PP y Cs gestionarán «a la andaluza» el órdago de Vox

Ni el PP puede aceptar las exigencias sobre LGTBI y políticas de igualdad sin romperse internamente.

Vox ha decidido jugar «a la andaluza» en Madrid y en Murcia pese a que después de la negociación del acuerdo de investidura del Gobierno que preside el popular Juan Manuel Moreno renegaron de su estrategia porque no habían conseguido sus objetivos. Está por ver si la partida acaba igual que entonces, con una salida facilitada por PP y Ciudadanos (Cs) para que disfracen que sus principales banderas se quedan fuera de los pactos de investidura pendientes de ser cerrados. O si por el contrario es Ciudadanos, principalmente, el que disfraza que tiene que hacer alguna cesión.

Ahora bien, ni siquiera el PP puede asumir, sin romperse internamente, algunas de las condiciones que vuelve a colocar encima de la mesa Vox en relación a las leyes de igualdad o la política en inmigración. Y eso a pesar de que en esto último el PP reivindique como suya la bandera de la lucha contra la inmigración ilegal y apele a la gestión de gobierno, que no tienen los de Santiago Abascal, para sacar pecho de su firmeza.

PP y Ciudadanos también confirmaron ayer que van a intentar gestionar a la andaluza el último puñetazo en la mesa de Vox. En la negociación para construir una alternativa al PSOE de Susana Díaz Vox hizo un movimiento muy parecido al de ayer al irrumpir en el proceso final del diálogo con un documento programático inasumible para los dos partidos. El PP se fajó, como lo va a hacer ahora de nuevo, para buscar un punto de encuentro que permitiese salvar la cara a los de Vox a pesar de no haber conseguido imponer ninguna de sus exigencias más polémicas. ¿Aceptarán ahora la misma salida? Pues ésta es la pregunta que se hacen en el PP y en Ciudadanos.

Los populares tienen una posición más cómoda para manejarse en un escenario cada vez más enredado y en el que la confianza entre las partes está más rota. Apuntalan su confianza en que, pese a todo, habrá pacto al final, al llegarse al extremo, ni Albert Rivera ni Santiago Abascal tienen otra alternativa que dar una salida para que se pueda «vender» que hay algún tipo de consenso que frena el Gobierno de izquierdas. «Más tarde o más temprano, en política todo acaba siendo posible».

En cualquier caso, es un hecho que las relaciones entre las tres partes son malas, y no es sólo una puesta en escena. Del negociador de Vox, Iván Espinosa, se escucha decir que ha elevado la apuesta porque «no ha conseguido una consejería para su mujer», la líder madrileña del partido, Rocío Monasterio. Una señal de cómo vuelan los «cuchillos».

Pero es cierto que los cambios de criterio de Vox dan aire a esta crítica. Primero situaron como línea roja el programa; luego, ocupar puestos de gobierno y cargos de manera proporcional a sus escaños, y en la negociación se habló del reparto de entes públicos, los «chiringuitos» que dijeron y dicen que tienen que ser eliminados; y ahora vuelven a hablar de firmar un programa conjunto con Ciudadanos y que se cumpla, aunque ya no haya la foto a tres que querían.

Vox exige consejerías de Familia y Natalidad, reformar leyes autonómicas que defienden derechos del colectivo homosexual, repatriación de los «mena», inmigrantes menores de edad, y endurecer el control de la «inmigración ilegal», además de suprimir «la ayuda a los inmigrantes ilegales y a aquellas asociaciones que promueven la financiación ilegal».

En relación al coletivo LGTBI, la candidata popular señaló ayer que «no se van a dar pasos atrás en cuestiones en las que se ha avanzado, como la defensa de los derechos de todos, la no discriminación por cuestiones de identidad u orientación o la lucha contra el acoso en las aulas a los alumnos por estas cuestiones».

Díaz Ayuso pidió, asimismo, que «no se pongan líneas rojas con cuestiones que están fuera del ámbito competencial autonómico», por la inmigración. En el PP sí ven asumibles otras partes del documento de Vox porque son «señas de identidad de la gestión del PP en la Comunidad de Madrid» como la bajada de impuestos, la libertad de los padres para elegir el tipo de eduación de sus hijos o la apuesta por una Administración eficiente y austera.