincula a los exdirigentes etarras Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería»; José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; y Soledad Iparraguirre, «Anboto», con la acción criminal que conmovió a toda España en el verano de 1997. Todos ellos, afirma, habrían participado «de forma colegiada en la toma de decisión» de llevarla a cabo.

A lo largo de160 páginas, el informe –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– concluye que el concejal del PP en Ermua era en esas fechas «objetivo prioritario» de la banda terrorista, que a través de su comité ejecutivo –en el que sitúa a los cuatro exjefes de ETA contra los que se querelló Dignidad y Justicia (DyJ)– había ordenado a sus «comandos», por medio del «aparato militar», que su objetivo primordial era «atentar contra representantes políticos, especialmente del PP». Con esas premisas, señalan los autores del exhaustivo informe, Miguel Ángel Blanco «devino en objetivo de la organización ETA en su totalidad, y no solamente del “comando Donosti“ por ser miembro del Partido Popular para la consecución, bajo el chantaje político y la amenaza de muerte, de la desestabilización del Estado».

La Policía constata (como hizo la Guardia Civil) que entre 1995 y 1998, mientras estuvo en vigor esa campaña de atentados de ETA enmarcada en su «estrategia de desestabilización» –con los políticos en el punto de mira, «destacando» los del PP–, tanto Gracia Arregui (primero al frente del «aparato militar» y después del «logístico») como «Kantauri» (responsable de los «comandos ilegales»), Soledad Iparraguirre (jefa de los «comandos legales», integrados por etarras no fichados por las Fuerzas de Seguridad) y «Mikel Antza» («aparato político») eran miembros del comité ejecutivo de la banda criminal.

Pudieron "haber impedido su asesinato"

Tal y como aseguró García Castellón –y en la línea de lo que defendía en la querella que reabrió la investigación el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias–, la Policía Nacional sostiene que los integrantes de la Zuba o comité ejecutivo d ETA «no dieron la orden de poner en libertad» al edil del PP «cuando estaban en situación de plena conciencia de su posición de mando y teniendo el pleno dominio sobre el actuar de sus “comandos“ armados, en este caso el Donosti, pudiendo haber impedido su asesinato».

Y es que la Comisaría General de Información expresa de forma tajante su convicción de que los terroristas que conformaban la cúpula etarra «tenían la capacidad para decidir la concreta ejecución de una acción terrorista». Pero va más allá al precisar que cuando se trataba de atentar contra «objetivos especiales», la dirección de ETA «tenía que dar su autorización». De ahí que, añade, en cuanto al asesinato de políticos del PP «existió orden expresa a una generalidad de “comandos“, entre ellos el Donosti, que fue responsable directo» del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

El informe policial ahonda en el modus operandi de la banda terrorista y deja claro que la capacidad de elección que tenía un militante de ETA estaba en manos del comité ejecutivo, que ejercía un «total dominio» sobre el terrorista. La dirección, explica, no solo facilitaba los medios necesarios para que las células terroristas pudiesen realizar los atentados, sino que estas actuaban como una «mera herramienta operativa» acatando la «estrategia y objetivos marcados por el órgano directivo».

"Por acuerdo unánime"

Era la propia dirección, por tanto, la que en ocasiones señalaba «los objetivos específicos», aunque «en todo caso los objetivos genéricos eran los que este órgano determinaba según la estrategia decidida, planificada y asumida como más adecuada por todos los miembros del Comité Ejecutivo».

Porque la Policía coincide con lo apuntado por la Guardia Civil en su informe en que en ETA regía una «férrea disciplina» (para evitar traiciones, deserciones y delaciones) que llevaba a la cúpula a ejercer un «control total sobre los actos de sus militantes: dónde, cómo, cuándo y con quién realizarían sus funciones o vivirían». Una estricta supervisión que afectaba «a todos los miembros de la organización».

Y en cuanto al comité ejecutivo en el que sitúa a los cuatro imputados, detalla que «funcionaba de forma colegiada», por lo que las decisiones estratégicas, y en ocasiones las operativas y tácticas (incluida la orden o autorización de realizar atentados), se adoptaban «por acuerdo unánime de todos sus miembros».

En la época del asesinato de Miguel Ángel Blanco, detalla la Policía, la organización estaba estructurada en tres aparatos, «militar, logístico y político», al frente de los cuales sitúa a Gracia Arregui, «Kantauri», «Anboto» y «Mikel Antza».

Objetivo: secuestrar a un concejal del PP

Respecto a «Iñaki de Rentería» los autores del informe aseguran que en 1992, tras la detención de la cúpula de ETA en Bidart (Francia), asumió la dirección del «aparato militar», asumiendo también responsabilidades en el área logística cuatro años después. En la fecha del secuestro y asesinato del edil de Ermua, continúa, sus lugartenientes eran «Kantauri» y «Anboto». A lo largo de 1997, explica, ante la «acumulación de tareas» Gracia Arregui se fue «desatendiendo de los temas militares», que pasó a asumir «Kantauri» porque «ya había adquirido la suficiente experiencia».

Los agentes apuntalan esas conclusiones con declaraciones de varios etarras, documentación interna de la banda criminal y con la «autocrítica o cantada» (escrito en el que se pone al corriente de sus declaraciones a la dirección de ETA) incautada a destacados terroristas como Juan Carlos Iglesias Chouzas, «Gadafi».

Como responsable del «subaparato de ilegales», la Policía considera que «Kantauri» habría transmitido «las instrucciones emanadas de la Zuba al “comando Donosti“ para secuestrar a un concejal del Partido Popular, dando al Gobierno un plazo de 48 horas para que cediera a las exigencias de ETA o, si no se cumplía esa exigencia, asesinarle, extremo que se cumplió en la persona de Miguel Ángel Blanco».