Portazo de la Audiencia Nacional al extinto PDeCAT: irá a juicio por la "trama del 3%"

El PDeCAT no se libra de ir a juicio pese a haberse extinguido como formación política. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado su petición ser apartado del procedimiento en el tres estesorerso de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) -Germá Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca-, y CDC y PDeCAT como personas jurídicas deberán sentarse en el banquillo por la supuesta financiación de Convergencia mediante el amaño de adjudicaciones públicas, la conocida como "trama del 3%" por el porcentaje que exigían a los empresarios en concepto de donaciones (a las fundaciones convergentes Catdem y Fundació Fórum Barcelona) como "mordida" para nutrir las arcas de la formación nacionalista.

La representación jurídica del PDeCAT pidió el archivo, y la extinción de su responsabilidad civil y penal en esta causa, después de que el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona acordase la extinción de dicha formación como persona jurídica.

Pero el tribunal se remite en su negativa a una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 en la que precisa que aunque la extinción de una sociedad conlleva la pérdida de su responsabilidad jurídica, "en cuanto que no puede operar en el mercado como tal", sí conserva esta personalidad "respecto de reclamaciones pendientes" que deberían haber formado parte de las operaciones de liquidación. Solo a estos efectos relacionados con la liquidación de la sociedad, matizaba entonces la Sala, "sigue teniendo personalidad y por ello capacidad para ser demandada".

Pendientes de juicio

Para la Audiencia Nacional, una interpretación coherente de esta resolución avala que este caso "pueda mantenerse la capacidad para ser parte del extinto PDeCAT y que se reconozca la legitimidad de su administración concursal para seguir actuando por medio de su representación procesal a efectos de que la sociedad pueda ser defendida en el acto del juicio".

En noviembre de 2022, el juez Santiago Pedraz acordó la apertura de juicio oral respecto una treintena de personas -entre ellas los tesoreros aludidos además de políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña- y de dieciséis empresas por formar parte supuestamente de esa supuesta operativa de financiación irregular.

La investigación señala que altos cargos de CDC, en connivencia con responsables públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas catalanas y con distintos empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político de forma supuestamente ilegal. Entre las sociedades procesadas figuran TeyCo, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras y Copisa.

El montante total de licitaciones que habrían estado condicionadas por el pago de donaciones a las fundaciones afines a CDC suma 218 millones de euros y el de las adjudicaciones y modificaciones de proyectos bajo sospecha asciende a 175 millones, a las que se vinculan donaciones irregulares por más de un millón de euros.

En lo más alto de la organización la instrucción sitúa a Gordó, Osácar y Viloca, quienes habrían llevado a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes administraciones del ámbito territorial catalán, todas bajo la esfera de poder de CDC (ayuntamientos, diputaciones u organismos dependientes de la propia Generalitat), y habrían influido en sus responsables a fin de conseguir que fueran adjudicadas a las empresas que se avenían a esas donaciones.