Policías nacionales piden una regulación legal de los Dispositivos de Grabación Unipersonal (DGU)

Policías nacionales se han dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y al Defensor del Pueblo, además de al ministro del Interior, para que se reformen y armonicen las leyes que regulan los Dispositivos de Grabación Unipersonal (DGU). Se solicita que se redacte un protocolo de uso de su uso garantizando la seguridad jurídica de los policías.

Mantiene el SUP que la actual normativa “dificulta la adhesión de los DGU de forma permanente, dada las trabas legales existentes, que someten a los agentes por toda una cadena burocrática de autorizaciones y limitaciones que impide su uso efectivo en la labor diaria de los Policías sin que puedan ser sancionados por su utilización”.

Asimismo, piden que un esfuerzo presupuestario en esta materia con el objeto de que se proceda mediante licitación a la adquisición de estas cámaras corporales DGU para que los agentes utilicen este material de dotación que actúe como notario de sus actuaciones y les evite situaciones incómodas fruto de denuncias malintencionadas.

“El avance exponencial de la inteligencia artificial y las tecnologías nos obliga a adaptarnos para mejorar el servicio público.

No son pocas las sentencias de nuestros tribunales de justicia justificando que un ciudadano puede grabar a un policía “para evitar un posible abuso policial, limitando eso sí, que esas imágenes se pongan únicamente a disposición judicial, sin subirlas a redes sociales u otros medios de difusión pública, pues ello expone a los agentes a una exposición mediática que vulnera su derecho a su propia imagen o su seguridad”.

Con la actual normativa, puede ocurrir “de forma paradójica, que un policía que graba motu proprio una intervención policial y ponga esas imágenes a disposición judicial, sirviendo éstas a la postre al juez para resolver el asunto, se vea sometido a una sanción conforme a su régimen disciplinario policial por no haber seguido el cauce inflexible al que someten las grabaciones policiales. O peor aún, que un agente se enfrente a una denuncia falsa y por ende, a un calvario judicial, ya que las imágenes que fueron grabadas por ellos mismos sean impugnadas por la acusación gracias a este marco normativo burocrático enrevesado”.

“El SUP propone una reformulación de la normativa actual, eliminando trabas burocráticas y estableciendo un protocolo claro para el uso de los DGU en cualquier tipo de intervención policial sin limitaciones, como, por ejemplo, las que obligan a que exista “un peligro concreto”, pues no pocas intervenciones policiales comienzan sin ser peligrosas y terminan con un resultado de muerte. O también eliminar la obligación de que sea el delegado del Gobierno o el responsable operativo de las FCSE quien autorice el uso de las grabaciones móviles”.