¿Por qué no prohibir también la agricultura?

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha prohibido –de manera cautelar, dice– la caza, el ejercicio total de tal actividad primaria. De hecho, la primera de la humanidad y origen de su avance inicial hacia la civilización, en toda aquella comunidad, para toda su población y para cualquiera que quiera practicarla allí. Una sentencia inaudita que ataca y lesiona en su sustento, ocupación, anclaje en el territorio, riqueza y bienestar, vida en suma, a la colectividad humana y le permite mantenerse en un territorio.

Contra toda una Comunidad Autónoma en su totalidad, contra todo un territorio, que supone el 25% de la superficie total de España y que afecta a nueve provincias, centenares de pueblos y decenas y decenas de miles de personas sobre los que cae esa pena, ese castigo y esa imposición. Es algo de tal y tamaña insensatez, que va más allá de lo que al colectivo afecta y a todo lo relacionado con él, sin tener en cuenta el daño que se inflige a todo un sector, el rural, ya de por si maltratado. Porque esto es mucho más grave. Es una aberración jurídica absoluta pues supone castigar a todos para presuntamente corregir una falta de algunos. El origen es, según su sentencia, el corregir al gobierno regional una ley de vedas que consideran defectuosa. La conclusión no puede ser más delirante. El imponer un castigo a todos los que ejercen esa actividad, a quienes de ella viven, a quienes en ella encuentran trabajo, a gentes, pueblos, territorios y a todo lo que por delante se ponga.

Pero entonces y siguiendo esa misma regla de tres ¿Por qué no prohibir la agricultura? ¿O la ganadería? ¿O la recogida de las cosechas? ¿O la silvicultura? ¿O la producción de energía electrica? ¿O la fabricación de automóviles? Pues jurídicamente es exactamente lo mismo. Sin pretexto de corregir un fallo, causar un daño inmenso e irreparable a todo un conjunto de seres humanos, a una colectividad entera que de eso depende.

La juez responsable de esta sentencia es de sobra conocida por sus anteriores y reiteradas decisiones, en las que aprovecha cualquier reclamación del talibanismo animalista para imponer sentencias contrarias a la actividad cinegética. Pero en esta ocasión, se han traspasado ya todos los límites y hay que volver a ponerlos en su lugar, situarlos en el sitio preciso donde en un estado de derecho deben estar y que algunas señorías como estas parecen haber olvidado. Lo más inmediato es, ya no solo recurrir a un tribunal superior, sino proceder, dentro de la ley, a buscar la formula de encausar a quienes con tal insensatez han actuado y tanto daño pueden hacer a toda una población. Porque es hora ya de que estas y algunas decisiones judiciales tengan, a su vez, respuesta contenciosa contra quienes las ejecutan. No solo los cazadores, sino el propio Gobierno Regional, como representante legítimo y democrático de la ciudadanía agredida y afectada en su libertad y derechos. Éste debiera comenzar a estudiar los modos y formas, primero de restaurarlos, pero a la vez buscar y plantear una fórmula que permita ejercer una acción jurídica contra ese tribunal. Puede que en el voto particular expresado por uno de los magistrados que se opuso a la extravagante sentencia, pero de gravísimas consecuencias, estén los argumentos a emplear. ¿O es que acaso por el hecho de ser jueces pueden unas personas causar, con total impunidad, un daño global y indiscriminado a todo un colectivo y a toda una comunidad?