¿Por qué la trama de los ERE es delincuencia organizada?

Que el denominado «caso de los ERE» es un fraude cometido durante una década –de 2001 a 2010- es de sobra conocido. Como también lo es que el número de imputados aumenta semana a semana. Empresarios, sindicalistas, políticos vinculados al PSOE, testaferros... Pasan los días y la jueza Alaya continúa descubriendo nuevas ramificaciones en un entramado que ha tenido más de 120 imputados en algún momento de la investigación. Una red extensa y un modus operandi complejo. Pero, ¿hasta el punto de poder calificarse de delincuencia organizada? Pues sí, a la vista de los argumentos que expone la Fiscalía en su instrucción. Así, el Ministerio Público «considera que existe delincuencia organizada» debido a que se encuentran presentes cuatro elementos en el entramado: pluralidad de personas; estructuración establecida normalmente mediante la existencia de una jerarquía y de una división funcional; vocación de cierta permanencia temporal, y actuación concertada.

«La pluralidad de personas en los hechos que nos ocupan es palmario», razonan los fiscales. «El requisito –añaden– de pluralidad no sólo se ha producido en las personas físicas, sino también en las jurídicas». No en vano, a la cantidad de imputados, hay que añadirle la no menos extensa red de empresas utilizadas. Desde Vitalia a Uniter, pasando por Estudios Jurídicos Villasis, por citar algunas, que la Fiscalía señala como relevantes a la hora de desarrollar la presunta actividad delictiva.

Es el segundo punto, la compleja estructura jerárquica, la que más explicaciones necesita por parte del Ministerio Público. En un nivel superior al resto de imputados se sitúa al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, del que depende «la financiación del sistema irregular y en gran medida su mantenimiento». Subordinados a Guerrero están José González Mata, como responsable de la trama Uniter, y Antonio Albarracín, como responsable de Vitalia. Ambos «recibirían cometidos del propio Guerrero», tales como la inclusión de intrusos o el pago cruzado de pólizas y sus sociedades son «esenciales» en el blanqueo de capitales, ya que «perciben las sobrecomisiones y las redirigen al resto de personas implicadas».

«La vocación de permanencia temporal se desvela por sí sola» y para reflejarlo de un modo breve «únicamente hay que hacer referencia al periodo de investigación y a los actores intervinientes durante este tiempo, pudiéndose otorgar el calificativo de "perennes"», esgrime la Fiscalía. Tanto es así, que el paso del tiempo ha propiciado «distintos cambios en la conformación de la organización criminal, tendentes en muchos casos en perfeccionarlo». Por último, sin una actuación concertada, todo el sistema habría sido imposible. Primero, porque el objetivo de todos los imputados no es otros que «el beneficio económico». Es más, para la consecución de ese fin, sostiene la Fiscalía, «comprometen sus empresas y capacidades dentro de la Administración, concertando todo y a todos para hacer posible que fondos públicos –en forma de sobrecomisiones– logren salir de la tesorería de la Administración, pese a las medidas preventivas, y se repartan entre determinado número de personas».