PP y PSOE no se vetarán nombres para renovar el CGPJ

La filtración de Manuel Marchena como posible presidente «quema» su candidatura.

El próximo lunes finaliza el plazo para que los partidos políticos presenten sus candidatos a nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato actual vence el próximo 4 de diciembre. En el Senado, ese plazo se ha ampliado hasta el día 18. Partido Popular y PSOE se van a «repartir» de hecho el número de vocales: 10 cada uno de ellos, aunque los socialistas tendrán que ceder algunos a Podemos e incluso a algún representante de partidos nacionalistas. Las negociaciones, llevadas en estos momentos por Rafael Catalá y Dolores Delgado, ex ministro y actual responsable de Justicia, respectivamente, están más que avanzadas, aunque, como recuerdan fuentes conocedoras de la negociación, «después deberá ser ratificado por los escalafones superiores».

De esta forma, si todo sigue su curso normal, el Congreso podrá proponer sus seis magistrados y cuatro juristas en un breve plazo, para, posteriormente, obtener el plácet de la Comisión de Justicia.

En cambio, los propuestos por la Cámara Alta se pueden retrasar más. En este sentido, fuentes jurídicas indicaron que esas designaciones irían ligadas a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que uno de sus aspectos más relevantes es la vuelta a la dedicación exclusiva de todos los consejeros, en vez de la situación actual, donde sólo siete tienen esa dedicación, mientras que el resto lo compagina con su trabajo profesional. Esta circunstancia podría provocar un retraso en las designaciones, aunque también está previsto que esos aspectos concretos de la reforma mencionada se debata ese mismo día.

De acuerdo con la actual ley, tres de los próximos vocales del CGPJ tienen que ser magistrados del Tribunal Supremo. Para esas tres plazas optan cuatro candidatos: José Antonio Montero, Inés María Huerta, Ángel Ramón Arozamena Laso y José María del Riego. Todos ellos forman parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Sin embargo, según señalaron a este periódico fuentes jurídicos, algunos de ellos podrían renunciar si deben abandonar durante al menos cinco años sus labores como magistrados del Supremo.

En total, hay una lista con los 51 candidatos seleccionados por las asociaciones y la carrera judicial para intentar ocupar esos doce asientos reservados a magistrados. PP y PSOE prorrogan en el Congreso el plazo para negociar la renovación del CGPJ. En esa lista figura Gema Espinosa, ex presidenta de la Escuela Judicial, magistrada de Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del instructor de la causa del «procés» en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, así como la ex diputada de Podemos y juez en Canarias Victoria Rosell y el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Se da por seguro que tanto Espinosa como Rosell serán seleccionadas para el nuevo Consejo, mientras que Andreu cuenta igualmente con muchas opciones para ello.

Pero, además, por el turno de juristas de reconocido prestigio puede entrar el controvertido magistrado José Ricardo de Prada, quien con su sentencia sobre la Gürtel propició la moción de censura contra Mariano Rajoy. De Prada había sido excluido toda vez que no cumplía el requisito de ser juez en activo, ya que se encontraba en excedencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya y no se le concedió el ingreso, por no estar acreditada la renuncia en dicho puesto. Sin embargo, ello no es óbice para que pueda ser designado vocal por el turno de jurista. Las fuentes consultadas dan por hecho su nombramiento y la «evidencia de que no habrá vetos en cuanto a los candidatos propuestos, porque si lo hubiese, ¿el PP lo iba a aceptar como vocal en el CGPJ después de que originó su caída del Gobierno?».

Donde, en cambio, las negociaciones siguen muy abiertas es en el candidato a presidente del Consejo, que el PP no quiere perder a ninguna costa, sobre todo porque tiene mayoría absoluta en el Senado. «Con 84 diputados que tiene el PSOE no puede permitir que tenga mayoría y domine a placer el Consejo; sí puede aceptar un 5 a 5 en el Congreso, pero nunca en el Senado, donde hay una diferencia sustancial».

El Partido Popular se inclinaba para presidente del CGPJ por Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo y quien presidirá el «procés». Un magistrado con un más que reconocido prestigio profesional, pero al que la filtración interesada ayer de su candidatura prácticamente le saca de las quinielas. Una mujer presidirá el próximo CGPJ.