Hazte Oír presentará este martes una denuncia contra Leire Díez Castro, la 'fontanera' del PSOE que intentó obtener información que comprometiese al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, a través de un empresario imputado por un fraude millones en el sector de los hidrocarburos, tal y como desveló "El Confidencial".

Según ha podido confirmar LA RAZÓN de fuentes jurídicas, la asociación interpondrá una acción penal en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla para tratar de que se investiguen los posibles delitos en que habría incurrido Díez con estas maniobras.

Esta mujer, estrechamente vinculada a la secretaría de organización de Ferraz, habría impulsado un operativo para intentar desacreditar a la Policía Judicial de la Benemérita, que investiga al entorno familiar de Pedro Sánchez (a Begoña Gómez y su hermano David), a antiguos miembros de su Gobierno (José Luis Ábalos) y de su partido (Koldo García), como publica hoy este diario.

A la entidad se ha sumado, poco después, Iustitia Europa, que ya ha presentado ante la Justicia madrileña una denuncia en la que reclama que se indague en "la existencia de una operación coordinada desde el entorno del poder político para manipular, desacreditar o interferir en la actuación" tanto de la Fiscalía como de la UCO.

Apoyándose en las informaciones publicadas en varios medios, entre ellos LA RAZÓN, desde el partido político instan al juzgado al que caiga por reparto su acción legal -en el caso de que la admita- que recabe los audios en que se ve a Díez (junto al abogado Jacobo Teijelo y a Javier Pérez Dolset) planteando al empresario Alejandro Hamlyn un acuerdo beneficioso con el Ministerio Fiscal a cambio de que él les facilitase datos para usar contra el teniente coronel Balas.

En todo ello, Iustitia ve la posible existencia de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, encubrimiento, obstrucción a la Justicia, cohecho y hasta organización criminal.

Tanto Hazte Oír como la formación del letrado Luis María Pardo son parte de la acusación popular en el "caso Koldo", la causa contra la mujer del presidente, el "caso David Sánchez" y la causa contra el fiscal general del Estado por la presunta filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso.