Poder Judicial

La presidenta del TEDH avala que los tribunales intervengan ante los "bloqueos" políticos a los nombramientos judiciales

O'Leary asegura que "España se enfrenta a sus propios desafíos internos" y que la corte de Estrasburgo revisará con "serenidad" las condenas del "procés"

MADRID, 05/10/2023.- El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido (d) conversa con la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la irlandesa Siofra O'Leary (i) antes de su encuentro con Felipe VI este jueves en el Palacio de la Zarzuela. EFE/Zipi
la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la irlandesa Siofra O'Leary se reúne con Felipe VIZIPIAgencia EFE

La presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha asegurado en relación a la situación que padece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -en funciones desde hace casi cinco años por la falta de acuerdo entre PSOE y PP e imposibilitado por ley para cubrir las vacantes judiciales desde marzo de 2021- que "cuando se producen bloqueos a nivel político en relación con el nombramiento de jueces", los tribunales nacionales y europeos "pueden tener que intervenir en defensa tanto de la independencia judicial como del buen funcionamiento de un Estado democrático de Derecho".

Síofra O'Leary se ha pronunciado en estos términos en la sede del Tribunal Constitucional (TC), que hace solo unos días avaló con cuatro votos en contra la reforma legal que impulsó el Gobierno y que impide al Consejo realizar nombramientos mientras siga con el mandato caducado.

Durante su conferencia sobre la "contribución al espacio jurídico y desafíos actuales" del TEDH, la jurista irlandesa se ha mostrado más cauta sobre uno de los asuntos pendientes que tiene sobre la mesa el TEDH: la revisión de las condenas del "procés" tras los recursos presentados por los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo, que alegan la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.

O'Leary ha dejado claro al comienzo de su intervención que no iba a adoptar posición alguna sobre "casos pendientes o posibles casos futuros" que han llegado a la corte europea que -ha recalcado- "se van a resolver en la serenidad de la Sala de Deliberaciones en Estrasburgo".

Alerta de la "erosión y retroceso democrático"

La presidente del TEDH ha remarcado que "la fortaleza y estabilidad de nuestras instituciones es esencial para la preservación de nuestro modo de vida" y ha hecho hincapié en que, como el resto de estados miembros del Consejo de Europa, "además de las fuerzas centrífugas que nos afectan a todos en Europa, España se enfrenta a sus propios desafíos internos".

La magistrada, primera mujer al frente del TEDH en sus 64 años de historia, ha alertado de que "la erosión y el retroceso democrático" adoptan "formas muy diversas", desde la adopción de medidas "para socavar el poder judicial, amordazar a la prensa, sofocar el pluralismo político" hasta las encaminadas a "prescindir de los controles y equilibrios institucionales", a la "eliminación de la competencia política o a hacer "la vista gorda ante la corrupción".

Recursos en cadena

Con la ley de amnistía sobrevolando la situación procesal de los líderes del "proces", el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) debe determinar si, como mantienen los condenados, la causa y la posterior sentencia adolecieron de "falta de imparcialidad", lo que habría ocasionado -mantienen- la vulneración de sus derechos fundamentales.

España dispone de plazo hasta el próximo 12 de enero para plantear sus alegaciones a los recursos que presentaron Oriol Junqueras y los también exintegrantes del Gobierno de Carles Puigdemont Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, así como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los ex máximos responsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Los líderes del "procés" sostienen que se han vulnerado, entre otros, sus derechos a la libertad de expresión y reunión, a un juicio justo, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.