Policía y guardia civil: los "riesgos" de una profesión que Interior no reconoce

El asesinato de dos guardias civiles en Barbate, tras ser arrollados por una narcolancha puso el foco en una reclamación histórica que llevan haciendo guardias civiles y policías nacionales: ser considerados como «profesión de riesgo». El 19 de marzo, de nuevo, guardias civiles perdían la vida en el ejercicio de su profesión. Otra vez los miembros del GAR estaban de luto después de que dos compañeros fueran arrollados en Los Palacios (Sevilla) por un camión de mercancías. Estos son los casos más recientes pero no los únicos. En el recuerdo está el asesinato de Pedro Alfonso Casado «Perico», el jefe de la Unidad Especial de Intervención (UEI), el guardia civil que en su día salvó a Ortega Lara y fue asesinado por «El Chiqui» de Santovenia tras ser alcanzado en la cabeza por un disparo realizado desde la vivienda en la que se había atrincherado.

En 2023 también fallecía un guardia civil de 49 años de la Agrupación de Tráfico en Asturias cuando se encontraba de servicio de protección en una vuelta ciclista tras ser atropellado por un vehículo robado. O, en la zona del Campo de Gibraltar, un inspector de la Policía Nacional de Algeciras (Cádiz), de 33 años, fue arrollado por el coche de un narco en una actuación que tuvo lugar en la zona de Getares. Tras lo ocurrido tuvieron que amputarle un brazo.

Estos son solo alguno ejemplos de lo que supone el ejercido de una profesión a la que el Ministerio del Interior sigue sin reconocer de «riesgo» y, aunque dice que «objetivamente lo es», continúa sin plasmarlo en el papel.

La Real Academia de la Lengua define el «riesgo» como la «contingencia o proximidad de un daño». La Seguridad Social establece diez colectivos a los que considera como «profesión de riesgo» en función de su naturaleza «excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y por el hecho de que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad». Entre ellos se encuentran trabajadores incluidos en Estatuto Minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, artistas –cantantes, bailarines y trapecistas–, profesionales taurinos, bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos. Además, son profesionales de riesgo los policías locales, los miembros del cuerpo de la Ertzaintza, de los Mossos y de la Policía Foral de Navarra; siendo estos dos colectivos los últimos en lograr la calificación.

¿Por qué tiene más riesgo un policía local que un guardia civil? ¿Por qué Alejandro Sanz o David Bisbal tienen más peligro en el ejercicio de su profesión que un miembro del GAR, de la UEI o de seguridad ciudadana?

Y es que el Ministerio del Interior sigue permitiendo el agravio comparativo que existe con el resto de policías autonómicas y locales. El «riesgo» que determina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social permite que esas profesiones consideradas especialmente peligrosas puedan adelantar su jubilación e incluir a policías y guardias civiles supondría un sobrecoste en las cotizaciones.

Por ejemplo, los policías locales cuentan con un coeficiente reductor del 0,20 para acceder a la pensión de jubilación. «En ningún caso» podrán acceder con una edad inferior en 5 años a su edad ordinaria de jubilación, o en 6 años en los supuestos en que se acrediten 37 años de actividad efectiva y cotización. Los policías locales lograron la jubilación anticipada a finales de 2018, con efectos para 2019 en adelante, mediante la aprobación del Real Decreto 1449/2018.

Para la Ertzaintza la edad ordinaria exigida se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años trabajados pero el interesado no podrá acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a los 60 años, o a la de 59 años en los supuestos en que se acrediten 35 o más años de actividad efectiva y cotización.

La Ertzaintza (en el año 2009) logró ya la jubilación anticipada voluntaria mediante la Disposición adicional 20ª de la Ley General de la Seguridad Social, contando con un acuerdo de financiación por parte del Estado de la cuantía anual correspondiente a las cotizaciones recargadas que se deban implantar como consecuencia de la pérdida de cotizaciones por el adelanto de la edad de jubilación y por el incremento en las prestaciones en los años en que se anticipe la edad de jubilación.

Los Mossos d’Esquadra alcanzan la jubilación anticipada mediante un acuerdo por el que se modifica la Ley General de la Seguridad Social, a través de una disposición adicional vigésima bis, añadida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, al igual que la Policía Foral, indican desde el SUP. Dicha ley reconoce que servir durante décadas como agente en un cuerpo policial es enormemente exigente, tanto a nivel físico como mental, que los agentes deberán exponerse a situaciones de peligro y a lidiar con circunstancias que provocan estrés y esa es la razón por la que los funcionarios de los cuerpos policiales mencionados, disfrutan de una jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo.

En enero de 2022 se empezaron a aplicar las mismas condiciones de jubilación en los Mossos que en el resto de policías del Estado, gracias a un acuerdo del Congreso, a través de enmienda presentada por ERC, con 39 millones de euros para Cataluña; pero hubo la excepción para la Policía Nacional y la Guardia Civil, que quedaron fuera de dicho acuerdo.

La diputada del PP en la comisión de Interior, Ana Vázquez, pone también énfasis en la importancia de reforzar el «principio de autoridad», algo que solo puede hacerse mediante la modificación del Código Penal porque, en estos momentos, agredir a un agente de la autoridad sale «barato» ya que algunas agresiones se saldan con una simple «multa de 50 euros». En 2023 se registró una media de 45 agresiones por día (16.762 al año), denunció el CEP ante la UE.

Desde la plataforma «Nuestro corazón por bandera», que une a familiares de guardias civiles y policías ven «sangrante» que quien usa pistola y chaleco antibalas o tiene que equiparse con un traje antiexplosivos de pies a cabeza para ejercer su trabajo no sea considerado aún profesión de riesgo. La portavoz de dicha plataforma en la Comunidad Valenciana, Inmaculada Fuentes, considera que el hecho de que Interior diga que ha montado un equipo de trabajo para estudiar que se reconozca a policías y guardias civiles como «profesión de riesgo» significa que «no van a hacer nada. Es su forma de dilatarlo en el tiempo, como cuando crearon el equipo de expertos en pandemia, y no existía». Además, advierte de que hace unos años los narcos «jugaban» al gato y al ratón con los guardias civiles intentando evitar que les cogieran, pero ahora, se jactan de superioridad de medios y buscan causar el mayor daño.

¿No hay voluntad política?

►La diputada del PP Ana Vázquez asegura que el hecho de que el Ministerio del Interior se niegue a reconocer como "profesión de riesgo" a policías y guardias civiles «no es por dinero, es por voluntad política». Y es que, según queda reflejado en el BOE, el 6 de septiembre de 2023, mientras Pedro Sánchez negociaba una amnistía para los encausados del procès previa a su investidura, se concedían dos subvenciones nominativas a la Generalitat para actuaciones de transición energética en edificaciones y en las flotas de los vehículos de los Mossos d`Esquadra.

Por otro lado, el PP presentó una Proposición No de Ley en la Comisión de Interior del Congreso para reconocer a policías y guardias civiles como «profesión de riesgo» que fue aprobada aunque no contó con el apoyo del PSOE que se abstuvo.

Fuentes del PSOE consultadas por LA RAZÓN aseguran que ellos sí que reconocen que policía y guardias civiles son profesión de riesgo. «No lo son solo a efectos de cotización de pensiones», indican y destacan que a esos efectos ya hay un grupo de trabajo hecho en el Ministerio del Interior para el cambio legal. «Lo que no estamos de acuerdo es en la enésima utilización que el PP hace» de los agentes. Sin embargo, en el Parlamento Europeo, el PSOE y sus socios votaron en contra de concederles este reconocimiento.