Portugal condena al miembro de Resistencia Galega detenido cuando huía a Venezuela

Un tribunal portugués condena al miembro de Resistencia Galega Héctor José Naya Gil a un año de prisión suspendida por usar un pasaporte venezolano falso cuando embarcaba a Caracas desde el aeropuerto de Oporto Sá Carneiro.

Un tribunal portugués condenó hoy al miembro de Resistencia Galega Héctor José Naya Gil a un año de prisión suspendida por usar un pasaporte venezolano falso cuando embarcaba a Caracas desde el aeropuerto de Oporto Sá Carneiro, informa Efe.

El tribunal de primera instancia de Maia, en las afueras de Oporto, consideró agravante los antecedentes de Naya, pues está condenado a siete años de cárcel por actos terroristas, pero vio como atenuante la confesión del acusado, que fue detenido en Oporto ayer.

Después de pronunciarse este tribunal, el miembro de Resistencia Galega, de 33 años, aguardará el veredicto del Tribunal de Relación, de segunda instancia, que debe tratar la petición de extradición solicitada por las autoridades españolas.

Naya Gil, condenado en España a siete años de cárcel por pertenencia a la organización terrorista Resistencia Galega (Resistencia Gallega), había recurrido la sentencia y estaba en situación de libertad transitoria, que aprovechó para desaparecer cuando fue confirmada de nuevo la pena.

De acuerdo con la versión del Gobierno español, el miembro de Resistencia Galega quiso salir de Portugal con documentación falsa con destino a Venezuela, aunque fue interceptado por los agentes lusos, en colaboración con las autoridades españolas.

El pasado abril, el Tribunal Supremo confirmó a Resistencia Galega como grupo terrorista, durante un proceso en el que fueron condenadas cuatro personas.

Durante una visita a Lisboa en febrero pasado, el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, alertó de que este grupo pretende instalar una base en el norte de Portugal, zona colindante con Galicia.

Resistencia Galega, fundada en 2005, ha perpetrado más de treinta atentados a instituciones, oficinas bancarias, empresas y sedes de partidos políticos y sindicatos, por los que una veintena de activistas han sido detenidos y casi una decena están en la cárcel.

Una de sus últimas acciones fue una explosión registrada en la Casa Consistorial del municipio lucense de Baralla, que afectó a algunas viviendas adyacentes.