Policías denuncian "el engaño y la manipulación" del Gobierno con el nuevo permiso parental

"Queremos alertar a la opinión pública, a los medios y a las instituciones europeas sobre lo que consideramos una operación de manipulación política sin precedentes en materia de conciliación familiar". Con esta declaración de intenciones arranca el comunicado del sindicato policial JUPOL. Y es que, a su juicio, la publicación del Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, el Gobierno de España ha pretendido vender como un "avance social", no es más que un nuevo episodio de maquillaje normativo para ocultar el incumplimiento flagrante de la legislación europea.

Si bien el Ejecutivo ha anunciado a bombo y platillo la ampliación del permiso parental retribuido, los agentes insisten en que no se trata de un nuevo derecho, sino de una ampliación encubierta del permiso por nacimiento (paternidad y maternidad). Así, recuerdan que se ha añadido una semana adicional a disfrutar durante el primer año del menor y otras dos semanas antes de que el hijo o hija cumpla ocho años, todo ello recogido en el artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Y aquí llega lo grave. Esta medida se presenta como si respondiera al cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/1158, que exige un permiso parental retribuido obligatorio, de al menos ocho semanas, independiente del permiso por nacimiento. Esta obligación, incluida por el propio Gobierno en el artículo 49.g) del EBEP, sigue sin estar dotada presupuestariamente ni reconocida económicamente, vulnerando tanto la normativa europea como varias sentencias judiciales que ya han fallado a favor de su retribución.

El Gobierno, "un trilero legal"

"El Gobierno actúa como un trilero legal, moviendo los vasos normativos para que parezca que cumple con Europa mientras, en realidad, el derecho de los trabajadores a la conciliación familiar queda nuevamente pisoteado", apuntan desde JUPOL. De este modo, aclaran que el Ejecutivo de Sánchez amplía semanas al permio por nacimiento y así borra la obligación de retribuir el verdadero permiso parental que establece la UE. Un engaño de manual, un "todo en uno" normativo, con el que se pretende cumplir dos objetivos con una sola medida y sin coste político ni económico, denuncian. Sin embargo, los agentes se niegan a quedarse callados ante "esta burla institucional".

Pero no es el único aspecto a tener en cuenta, ya que ese decreto es discriminatorio. El Gobierno establece que solo podrán beneficiarse de los nuevos permisos quienes tengan hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024, fecha impuesta por la Unión Europea como límite para implementar los cambios. Esto deja a miles de progenitores fuera de cualquier mejora, aunque cumplieran todos los requisitos exigidos. Una exclusión, a su juicio, arbitraria, injusta y probablemente inconstitucional.

Asimismo, el decreto establece que los nuevos permisos no podrán disfrutarse hasta el 1 de enero de 2026, sin aclarar si será posible solicitarlos con carácter retroactivo. Un sinsentido jurídico que, en la práctica, podría dejar en el limbo a muchas familias que durante ese periodo cumplan las condiciones, pero no puedan acogerse a la norma por motivos burocráticos.

Acciones legales en España y Europa

Por todo ello, desde JUPOL exigen al Gobierno que deje de jugar con los derechos de los trabajadores públicos y que cumpla de forma efectiva con la legislación europea. En concreto, demandan el reconocimiento inmediato y efectivo del permiso parental retribuido de 8 semanas, como exige la Directiva (UE) 2019/1158, la dotación presupuestaria necesaria para su retribución, con carácter retroactivo, conforme a lo dictado por diversas resoluciones judiciales.

Además, solicitan la ampliación del ámbito de aplicación de las nuevas medidas a todos los progenitores que cumplieran con los requisitos desde antes del 2 de agosto de 2024, la clarificación inmediata sobre la retroactividad de los nuevos permisos y su aplicabilidad efectiva antes de 2026 y que se garantice el principio de igualdad y no discriminación para todos los agentes de la Policía Nacional, sin excepciones ni exclusiones arbitrarias.

En definitiva, desde este sindicato ya están estudiando qué medidas tomar por la vía jurídica para denunciar esta situación, solicitando todos los informes necesarios para valorar si se ha vulnerado el derecho a la conciliación de los agentes y preparando posibles acciones ante la jurisdicción nacional y europea.